Cuatro gazapos

Por José Obdulio Gaviria

¿Será permitido cazar gazapos al presidente de la Corte y al "periodista del año"? ¿O eso me lo incluirán en la calificación de 'complot para desprestigiar' a la justicia?

En el 'gobierno de los jueces' y del 'cuarto poder', no nos queda a los díscolos más que hablar y luego acurrucarnos, a ver si los varillazos judiciales, en forma de autos, y el vituperio del "mejor periodista del año" nos pasan por encimita.

En Radio Caracol, Jaime Arrubla, presidente de la Corte, dijo desde Santa Marta (bello sitio del mar en donde se realizan alegres seminarios académicos), que la Constitución colombiana es muy joven y que no es tiempo de convocar Constituyentes, dizque porque son para "transformar toda su estructura". "La Constitución norteamericana es viejísima y tiene veinte enmiendas; es de 1776, redactada por Franklin", remató.

¡Cuatro gazapos junticos; grandes como una catedral, y el mejor periodista de Colombia ni se enteró! Fue aprobada en 1787 y rigió en 1789, cuando nueve Estados, de los trece, la adoptaron. De 1776 es la Declaración de Independencia. Ahí sí metió la mano Franklin (con Jefferson y Adams) y se nota. En mi opinión, en belleza y sabiduría, sólo la supera el Sermón de la Montaña.

"El último discurso a la Convención", pronunciado por Franklin, es la apoteosis de la tolerancia y el sentido común. Pero el cerebro, el redactor, el gran componedor entre las tendencias de la Convención, fue James Madison. Acertaron Wilkie y Moseley al nombrar la biografía novelada del gran jurista, así: Madison, El Padre de la Constitución norteamericana.

Van veinte enmiendas, dijo Arrubla. ¡No! Fue el segundo gazapo. Y el "mejor periodista" ni se 'mosquió'. ¡Veintisiete!, seamos precisos. Luego pontificó: si una Constitución es joven no se debe cambiar, como en el caso norteamericano. ¡Gazapo!: las enmiendas no dependen de la juventud de un texto, sino de la necesidad y conveniencia. Los norteamericanos aprobaron las primeras diez enmiendas en 1791 (la Carta ni llevaba dos años de vigencia).

Muchos elementos explican la permanencia y solidez de las instituciones norteamericanas. Bolívar ensayó, en el Discurso de Angostura, este: "Cuanto más admiro (la Constitución Federal), tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación (en Venezuela). Según mi modo de ver, es un prodigio que su modelo (USA) subsista tan prósperamente (...) Aunque este pueblo es único en la historia del género humano, es un prodigio, repito, que un sistema tan débil y complicado (el federal) haya podido regirlo".
Algo que explicaría la relativa inmutabilidad de la Constitución Federal norteamericana es que las que han sufrido cambios numerosos y constantes son las Constituciones y leyes de los Estados.

El cuarto gazapo fue sobre el carácter de una Asamblea Constituyente en el actual título XIII de nuestra Carta. ¡No! No es como dice Arrubla, "para transformar toda su estructura. Es un cheque en blanco que no sabe uno dónde va a comenzar y dónde va a terminar".

El artículo 376 dice que "Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine (...). A partir de la elección, quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones".

La Constituyente es hoy un mecanismo ordinario de reforma. No confundirlo con lo de 1990. Y es mejor que no se conjeture ni suelten suspicacias. La Corte bloqueó al Estado y eso hay que resolverlo. Yo, modestamente, propongo releer a Loewenstein.

¡La Justicia perdió el año!

El Colombiano, Medellin.

16 de octubre de 2010

La justicia en Colombia es ineficiente. Y no porque lo digan los críticos de la Rama Judicial y de las Altas Cortes sino porque así lo concluye el informe sobre el Índice del Estado de Derecho 2010, presentado en Washington por el grupo World Justice Project, estudio en el que se analizan los aciertos y errores en la administración de justicia en 35 países, incluyendo siete de América Latina. Colombia recibe una baja calificación ya que obtuvo el puesto número 31, ocupando Suecia el primer lugar en eficiencia judicial, uno de los diez aspectos analizados.

Preocupa de manera especial la inoperancia del sistema penal colombiano puesto que figura entre los menos eficaces de América Latina, dadas las graves fallas que presenta la investigación criminal. Es tal la impunidad en Colombia que en el año 2009 tan sólo el cuatro por ciento de los casos por robo recibió castigo, frente al promedio del 12 por ciento del resto de los países.

Llama también la atención la percepción de la gente en el tema de la corrupción, ya que nuestro país se ubicó en el lugar 22 entre los mismos 35. Pero sorprende aún más que el 60 por ciento de las 1000 personas consultadas en Bogotá, Medellín y Cali, durante el desarrollo del informe en septiembre del año pasado, crean que los medios de comunicación no están en libertad de cuestionar las acciones y políticas del Gobierno.

Estas percepciones ciudadanas, aunadas a la propia del Gobierno colombiano, hacen cada vez más urgente la aprobación de una reforma judicial estructural que permita una justicia pronta y efectiva para todos. Ya los diagnósticos están dados, y varios estudios, nacionales e internacionales, la recomiendan. Entonces, ¿por qué no aprobarla cuanto antes?

Si bien es plausible el deseo del Presidente Juan Manuel Santos de llegar a un acuerdo con las Altas Cortes para lograr un texto único de la reforma, no vemos viable este camino. Es claro que el Consejo Superior de la Judicatura no está dispuesto a acoger la iniciativa del Ejecutivo de suprimirlo para reemplazarlo por un Consejo Superior Judicial. Además, son evidentes las múltiples discrepancias entre los Altos Organismos judiciales sobre la regulación de la tutela y el llamado choque de trenes, por lo que no parece factible un rápido acuerdo entre ellos.

Y mientras tanto Colombia es catalogada por sus mismos ciudadanos y por organismos internacionales, como uno de los países del mundo con mayor ineficiencia en su administración de justicia. Pero cómo no serlo, si la misma Corte Suprema da muestras irrefutables de morosidad. ¿Cuánto lleva con Presidente encargado? ¿Por qué no ha nombrado al magistrado de la Sala Laboral? Y ni qué decir de su nula efectividad para elegir al Fiscal General de la Nación. ¡Una vergüenza en la historia judicial!

Sin embargo, reiteramos que la reforma no sólo debe referirse a la estructura, funciones y periodos de la cúpula de la Rama judicial, sino a lo que los colombianos demandan con urgencia: una justicia fuerte, eficaz, que combata la congestión judicial, que luche contra la violencia y la impunidad, y que tenga los recursos humanos, técnicos y presupuestales suficientes. Creemos que el Gobierno, con acuerdo o sin acuerdo con las Altas Cortes, tiene que impulsar esta reforma judicial estructural ante el Congreso. ¡Es hora de que la Justicia colombiana alcance buenas notas!

Al magistrado Arrubla

Por Salud Hernández-Mora

No acudí a la conciliación de la demanda de injuria y calumnia que usted me puso (después lo dejó en injuria), por algo sencillo: no recibí la convocatoria. Conocí por la radio, hace unas semanas, que me había demandado, igual que supe de mi ausencia a dicha audiencia por la página de Internet de una emisora, estando yo en Quito. No me quejo, son muchos los colombianos que se enteran de sus problemas con la Justicia por los medios de comunicación porque la filtración para generar espectáculo se ha vuelto la norma.

Es la novena demanda que afronto y en todas las anteriores me llegó perfecto la citación, como le expliqué el viernes a la Fiscal encargada. Fui a cada conciliación, incluso a la que convocaron por la demanda que por injuria y calumnia presentó contra mí el jefe paramilitar de Sucre, hoy fallecido, alias 'Cadena'. Pude haberme evitado esa vuelta ya que entonces ese criminal, iracundo porque lo llamé criminal, era prófugo de la Justicia; como era obvio, no llegaría.

Y no le cuento las veces que me convocó el fiscal que llevaba la demanda, por el mismo delito, del ex gobernador Hernando Molina, hoy condenado por 'parapolítica' y entonces un dirigente que pretendía que yo rectificara porque escribí que contaba con el apoyo de 'Jorge 40'. Advertí desde el primer momento que no cambiaría mi versión, pese a lo cual nunca falté a las citas.

En las ocasiones en que no pude estar presente, siempre me excusé. Por tanto, contrario a lo que alega, yo sí respeto la Justicia, la misma que algunos de sus miembros denigran con su comportamiento.

Usted me lleva a los tribunales porque escribí que cantó en las veladas que organizaba Giorgio Sale para los magistrados. No entiendo su empecinamiento en seguir con este procedimiento judicial que le hace perder el tiempo a la institución. Usted estuvo en las catas a las que invitaba y pagaba quien entonces era solo un empresario italiano. Fue después que conocimos su actividad narcotraficante. Por tanto, no era un delito compartir con él y eso jamás lo afirmé. Mi tesis, que sostuve desde antes de aparecer el famoso paseo a Neiva, es que los magistrados de las altas cortes no deben dejarse manosear por nadie. Aceptar que les paguen comidas y viajes personajes de toda índole es, a mi juicio, aparte de una torpeza, una inmoralidad. Y lo sigo pensando.

Sé que tengo perdida la batalla porque a ustedes les perdonan sus pecados por haber enjuiciado a los 'parapolíticos'. Pero ni siquiera eso merece un reconocimiento, aunque a mí también me parezca bueno. Actuaron, sí, pero tarde, cuando el país estaba regado de fosas. Y tampoco por propia iniciativa, sino por investigaciones periodísticas y porque la Ley de Justicia y Paz puso a declarar a decenas de jefes 'paracos'.

Aunque no lo crea, escribí lo que a usted ofende porque pienso que el poder judicial debería ser inmaculado y discreto. Y en los últimos tiempos los conflictos internos de la Corte han dejado sus inconsistencias al desnudo, incapaz de elegir a su presidente (usted es encargado), al Fiscal, de llenar sus vacantes; con varios de sus miembros viajando a la dictadura china (¿supieron del Nobel de Paz?) y otros haciendo un curso en Barcelona. Una creía que la Corte Suprema era la culminación de una carrera y no una estación más.

Dice usted que mi injuria es más grave que las chuzadas del DAS. En fin, como le creo una persona de bien, sé que su conciencia le dirá que no es bueno utilizar un cargo tan vital y las demandas para satisfacer ambiciones personales. Ya que el Gobierno acabó con la diplomacia del micrófono, deberían seguir su ejemplo y regresar al silencio de sus despachos, donde languidecen los procesos que de verdad importan a los colombianos.

Cancelan capturas contra cuatro presuntos integrantes de la red de alias 'Don Mario'

Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá había dejado sin piso jurídico la investigación contra estas personas, testigos clave en la investigación contra el ex director de Fiscalías de Medellín Guillermo Valencia Cossio por sus vínculos con narcoparamilitares. 

Por esta razón la Fiscalía decidió cancelar las órdenes de captura que pesaban contra Jhon Fredy Manco Torres, alias 'El Indio; Camilo Gómez Martínez, alias 'Fritanga'; Miguel Ángel Pérez Fermín y Diego Luis Torres. 

No obstante en los próximos días se deberá resolver una tutela interpuesta por el Ministerio Público contra la decisión de segunda instancia, y una vez sea resuelta, un fiscal de la Unaim volverá a presentar los elementos probatorios contra estas personas por la Ley 906 (nuevo sistema penal). 

El fundamento principal de la Fiscalía para anular la investigación contra los sindicados de narcotráfico, señalaba que, por la época de los acontecimientos, el proceso debió adelantarse a través del nuevo sistema penal acusatorio, que entró en vigencia en 2004, y no por el llamado sistema mixto. 

Alias 'El Indio' fue desvinculado del organigrama de la red criminal de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', presuntamente por ayuda de la Policía y la Fiscalía de Medellín, en cabeza del hermano del ex ministro Fabio Valencia Cossio, quien habría tenido nexos con Felipe Sierra, empresario antioqueño vinculado con el ex cabecilla paramilitar. 

La guerra jurídica

Por Enrique Gómez Hurtado

Dentro del campo abierto del concepto maoísta que afirma la necesidad de utilizar “todas las formas de lucha”, sin tener en cuenta ningún principio moral, ético o de interés para la sociedad, la utilización de la “guerra jurídica” se ha convertido, quizá, en el principal instrumento que hoy utiliza el narco-terrorismo subversivo.  Es hoy la “forma de lucha” principal. En un país en el que esté vigente el concepto de Estado de Derecho, la utilización deshonesta y tramposa de un poder judicial connivente con el delito y ampliamente contaminado por los muchos productos corruptores que genera hoy nuestro organismo social, está produciendo amplios resultados favorables a quienes tienen como tarea el derrumbamiento de la institucionalidad, para luego colocar en su remplazo la entelequia  de la revolución marxistoide, que necesariamente ha de fracasar y que aquí, como en tantos lugares, principia por crear el desorden necesario que se convierte en campo adecuado para el fortalecimiento del narcoterrorismo, siempre con disfraz político.

La seguridad democrática ya no tiene como principal adversario a los grupos armados, hoy gravemente quebrantados por la acción de las fuerzas armadas y el rechazo por parte de una ciudadanía que, gracias al esfuerzo de ellas, ha encontrado la libertad para manifestarlo. El enemigo más eficaz y peligroso lo vemos claramente instalado en los campos de batalla de la bien denominada “guerra jurídica”, en los que las fuerzas de la democracia están perdiendo la mayor parte de los encuentros, con el efecto profundamente desmoralizante de la sensación de desamparo y, en casos, de abierta hostilidad, que quienes están en el frente de la lucha sienten cuando se dan cuenta de que el Estado Institucional por el cual combaten, los ataca por la espalda, utilizando precisamente los instrumentos que, gracias a su heroico esfuerzo, aún conserva en su poder. No debemos perder de vista que el  poder judicial es uno de los tres componentes fundamentales del régimen democrático y, por lo tanto, si es utilizado como instrumento para destruirlo, la eficacia de estas acciones, que se generan dentro del Estado mismo, es inmensamente superior a lo que pueda lograrse atacándolo desde afuera.

Quienes adelantan esta tarea están colocados en los principales puestos estratégicos para lograr sus propósitos. Desde ellos provienen los aberrantes procesos adelantados contra el General Arias Cabrales, el Coronel Plazas y todas las flagrantes injusticias que pueden encontrarse la infame investigación de los hechos del Palacio de Justicia (la fiscal que las cometió ha sido “removida” del cargo, para que pueda aspirar a la Corte Suprema). También el proceso sobre el incidente de Santo Domingo, en el Meta, que sirvió de pretexto para inventar un “falso positivo” (¿genocidio?), completamente montado sobre pruebas y testimonios producidos en la “fabrica” de los mismos, que para el efecto operan los “colectivos” y demás adláteres que “combaten” en la guerra jurídica. En el infundio han sido implicados miembros de la Fuerza Aérea que no hicieron cosa distinta a cumplir con su deber. Y esto sólo a manera de ejemplo, porque el ataque es general y abierto y la connivencia de la justicia cada vez más amplia. Se ha logrado ensombrecer así la actividad militar con indudable eficacia inhibitoria para su acción.

Ya nos anuncia el tal “colectivo de abogados”, instrumento fundamental en esta campaña, la apertura de procesos contra altos funcionarios del Estado, empezando por el presidente Uribe. La improcedente denuncia es de presumir que será aceptada y con ello obtienen los conspiradores una noticia de carácter mundial, con altos efectos desestabilizadores. La amenaza es seria. Cuentan los demandantes, de antemano, con la colaboración de no pocos jueces y fiscales, con la facilidad adquirida para que se acepten toda clase de falsos testimonios y versiones de hechos que jamás sucedieron y cuantos elementos probatorios sea necesario inventar para lograr sus propósitos. Los procesos que se adelantan en torno a la compensación a las víctimas se han convertido en otro pingüe negocio de los empresarios de la guerra jurídica, por medio del cual obtienen las importantes sumas que se le extraen un Estado que no se sabe defender. La maquinaria montada por abogados y miembros del poder judicial carcome con grande eficacia las bases de la institucionalidad democrática y se financia y lucra con ello.

La tarea encaminada a fortalecer la subversión y debilitar la capacidad de reacción de las instituciones democráticas está logrando que las fuerzas armadas se encuentren enfrentadas a la gravísima perspectiva de que cualquier operación que lleven a cabo será convertida inmediatamente en un “falso positivo”, con las falsas denuncias necesarias, que requiere todo un proceso defensivo de efectos paralizantes, estimuladas en no pocas ocasiones por el aparato judicial connivente.

Se pretende, y parcialmente se está logrando, convencer a la opinión, sobre todo la internacional que no está en capacidad de juzgar, de que la acción de nuestras fuerzas armadas tiene motivos aviesamente criminales y que requieren prueba en contrario para demostrar su inocencia. Creada esa atmosfera, el trabajo destructivo de abogados y jueces se facilita grandemente. Lo estamos viendo en los últimos días: el narco-terrorismo ha incrementado notoriamente su acción violenta (¿notificación  al presidente Santos?) y cuenta de antemano con que no faltará un “colectivo” que cumpla con su encargo de judicializar de inmediato a quienes cometan la “arbitrariedad” de salir a defender a Colombia.

Hay 635 jueces investigados por otorgar liberaciones polémicas, pero aún no hay decisiones de fondo

El último escándalo por liberaciones polémicas ordenadas por los jueces de garantías llevó incluso a que el procurador Alejandro Ordóñez planteara que se decrete la Conmoción Interior, para ajustar las normas e impedir que el exceso de garantías termine jugando a favor de los delincuentes.

Mientras el Consejo Superior de la Judicatura notificaba públicamente a la jueza 11 de Garantías de Bogotá, Marleny Contreras, que será investigada por ordenar la libertad de 25 supuestos traficantes de armas, con el argumento de que las capturas se hicieron antes de las 6 a.m., Ordóñez señaló que hay "una situación casi sistemática que lacera la credibilidad del ordenamiento jurídico".

Aunque el Gobierno descartó de plano la Conmoción, sí anunció que buscará una reforma para que no haya necesidad de justificar los allanamientos entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. "Los delincuentes no paran sus actividades a las 6 de la tarde", cuestionó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.

Según la Judicatura, este año han recibido 12 mil denuncias por presuntas irregularidades en decisiones de jueces. De ese número, tan solo en 635 casos se han encontrado méritos para abrir investigaciones, pero en ninguno hay decisiones de fondo. Del total, 306 procesos son por beneficios a involucrados en delitos graves como narcotráfico y homicidios.

Que se investigue

El presidente Juan Manuel Santos pidió ayer desde Nueva York -donde se llevará a cabo la Asamblea General de la ONU- al Consejo Superior de la Judicatura que actúe "de forma clara, contundente y determinante" para aclarar qué fue lo que pasó.

Frente al caso, el fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago, reconoció que no se justificó adecuadamente en la audiencia el procedimiento y que la argumentación "fue parca y escasa". Además confirmó el relevo del fiscal que tenía el caso.

Según Mendoza, "lo cierto es que había evidencias de que los investigados podían escapar ante algún indicio sobre una captura. La ley dice que se debe suponer, no probar que puede haber fuga".

Aceptaron cargos seis de los diez miembros de la Fuerza Pública procesados

La Jueza 11 de Control de Garantías de Bogotá ordenó este miércoles, por solicitud de la Fiscalía, mantener la detención preventiva de 10 de los 34 presuntos integrantes la organización que vendía armas y munición a grupos al margen de la ley, entre ellos las Farc.

Seis de los diez detenidos aceptaron cargos en audiencia que terminó a las 2:00 de la mañana de este jueves.

El Fiscal Especializado de la Unidad Antiterrorismo, Miguel Olaya Cuervo, indicó que estas seis personas serían condenadas por los delitos de fabricación, porte y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y concierto para delinquir agravado.

En los próximos seis meses un juez de conocimiento dictaría la condena.

El mismo Fiscal también señaló que, en las interceptaciones realizadas durante la investigación, se pudo evidenciar que presuntamente el material bélico iba con destino al frente 36 de las Farc.

Por su parte, los cuatro procesados que no aceptaron, se les tendrá que radicar el escrito de acusación en los próximos 30 días y de esta manera continuar con las diligencias judiciales para iniciar su proceso de juicio oral.

La red era liderada por Luís Horacio López alias 'Gafas', quien se encargó de hacer los contactos con los miembros de la Fuerza Pública.

Sin embargo, 'Gafas', fue liberado el pasado martes junto con las otras 24 personas implicadas en el proceso puesto que los allanamientos en los que fueron capturados no cumplían con los requisitos legales.

Libre el coronel del Ejército implicado en tráfico de armas para las FARC

La juez 11 de garantías de Bogotá, dejó en libertad al coronel en retiro, Néstor Sánchez, quien era considerado el principal enlace entre los traficantes de armas para las Farc y algunos integrantes del Ejército.

En su decisión la funcionaria judicial consideró que el coronel no representa ningún peligro para sociedad.

La funcionaria judicial ordenó prisión para cinco suboficiales, dos policías y dos civiles, implicados en la red criminal.

En las próximas horas se expedirán las órdenes de captura contra las 25 personas que en una controvertida decisión de la misma juez, quedaron en libertad la semana pasada.

¿La justicia al servicio del terrorismo?

Por el Coronel Gustavo Laino Moreno

Las Fuerzas Armadas de Colombia, amanecieron el lunes aterrorizadas al conocer que varios de sus integrantes entre ellos un Coronel del Ejército en servicio activo, hacían parte de una presunta  red internacional de traficantes de armas y municiones, cuyo destino eran grupos terroristas que negociaban un promedio de un millón de dólares mensuales. La acción contundente del Ejército Nacional con apoyo del CTI, logró la captura del grupo de supuestos traficantes, empleando la sorpresa de la noche para adelantar los allanamientos y evitar su fuga, en una operación que se desarrolló en varias ciudades del país simultáneamente, y raudamente ante semejante éxito los puso a ordenes de la justicia civil.

Al Ejército Nacional le dolió que un oficial superior estuviera dentro de los aparentes traficantes, y ante la operación en curso, debió aceptar que en su política de no tolerancia al delito, su oficial capturado respondiera las sindicaciones ante juez competente. Hoy el juez de garantías deja en libertad a la mayoría de los indiciados con argumentos que solo causan zozobra y que anuncian investigaciones en su contra por contrarias a la ley.

No hay que ser abogado para entender la peligrosidad de los hechos y que la prudencia indicaba que el sitio adecuado para consignar los encartados era la cárcel, dándole la oportunidad a la Fiscalía de aportar sus argumentos  para establecer con recursos legales la responsabilidad de los capturados. El artículo 225 del Código de Procedimiento Penal, Reglas particulares para el diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento, en su numeral 1, es claro en ordenar el horario para realizar el procedimiento entre las 06:00 a.m. y las 06:00 p.m. salvo que por circunstancias particulares del caso, resulte razonable suponer que la única manera de evitar la fuga del indiciado o imputado, o la destrucción de los elementos materiales probatorios y evidencia física sea actuar durante la noche.

El juez de garantías no acepta aclaración tan evidente y decide dejar en libertad a una veintena de capturados ante la grave presunción de ser traficantes internacionales de armas y municiones, con destino a grupos terroristas, sin medir el daño que su acción delictiva ha causado a la sociedad colombiana.

Qué debemos pensar las personas de bien ante semejante actuación de un juez de la República? Qué garantías tienen los investigadores de la Fiscalía o instituciones como el Ejército Nacional para desgastarse en operaciones como ésta que llevaba en su detección más de un año de esfuerzos de inteligencia y contrainteligencia?

Parece que hubiera dentro  de los administradores de justicia enemigos  de la ciudadanía que aferrándose a argumentos disímiles o con argucias benefactoras de la delincuencia, actuaran solo para defender a los enemigos del país, pero ante cualquier oportunidad se ensañaran con quienes portamos el uniforme militar.

Hay que reformar la administración de justicia y rápido.

Dejan en libertad a 26 de los involucrados en tráfico de armas para las Farc

En libertad quedarán 26 de los integrantes de una presunta red de tráfico de armas en favor de las Farc capturados este lunes luego que un Juez con Funciones de Control de Garantías de Bogotá. El operador jurídico consideró que su ingreso a prisión en horas de la mañana de este lunes no estaba suficientemente justificada, y de ahí la determinación.

La Fiscalía, por su parte, apeló la determinación, al precisar que no había irregularidad alguna en el ingreso de los indiciados a centros de detención; será un Juez Penal con Funciones de Conocimiento de Bogotá el que evalúe la procedencia de la petición, que busca la revocatoria de la puesta en libertad de los sospechosos. Los restantes 8 detenidos, entre los que se cuentan algunos agentes de la fuerza pública, serán enviados a prisión luego de que este martes en la noche se legalizara su captura.

Los 34 detenidos fueron apresados por las autoridades, tras operativos adelantados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI (Seccional Cundinamarca), en acción conjunta con integrantes del Ejército Nacional. Luego del operativo, las autoridades confirmaron el desmantelamiento de la red, que se dedicaba a vender armas y material de guerra a insurgentes de las Farc. La directora del CTI, Marilú Méndez, indicó que el grupo consultaba a una ‘bruja’ para determinar si daban curso o no a cada uno de sus planes criminales que, según cifras iniciales, les significaban ingresos de hasta 100 millones de pesos por operación.

El poder ejecutivo paralizado de miedo ante el judicial

Por Yorick

Dice la noticia, que a RCN llegó copia del Acta de una sesión de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la elección de Fiscal General de la Nación. Consta en ese documento –afirma el periodista-, que algunos magistrados calificaron de engañosas y cínicas las actitudes de un grupo de sus colegas, al declarar, por mediación de su vocero, el presidente (e) de la Corte, que  el Fiscal sería escogido de la terna enviada por el entonces presidente Álvaro Uribe. En un país serio, estos actos indignos habrían sido denunciados, de inmediato, por los mismos colegas de los magistrados  engañosos y cínicos. De haberse producido tal denuncia en Colombia en vez de la filtración, los miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes habrían superado el miedo cerval que le tienen a los magistrados, y los habrían indagado.

Ayer, una distinguida amiga me hizo el siguiente comentario: “Si la suprema autoridad de la justicia, en loable actitud autocritica, concluyó que no actúa correctamente, que da mal ejemplo, de qué vale escandalizase por las cosas malas que hacen los jueces de inferior categoría?”

Los colombianos, en vez de entender el concepto de Justicia en el sentido positivo, universal y abstracto que le enseñamos a nuestros hijos, corren el riesgo de interpretarlo en el sentido negativo que los magistrados cuestionados por sus mismos colegas les están inculcando.

Los poderes públicos de mi país, en el mundo real, los veo así: el judicial prepotente. El ejecutivo y el legislativo, minusválidos, paralizados por el miedo. Nadie pensaría (salvo un orate) que,  dentro de las aberrantes circunstancias actuales, puedan concertarse reformas verdaderas. O por lo menos, equilibradas. Cuando un poder público no es capaz de auto-corregirse, es porque tampoco es capaz de concertar. Concertar supone generosidad, grandeza, equilibrio, ponderación y sensatez. Ausencia total de lo que abunda en una de las partes: vocación de poder. Sí. De esa misma vocación de poder que inspiró a Stalin y a Hitler en el siglo XX y a Fidel Castro y Hugo Chávez en el presente siglo, después de haber leído mal a Nietzsche.

Pero concertar equivale a no gobernar. Oír sugerencias, pedir información, etc., a los otros poderes es, incluso, conveniente. Pero ceder porcentajes de poder ejecutivo a otros poderes es dar un salto al vacío. Veamos un ejemplo de estas  cesiones inauditas de poder: el ministro del Interior y de Justicia les dijo a los magistrados de la Corte Suprema: “Díganos que quieren que hagamos para que elijan Fiscal y lo haremos. Elíjanlo de la terna que tienen, o pídanos que la cambiemos y la cambiaremos”.  Es como si las altas cortes, le dijeran al poder ejecutivo: díganos como quieren esta sentencia y así las dictaremos. O al poder legislativo. ¡Absurdo! Además, el documento contentivo de la terna es un acto administrativo. Y como tal está amparado por la presunción de legalidad. O sea  que para cambiar la terna, que la misma Corte reconoce como viable, habría que impugnar dicho acto ante la jurisdicción contencioso administrativa, donde, con certeza, no prosperaría acción alguna. La otra opción es que los ternados renuncien y no lo van a hacer. Luego el ministro no puede hablar por ellos, salvo que hubiera “concertado” sus renuncias. Como dijo alguien, groseramente, en la pasada campaña presidencial: cada lora en su estaca. Y yo agrego: que los jueces hablen en autos y sentencias como la ley se lo exige y que dejen gobernar al presidente y legislar al congreso.

Parece que algunos ministros confunden la colaboración armónica entre los poderes, con la concertación. Nada más equivocado. La colaboración armónica entre los poderes públicos excluye la concertación. Hay que leer bien a Montesquieu.

En nuestro medio, el poder dominante impone sus caprichos a los poderes más débiles. En desarrollo de esta tendencia, los jueces han invadido competencias propias del Congreso y del Ejecutivo. Porque a estos dos poderes no los consideran sus pares, sino sus rivales. Les interesa debilitarlos. Luego la colaboración armónica no hace parte de su agenda. En términos de poder, cada vez que se invade una jurisdicción o competencia, el poder invadido se debilita en la misma medida en que el poder invasor se fortalece. Pero ofrecerle a los magistrados  competencias del congreso y del poder ejecutivo, no equivale a dejarse invadir sino entregarse. Ampliarles sus períodos de 8 a 12 años y la edad de retiro de 65 a 70 es un premio que no parecen merecer los magistrados. Los cuestionamientos que entre ellos se hacen lo comprueban. La interinidad del fiscal, del presidente de la corporación y de otros dignatarios de la misma Corte, también.

Informan los medios que cuatro magistrados no podrán asistir a las reuniones de Sala Plena donde se elige al fiscal. ¿La razón? Estarán recibiendo unos cursos de capacitación. De ser cierta esta versión, el quórum se reduciría a 18 magistrados de los cuales 16 tendrían que votar por uno de los ternados para que pueda ser electo, lo cual es imposible. Luego sobran explicaciones. Un grupo de magistrados continuará dilatando la elección de fiscal. Y engañando cínicamente a Colombia, como lo expresaron sus mismos colegas.

Pero los periodistas callan estos hechos no obstante su gravedad evidente. ¿Será  porque una de sus colegas, Salud Hernández, fue denunciada penalmente por cuestionar en su columna de El Tiempo a los magistrados en escrito que ellos  consideraron injurioso y calumnioso? ¿Denunciarán también a sus colegas porque los cargos que les imputaron en Sala Plena (similares a los que les hizo Salud Hernández), se hicieron públicos a través de los medios? ¿Será que para muchos periodistas, el contenido de las filtraciones amerita ser divulgado solo cuando afecta a sus enemigos?

Rafael Nieto Loaiza escribió recientemente: “Con esta Corte no se puede hacer reforma a la justicia.” ¿Lo denunciarán como a  Salud Hernández? ¿Denunciarán a María Isabel Rueda por exponer libremente sus opiniones sobre los magistrados? De todas maneras, la prensa está callada. Y ese logro es un nuevo triunfo de la Corte, y una derrota para la prensa libre.

Si hay que cambiar funcionarios (que, entiendo, es lo que quiere decir Nieto) pues que jurídicamente se cambien. Pero, cerrar instituciones porque algunos empleados se comportaron mal equivale a “vender el sofá” y agravar las cosas. Crear ministerios innecesarios para darle más cuotas burocráticas a funcionarios de las distintas ramas del poder público, es, a más de antieconómico, inmoral, por decir lo menos. Mientras  continúen en sus cargos los ineptos y politizados funcionarios, ninguna reforma tendrá efectos buenos para el país. 

Los altos jueces saben que sus providencias son más poderosas y destructivas que los fusiles y las bombas de los terroristas, y que las armas nucleares de las grandes potencias. Saben que con esas armas podrán, si lo desean, des-institucionalizar el país.

¿Quién infiltró la Corte y le entregó a RCN la mencionada información? Porque no fueron ni la “Mata Hari”, ni la señora de los tintos. La Corte, a su vez, no puede infiltrarse a sí misma. Puede si, ser infiltrada por otro gobierno o por un partido político. Pero eso es otra cosa.

¿Quién infiltró el DAS y le entregó a la revista Semana (o a Cambio) la información que dio origen a otros escándalos?

Ahora bien, ¿si  los magistrados –hago esta hipótesis- le hubieran entregado, motu proprio a RCN la mencionada información, habría que, “cerrar” la Corte “para evitar que tales actos se repitan”, como ocurrió con el DAS que están ad portas de acabarlo? Saben los magistrados que no es a las instituciones a las que se sanciona sino a los individuos que las representan y manejan.

¿Para qué suprimir el DAS cuando la solución está en sustituir a los  malos por buenos funcionarios? Cerrar el órgano de inteligencia de nuestro Estado equivale a facilitarle al Estado enemigo, y a su quinta-columna nacional, que nos ganen la guerra y nos conviertan en colonia de un imperio expansionista. Las guerras se ganan con inteligencia, alta moral de los ejércitos y tecnología de punta. En cuanto a ésta última, la Corte Constitucional se encargó de impedir que nos llegaran de EEUU equipos costosísimos y sofisticados que nos permitirían continuar derrotando el narcoterrorismo. ¿Cuántas muertes de soldados y de policías colombianos se habrían evitado con el uso oportuno de esa tecnología de última generación?  Ahora más soldados y policías morirán. Y no tendrán más dolientes que sus familiares y sus amigos muy cercanos. El ministro de Defensa está pidiendo más plata para atender las necesidades inaplazables de la guerra. Probablemente, sin la malhadada sentencia de marras,  esa apropiación presupuestal no sería necesaria.

Pero no solamente vidas de compatriotas se han perdido y se perderán, sino dinero. Dinero que saldrá de los bolsillos de los colombianos. Parece increíble que tengamos que comprarle a los EEUU, con cargo a nuestro presupuesto los equipos que esa Nación ya había ordenado entregarnos, a título de obligación suya, derivada de la corresponsabilidad que tiene como país consumidor de drogas ilícitas. Se malogró la exitosa gestión realizada por el presidente Uribe. Sus enemigos eximieron de ese gasto rico Tio Sam y no lo cargaron a nosotros. Solo  para complacer a Chávez y a Correa. ¡Qué vergüenza! Pasamos de la Patria Boba a la Patria Estúpida.

Sumémosle a todo lo anterior la explicable desmoralización de nuestros militares y policías. Ellos, hoy más que nunca, temen ser judicializados y condenados como lo están sus jefes por derrotar a los terroristas en combate. Por defender la patria. Saben asimismo que muchos jueces liberan, casi de inmediato a los criminales capturados por la fuerza pública. Aún a los capturados en flagrancia. ¿Cómo no desmoralizarse si el ministerio  de Defensa le pidió recientemente a la Fiscalía un listado de “los homicidios (...) cometidos en combate por nuestros militares"? Figura que jurídicamente no existe.

El verdadero gobernante orienta, dirige, rectora, los destinos de su nación, dentro de un marco de competencias irrenunciables. Si no lo hace, fuerzas oscuras (que siempre están al acecho), terminan arrebatándole el poder. Y, por supuesto, mantendrán la apariencia de que nada ocurrió. De que la democracia se mantiene incólume.

Y mientras esto sucede, los terroristas se preparan en las zonas fronterizas de Venezuela y Ecuador para asesinar soldados, policías y campesinos colombianos. Pero la orden que nos dan el presidente del Congreso y el ministro del Interior es que guardemos silencio, que callemos. ¿Para que el coronel Chávez y Correa no se pongan bravos? Esta es otra idiotez inconcebible, pues en tiempos de guerra el que calla pierde. Alzar la voz y la frente es lo sensato. Y defenderse lo apremiante. Callar equivale a encubrir al enemigo. A reconocer su superioridad. Colombia no es una prostituta señor Chávez. No está en venta ni le teme. Usted conoce el valor de nuestros héroes. Álvaro Uribe encarna el heroísmo colombiano del siglo XXI. Y la Pola, el heroísmo del siglo XIX.

La Asamblea Constituyente es la solución. No hay otra. Tenemos que seleccionar con lupa a los futuros constituyentes para que no se cuelen terroristas. Y para que el articulado de la nueva constitución no se negocie con las mafias. Octubre de 2011 sería una buena fecha. Se harían dos elecciones en el mismo día.

Paradójicamente, el profesor Moncayo, quien recorrió el territorio nacional a pie ultrajando a Uribe (paso a paso), sin que su integridad personal y la de su familia corrieran riesgo alguno, hoy, a escasos 30 días y una semana de iniciarse el nuevo gobierno, está pidiendo  asilo político para él y su familia en otro país. Es decir, quieren los Moncayo que un gobierno extranjero les de la seguridad que hasta el pasado 7 de agosto y durante ocho años, disfrutaron, gracias a su “odiado” presidente Uribe. 

En un país como Colombia, la ausencia de un líder con autoridad puede conducirnos a la anarquía, a la polarización violenta, al caos. A los destructores, internos y externos, de Colombia, de izquierda radical y de derecha, Álvaro Uribe los mantuvo a raya porque le temían. Y le temían porque supo dirigir la guerra con inteligencia y con carácter. Si le mataban un soldado o policía, salía como un mariscal de campo con sus generales, a cobrar esas vidas. Con lágrimas de rabia y de dolor. Esas que solo saben derramar los héroes. Por eso, desde que su líder se fue, comenzaron a extrañarlo sus tropas y su pueblo. Y por eso también, a Uribe le temen, (en términos electorales) todos los aspirantes a la presidencia de Colombia. Ellos saben que en el debate de las ideas y en las urnas no pueden derrotarlo. Entonces conspiran contra él. Piensan ilusamente que con una falsa medida judicial en su contra, lograrían neutralizarlo. Olvidan que en este macabro plan urdido desde Caracas y la Habana, la siguiente víctima de los jueces sería el presidente en ejercicio.

A los colombianos nos consta que el ex-presidente Uribe protegió, con celo infinito, la vida honra y bienes de sus enemigos. Y que nada malo les ocurrió durante su gobierno. Por eso, no resulta disparatado presumir que en menos de un año muchos anti-uribistas podrían estar encabezando manifestaciones públicas pidiéndole en pancartas  al ex-presidente Uribe que regrese. Que salve nuevamente la Nación. Y esto ocurrirá, no lo dudo, si el actual gobierno no da un viraje de por lo menos 120 grados en lo que equivocadamente viene haciendo.

La complaciente actitud del actual gobierno con todos los grupos políticos, en especial con los más enemigos de Colombia y de Uribe, no es buena. Puede llevarlo a ganarse el repudio de unos y otros.

El estilo del actual presidente –y me duele decirlo-, es el de un gobernante débil a quien –precisamente por eso-, los criminales no le temen. Y como no le temen,  han arreciado su ofensiva de terror contra los colombianos. Se motivaron al verlo recibir el fatídico abrazo de Chávez. Y a Correa recibiendo los PC de alias Raúl Reyes en el Palacio de Nariño. Desde entonces, Colombia comenzó a vestirse de luto,.

JMS desperdició el mejor momento de su vida política. Ha debido –como lo dije en su oportunidad-, establecer  una alianza política y estratégica con Uribe quien sí sabe de la guerra. Los terroristas no se habrían atrevido a cometer los atentados perpetrados desde el pasado 8 de agosto. Santander y Bolívar no se querían, pero se complementaban y sabían que el país los necesitaba unidos. Cuando se rompió esa unión, precisamente en otro septiembre negro como éste, el de 1828, entramos en una cadena sin fin de guerras recurrentes. Guerras que Uribe logró  parar. Pero, como los bobos, los engreídos y los ignorantes no aprenden de la historia, la repiten. Tampoco aprenden de la experiencia ajena olvidando que la vida es muy corta y  no alcanza para cometer todos los errores.

Solución, no la veo por ahora. Porque mientras los terroristas se toman el país apoyados por Estados extranjeros, el gobierno parece más interesado en que los jueces y la izquierda radical metan a la cárcel a los ministros y asesores del gobierno anterior, y al ex-presidente Uribe. Al  único  líder que comprendió la guerra y nos brindó la paz los malos colombianos quieren destruirlo. Su sacrificio de ocho años exitosos conquistando, como un héroe legendario, la seguridad (partera de la libertad y de la democracia) se malogró en tan solo treinta días. Ese breve tiempo signado por el temor de lo que puedan decidir los jueces sobre la libertad y el honor de los altos funcionarios del gobierno y del congreso, bastaron para que los colombianos comenzaran a pensar que tanto el poder ejecutivo como el legislativo no actúan con libertad, sino con miedo.

Cómo me gustaría ver al presidente Santos deponiendo a los demonios infiltrados y asumiendo el poder. Porque Colombia se debate hoy entre el infierno y el limbo. Y si el gobierno fracasa, sólo queda Uribe. Ese es el balance. El real.

No se puede seguir engañando cínicamente a los colombianos. Uribe derrotó a los terroristas de izquierda y de derecha, Y eso no se lo perdonan. Hoy los terroristas de todas las tendencias fungen como vengadores contra el presidente para destruirlo y contra sus ministros, asesores y políticos que lo acompañaron en su administración. Y un vengador no puede ser testigo idóneo en juicio. Lo peor que podría ocurrirle a la justicia es ser administrada por jueces vengadores, porque eso los pondría al nivel de los vengativos y falsos declarantes.

No más órdenes de  Miraflores y la Habana sobre el destino de nuestra Nación. La sede del gobierno colombiano debe volver al Palacio de Nariño. Si eso no sucede, preparémonos entonces para lo peor. Un mes es suficiente (excepto para los tontos), para darse cuenta de si un presidente es capaz o no de liderar un país en guerra. O nos gobernamos o nos gobierna un Estado extranjero. Lo demás es retórica. Los colombianos tenemos la palabra y Colombia  nos exige que la usemos.

Borrador de acta devela división en la Corte para elegir Fiscal

RCN La Radio tuvo acceso a un borrador del acta de la última sesión en que la Corte Suprema de Justicia votó para elegir Fiscal General de la Nación, en el cual se evidencia una fuerte división entre sus magistrados sobre la posibilidad de que la actual terna salga el nuevo titular del ente acusador.

El documento, de 17 páginas, indica que como están las cosas, hoy no existe posibilidad de que la procuradora Margarita Cabello, el consejero de Estado Marco Velilla, o el ex presidente de la Corte Suprema, Jorge Aníbal Gómez Gallego, consigan los 16 votos que necesitan para ser elegidos Fiscal General.

Incluso, el documento deja en claro la posición de varios magistrados que han planteado ante el pleno de la Corte la posibilidad de cambiar la terna para destrabar la elección de Fiscal.

En el borrador de acta, conocido por RCN La Radio, los magistrados utilizan expresiones como “estrategia maquiavélica”, “componendas” y “dosis de cinismo”, al referirse a lo que sucede con la elección de Fiscal.

El próximo jueves la Corte asumirá la votación número 22 y todo hace suponer que el bloque de 6 magistrados que hasta ahora ha votado en blanco, bloqueando la elección, mantendrá su postura.

RCN conoció que este bloque estaría compuesto así: Augusto Ibáñez, Yesid Ramírez y María del Rosario González, de la Sala Penal; y César Julio Valencia, Edgardo Villamil y Jaime Arrubla, de la Sala Civil.

Algunos magistrados incluso hablan de que el Gobierno estaría analizando la posibilidad de decretar la conmoción interor para que la Corte Suprema elija Fiscal General. 

Un aparte textual de la intervención del magistrado Luis Javier Ososio indica que “él ha dicho que la Corte se debe inclinar sobre el candidato que menos problemas tenga; se dice que Cabello ha hecho ofrecimientos a magistrados y los ha visitado en la residencia”.

La justicia es nuestra pata coja en la Comuna Trece: Alonso Salazar

El alcalde de Medellín, Alfonso Salazar, aseguró que uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad es la deficiencia en la justicia. 

“Desafortunadamente todavía sigue siendo nuestra pata coja (la justicia)… La Fiscalía anda muy enreda, esa interinidad, yo no se si eso impide que tengamos un líder en la lucha contra la criminalidad”. 

Salazar dijo que le pidió al fiscal general encargado, Guillermo Mendoza, que fortalezca esa rama en Medellín. Señaló que es un problema más grande que el buen trabajo que adelantan altos directivos judiciales en la ciudad.

“Esa fortaleza y esa decisión personal no supera la debilidad institucional”, señaló Salazar. 

Manifestó que hay buena expectativa por el proyecto del gobierno que va a presentar con carácter de urgencia, sobre la reforma al código penal y de procedimiento. 

En cuanto a la lucha de las autoridades locales sobre el tema de la violencia en la Comuna Trece, aseguró que “vamos avanzando con sentido practico, yo creo que es posible neutralizar estos hechos”.

¿Será posible reformar la justicia en Colombia?

Por Francisco Castro Castillo

Esta es la pregunta que ronda por la mente de los colombianos conocedores del tema, y aún los legos. De las reformas al Estado que en mente tiene el gobierno de Santos, la más difícil para salir airoso será sin lugar a dudas el de la justicia, por la cantidad de intereses que le tocará conciliar con los dueños de la misma que la tienen secuestrada como patrimonio propio.

Aquí no es la lucha de pesos contra pesos, sino, del poder que les genera cualquier cantidad de beneficios personales y familiares: el PODER, para poder, y no como lo preguntaba el maestro Echandìa: ¿el poder para qué? Muchos foros, reuniones entre sí los magistrados de las altas cortes, y certámenes diversos a donde son invitados, participan para impresionar a la opinión, haciéndose pasar como juiciosos responsables del manejo de la rama jurisdiccional. Muchas son las salidas al exterior en bloque en plan de paseo disfrazado de estudio los que hacen, dejando los asuntos sustantivos de su competencia a cargo de los magistrados auxiliares que en número de cuatro por magistrado, resuelven en su nombre, los casos más sonados del momento: la para política.

Se encuentran los magistrados de la corte suprema, fascinados con la para política, a tal punto que cambiaron por sí y ante sí, la norma constitucional de no conocer los casos de los parlamentarios que previamente hayan renunciado al fuero de congresistas, por una jurisprudencia salida de su cubilete arrogante, retirándole la competencia constitucional a la fiscalía que venía conociendo y fallando de los congresistas comprometidos con nexos con paramilitares. La pregunta es: ¿por qué una norma constitucional es cambiada por una jurisprudencia, y no pasa nada?

Las sanas intenciones del gobierno de sacar adelante una reforma a fondo de la justicia como la llama su ministro del interior, se verá frustrada por cuanto la consulta democrática y un tanto obligada que le hacen a las cortes, se frenará porque los magistrados no tienen el más mínimo interés que se realice en tanto no se toquen sus callos. Retirarles la función electoral, elección de contralor, procurador y fiscal, es para ellos, la joya de la corona. Es el poder electoral empotrado en su seno.

Es un elemento referente para negociar toda suerte de burocracia para sus familiares, esposas, hijos, hermanos, primos y novias, comportándose como los sindicatos del antiguo foncompuertos, o ferrocarriles nacionales. Los cuales, en las convenciones colectivas, incluían beneficios no solo paras sus familiares sino a sus amantes. Son un verdadero poder ya no detrás del trono, sino encima de él. Son privilegios grandes los suyos. Veremos que tanto estará decidido el ministro Vargas Lleras, y que tanto el Congreso, para no dejarse imponer una postura defensiva de las cortes. Habrá peso y contra peso en serio, para alquilar balcón.

Eliminar el Consejo de la Judicatura, se ha convertido en cuestión de honor del gobierno, y en no eliminarlo, otro tanto de las cortes que han hecho causa común en su defensa para garantizarle la “chanfaina a muchos” burócratas que se estorban entre ellos posando de magistrados. No han sido capaz de elegir las vacancias que se producen en su seno, lo mismo en la corte suprema, en donde después de 13 meses de vacancia, no han elegido al magistrado para la sala laboral, ni elegido en propiedad su presidente, ni mucho menos elegirán fiscal: como nadie les exige término, juegan a votar y no elegir.

Eso se llama: mamadera de gallo. Cuando no se llena las vacancias, la señal inequívoca es, que no se necesitan, luego habrá que eliminar esos cupos y llevarlos al mínimo numérica, como el de la constitucional: Nueve, cada una de ellas. Considero sano que la reforma a la justicia, debe sacarse del ámbito de las altas cortes, no solo debe consultarse a ellas, sino también, a magistrados de tribunales de los departamentos, jueces, fiscales, académicos de la periferia del país, a los colectivos de abogados litigantes, organizaciones sociales, gremios de la producción, las iglesias, los guerrilleros, si tienen capacidad de opinar que opinen por internet.

Esta es su oportunidad de acercarse a la sociedad sin armas. La corrupción tiene que acabarse en el país, y para llevarla a cabo, hay que acabar con la impunidad la cual pasa por los tribunales de justicia. Todo el dinero que el Estado disponga para la justicia en Colombia, se convertirá en un barril sin fondo sino se forman éticamente bien a los futuros jueces.

Y no se toma conciencia jurídica que el ejercicio del derecho en lo que toca con las judicatura no puede llevar el signo peso como elemento fundamental, y la negociación truculenta cuando se tiene el poder dominante del conocimiento de la ciencia del derecho. Sus fallos, muchos de ellos, van a quebrar al Estado. Bienvenida, la reforma a la justicia, señor Presidente Santos.

Fallos de jueces no tienen en cuenta el hueco fiscal de la Nación

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry, se mostró partidario de que los jueces incidan en las políticas económicas del país, pero dijo que ellos no tienen en cuenta los recursos del Estado, ni la sostenibilidad a la hora de fallar.

"Yo creo que el juez debe influir en políticas económicas, pero si lo va hacer como lo hace, debe también desde el punto de vista nuestro de influir integralmente teniendo en cuenta que hay un problema muy delicado, entre las fuentes y los usos", sostuvo Echeverry.

AsÍ mismo explicó que un fallo de la justicia puede afectar seriamente los recursos del Estado y dijo que un ejemplo sería un fallo de 30 billones de pesos, que sería el equivalente a seis reformas tributarias.

Por su parte. el magistrado Juan Carlos Henao dijo que los jueces pertenecen a los tres poderes del Estado y que como tal, tienen que promover la protección de los derechos económicos.

"Una es la lógica del Juez en virtud de la cual su función es garantizar la vigencia de los derechos y otra es la lógica del Ministerio de Hacienda y las dos deben conjugarse", sostuvo el Magistrado.

Ex gobernador Pablo Ardila libre por vencimiento de términos

Tras un recurso de nulidad que fue resuelto a su favor, el ex gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, salió de la cárcel La Picota durante la noche de este miércoles.

Ardila había sido cobijado con medida de aseguramiento por la Fiscalía desde enero de 2009 por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.

Según la investigación, Ardila no justificó un incremento patrimonial de más de 1.575 millones 850 mil pesos, durante el 2004.

Igualmente Ardila era procesado por las presuntas irregularidades cometidas en una negociación con 51 areneros dedicados a la explotación artesanal de gravilla en el río Magdalena.

El ex mandatario regional duró 20 meses detenido en la cárcel La Picota, al sur de Bogotá, en el pabellón de los dirigentes políticos investigados y condenados por sus vínculos con el paramilitarismo.

Debe ser creado el Tribunal Nacional de Ética del abogado y del cliente

Por Óscar Humberto Gómez Gómez

Como era de esperarse, los actuales magistrados del Consejo Superior de la Judicatura tanto en su sala administrativa como en su sala jurisdiccional-disciplinaria han emprendido una férrea defensa de la supervivencia de esa institución, ante la probabilidad de que desaparezca.

Y es entendible su preocupación porque se trata de personajes que tendrían que dedicarse de inmediato a ejercer la abogacía y talvez sientan el natural temor sobre cómo será, en el terreno de la realidad, lo que ellos sólo han mirado a lo largo de todos estos años de lejos, con los ojos prepotentes del poderoso, desde la comodidad de sus escritorios capitalinos.

Cosa distinta sucede con algunos de los magistrados que integran los consejos seccionales. Y es que en estas dependencias hay juristas que deberían ser incorporados a los tribunales, al Consejo de Estado o a las cortes, corporaciones donde, dicho sea de paso, -para repetir la vieja expresión popular- no están todos los que son ni son todos los que están.

Cuando uno aborda el tema de la posible desaparición del Consejo Superior de la Judicatura, lo primero que le llama la atención es el silencio guardado por el gremio de abogados, las facultades de derecho y el estudiantado universitario acerca del debate. Un debate que ojalá no se convierta -en aras de la manoseada concertación- en un diálogo exclusivo y excluyente entre el gobierno nacional y quienes, precisamente, por ser los que están usufructuando los cargos de magistrado en aquellas entidades, con todas las gabelas que los mismos significan, mal podrían tener algún interés en opinar a favor de la abolición de ellas.

De esos silencios, el del gremio de abogados es explicable, aunque no justificable: los colegas tienen miedo de que, si no prospera la reforma en cuanto se refiere a la abolición del Consejo, éste, en represalia, las emprenda contra los críticos que intentamos lograr su cierre. Sería entendible que así sucediera y a mí, en lo personal, no me extrañaría. El de la academia, en cambio, sí me sorprende y decepciona. La Universidad no puede marginarse de los grandes temas nacionales. Sus estudiantes deben ser personas pensantes y de criterio, capaces de salir a defender lo que piensan y dispuestos a asumir las consecuencias. Nada peor que la imagen de un abogado intelectualmente cobarde.

El fracaso rotundo del Consejo Superior de la Judicatura, tanto para administrar la justicia colombiana como para regular el ejercicio ético de la abogacía y el comportamiento de los funcionarios y empleados judiciales a la luz de los preceptos disciplinarios es evidente y su supresión emerge no sólo como conveniente, sino incluso como indispensable.

El Dr. Germán Vargas Lleras, que es un hombre serio, y que se ha convertido en el adalid de la imprescindible reforma estructural de la justicia, debiera investigar, por ejemplo, si es cierta o no es cierta nuestra denuncia pública de que en Santander a la jurisdicción contencioso-administrativa se le pretende convertir en una “jurisdicción de rajados”, en el refugio supuestamente "provisional" con que cuentan los amigos de un par de magistrados boyacenses para escampar la hecatombe que sufrieron en las pruebas académicas convocadas por el Consejo Superior de la Judicatura con miras -eso dijo- a proveer los cargos de jueces y personal subalterno con personas capacitadas.

En efecto, a pesar de que el flamante consejo convocó a los publicitados concursos para supuestamente proveer los cargos de jueces administrativos en Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, prácticamente todos los jueces administrativos de esta región del país son personas que reprobaron los exámenes y que, por consiguiente, no tienen derecho a fungir como jueces. ¿Por qué no lo investiga, señor Ministro? Bastaría una llamada telefónica, pongamos por caso, a los magistrados Milciades Rodríguez Quintero y Julio Edisson Ramos Salazar, ambos del Tribunal Administrativo de Santander, convertidos en los primeros clientelistas que tiene nuestra administración de justicia, preguntándoles si están en capacidad de afirmar, bajo la gravedad del juramento, que todos los jueces administrativos de Santander, nombrados por ellos o postulados por ellos para su nombramiento, aprobaron los concursos. Se dará cuenta, entonces, de que lo que afirmo es cierto.

Pero si ello sucede con los jueces administrativos, investidos nada menos que de la más sagrada función que puede cumplir un hombre sobre la Tierra, la de administrar justicia, en el caso de los empleados subalternos –investidos de la no menos importante tarea de adelantar los procedimientos conforme a las disposiciones legales- el caos es peor. Si no, que investigue el señor Ministro del Interior y de la Justicia si los actuales secretarios y demás subalternos de la jurisdicción contencioso - administrativa aprobaron los concursos o los reprobaron. Que investigue si es cierto o es mentira que la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Santander, el más importante de los cargos subalternos, para no ir tan lejos, se lo entregaron estos magistrados no hace mucho a quien había sido auxiliar y amiga íntima de uno de ellos y quien se había rajado en el concurso para dicho cargo.

Que, en suma, se investigue si -para no citar sino ejemplos salteados- el juez 2o administrativo de Bucaramanga, o el Juez 4o administrativo de Bucaramanga, o la juez 6a administrativa de Bucaramanga, o la juez 12 administrativa de Bucaramanga, o el juez único administrativo de San Gil, o la juez única administrativa de Barrancabermeja, o los jueces de descongestión de ambas ciudades, aprobaron los concursos. O si lo hizo, pongamos por caso, la ex secretaria del juzgado 2o administrativo de Bucaramanga, posteriormente nombrada secretaria del Juzgado 4o administrativo de esta misma ciudad y actualmente nombrada en el personal de la relatoría del Tribunal Administrativo de Santander.

Es que la justicia, señor Ministro, no es un escampadero de mediocres ni un “mientras tanto” para rajados.

Y no lo es, Dr. Vargas Lleras, por un par de razones elementales: una, porque mientras estos personajes “escampan”, alcanzan a fallar pleitos. Sí, señor Ministro: alcanzan a decidir pleitos. Pleitos, señor Ministro, que para las partes involucradas en ellos eran quizás lo único que tenían como esperanza en la vida. Y un fallo errado o arbitrario de uno de estos personajes termina acabando con las aspiraciones de justicia de la viuda que perdió a su esposo, del hijo que perdió a su padre, del campesino que perdió sus piernas.

Los errores judiciales, debido a esta improvisación irresponsable de jueces, se volvieron incontables. Y debido a esos incontables errores, casi todos garrafales, el descrédito de la justicia cada día es más preocupante.

La otra razón, señor Ministro, es que mientras estos personajes rajados ocupan esos cargos, sin merecerlos, aquellas personas que sí aprobaron los exámenes, que sí se ganaron limpiamente el derecho de ser jueces o secretarios de juzgado, siguen sin puesto.

La pregunta es inevitable: Al fin de cuentas, cómo se ganan los empleos en el poder judicial colombiano, Dr. Vargas Lleras: ¿por preparación o por clientelismo?

Y si es por esto último, ¿entonces para qué diablos se convoca a esos concursos?

En cuanto a los abogados, lo que vengo defendiendo es el carácter liberal de esta profesión. Vengo sosteniendo lo que no es más que una verdad manifiesta: los abogados no somos servidores del Estado y, por ende, éste no tiene por qué someternos a sus tribunales disciplinarios. Que lo haga con sus jueces y magistrados. Pero no con nosotros, que somos profesionales independientes, tan independientes como son los médicos, los odontólogos, los arquitectos, los contadores, los ingenieros.

Al igual que aquellos gremios, el nuestro debe tener un tribunal de ética profesional, integrado por pares nuestros, por juristas –también independientes- que, dada su vasta experiencia en el ejercicio de la abogacía, conozcan y entiendan la problemática del abogado, su lucha diaria, las adversidades en las que ejerce su profesión, el estrés en el que vive día tras día, la inconcebible lentitud con la que avanzan los procesos, la desgastadora labor de controlar -día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, durante la bicoca de diez, diecisiséis o veinte años- las notificaciones de la rama judicial para evitar que, digamos, catorce años después de venirlo haciendo sin pausa se le pase por alto la de un día cualquiera y debido a ello pierda el pleito (pero no solamente lo pierda, señor Ministro, sino que, además, se le venga encima el poder castigador del Consejo Superior de la Judicatura y lo aplaste con una sanción disciplinaria por "falta a la ética profesional" debida a su "falta de diligencia profesional"; la forma como afectan su imagen ante la gente fenómenos que no está en sus posibilidades remediar, pero de los cuales sus clientes prácticamente lo culpan, como la congestión judicial, los errores judiciales, las arbitrariedades judiciales; la manera como clientes inescrupulosos le timan sus honorarios, la permanente amenaza de que cualquier día amanezca con el poder revocado y deba iniciar el humillante peregrinaje en busca de que le paguen los honorarios que se ganó en largos años de trabajo, la descortesía que debe soportar en las oficinas públicas, los riesgos personales que rodean su ejercicio profesional, la desprotección de que es víctima en la vejez o en la invalidez y un largo etcétera.

¿Se ha preocupado el Estado por investigar, al menos, si la irritabilidad, el insomnio, el infarto cardíaco, la gastritis, la úlcera, la calvicie prematura o el colon irritable, patologías al parecer asociadas al estrés, son verdaderas "enfermedades profesionales" del abogado? Y si ya lo hizo (cosa que francamente no recuerdo), ¿qué ha hecho para evitar que el ejercicio profesional no le signifique al abogado el deterioro de su salud y hasta la pérdida de su vida? Que sepamos, nada.

Y es que, desgraciadamente, a lo único que se dedicó siempre el Consejo Superior de la Judicatura, para justificar su existencia, fue a perseguir a los abogados para poder exhibir largas listas de profesionales sancionados y de esa manera posar ante la nación como un tribunal duro e inflexible. Pero, a juzgar por el lamentable estado de cosas al que llegó la Ética Profesional en la abogacía colombiana, no pareciera que el Consejo persiguiera a los bribones que están acabando con la profesión mediante conductas reprochables como, pongamos por caso, la vergonzosa rapiña de poderes. Pareciera que persigue, más bien, a los abogados que nos atrevemos a cuestionarlo por sus arbitrariedades, su petulancia insoportable, su falta de compromiso para poner en cintura a los malos jueces y magistrados, su carencia de experiencia en el foro y consiguiente falta de autoridad moral para juzgar a quienes han estado en él a lo largo de toda su vida, y su manifiesta falta de preparación académica incluso en temas que sus miembros deberían dominar porque son inherentes a sus funciones.

Pero esto no es todo. Hay algo peor todavía: Acaso los actuales estudiantes de derecho lo ignoren, aunque no deberían ignorarlo. Acaso lo ignoren los padres que invierten grandes sumas de dinero para costear la carrera de sus hijos, aunque no deberían ignorarlo: el proceso disciplinario contra los abogados, hoy en día, es similar al proceso penal contra los delincuentes. Al abogado contra quien se adelanta un proceso disciplinario, por ejemplo, se le denomina "EL DENUNCIADO", y si no se presenta a la primera audiencia se le declara PERSONA AUSENTE, que es el equivalente a la antigua declaratoria de REO AUSENTE e igual a la actual declaratoria de PERSONA AUSENTE que se lleva a cabo en la jurisdicción penal respecto del sindicado de un delito que no se presenta a indagatoria o no es capturado por las autoridades.

Claro que, en honor a la verdad, debemos reconocer que el trato a los abogados es peor. En efecto, respecto de los delincuentes, al menos está prohibido el escarnio público, fue proscrita la picota pública. En cambio, cuando un abogado es sancionado, así sea sólo con censura, la Sala Jurisdiccional - Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura envía, desde Bogotá, su nombre en una lista de sancionados que hace fijar a la vista del público en todos los despachos judiciales del país, para que toda Colombia se entere de que a ese abogado lo censuraron.

El Consejo, por demás, se ufana de la cantidad de abogados que sanciona. Y eso, el que una entidad con poder justifique su existencia con la exhibición de listados la torna extremadamente peligrosa.

Hagamos votos porque ahora, cuando el Consejo pelea por su no abolición, y en esa pelea echa mano de mil argumentos para justificar su supervivencia, no se vayan a masificar las condenas injustas y, consecuencialmente, los listados, con miras a incrementar las estadísticas.

Pues bien: ese proceso disciplinario infamante, que nos puso a los profesionales del derecho al mismo nivel de los reos de la justicia penal, fue resultado de un proyecto propuesto y defendido en su momento adivinen por quién…

¿Por quién?

Sí, adivinaron: Por el Consejo Superior de la Judicatura.