Corte Suprema colombiana pide indagar supuesta infiltración "para"

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) colombiana pidió hoy a la Fiscalía y Procuraduría que investiguen una versión según la cual en 2005 narcoparamilitares habrían pagado unos 2,6 millones de dólares para que algunos magistrados del alto tribunal votaran en favor de un candidato a fiscal general de la Nación. 

La información la dio a conocer el presidente de la CSJ, Camilo Tarquino, en un comunicado leído a los reporteros, reseñó AP. 

Tarquino dijo que los 23 magistrados les hicieron saber -durante una reunión en la jornada- a la fiscal general Viviane Morales y al procurador Alejandro Ordóñez  "la necesidad de que a la mayor brevedad posible adelanten...las investigaciones que... se desprendan de los hechos que varios medios de comunicación han difundido en relación con la elección del ex fiscal general'' Mario Iguarán. 

Pero, en realidad, ni la Fiscalía ni la Procuraduría pueden investigar a los magistrados de la CSJ. La solicitud entonces es percibida más como gesto de independencia judicial de los magistrados. 

Tanto penal como disciplinariamente, según las leyes, los magistrados sólo pueden ser investigados por la llamada Comisión de Acusación de la Cámara, un tribunal judicial, de origen político, conformado por 19 congresistas que investigan a altas autoridades como el presidente de la República, el fiscal general y los magistrados de las altas cortes del país. 

Hace dos semanas, el diario bogotano El Espectador publicó de WikiLeaks un cable de abril de 2008 en el que el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, reportó a Washington que, según una fuente anónima, varios cabecillas narcoparamilitares reunieron 5.000 millones de pesos (un poco más de 2,6 millones de dólares) para supuestamente pagar a algunos magistrados para que votaran por Iguarán (2005-2009) como fiscal general y porque era percibido como quien podía tomar medidas que les favorecieran judicialmente. 

Tanto el cable diplomático como otros narcoparamilitares detenidos han dicho que el dinero fue reunido entre varios paramilitares, pero nunca se ha mencionado a cuáles de los magistrados fue entregado y si realmente llegó a manos de los altos jueces. 

Iguarán ha dicho en reiteradas ocasiones que su elección fue limpia y que duda de que los magistrados pudieran vender su voto. 

En declaraciones entregadas a varios medios de comunicación el viernes pasado, el magistrado Tarquino dijo que él y los demás magistrados estaban "indignados'' con esa versión y advirtió que ésta es la respuesta de "delincuentes'' a las recientes decisiones que el alto tribunal ha tomado contra varios políticos por nexos con bandas paramilitares. 

El narcotraficante Jonnny Cano, extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2006 bajo cargos de narcotráfico, les dijo a a las autoridades colombianas, a principios del año pasado, que el también extraditado narcotraficante Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco'', fue el encargado de recoger el dinero para supuestamente comprar los votos de algunos magistrados en favor de Iguarán.

Piden investigar presunto soborno de "Macaco" a magistrados de Corte para elección de ex fiscal Iguarán

Exigen a la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, que se investigue la responsabilidad de cada uno de los magistrados, que presuntamente eligieron al exfiscal Mario Iguarán Arana, a cambio de un supuesto soborno de $5 mil millones entregado por el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco".

De hallarse méritos, se ordenaría la compulsa de copias a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, corporación que se encarga de investigar a los magistrados del alto tribunal.

De acuerdo con un cable revelado por Wikileaks, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Bronfield, mostró su preocupación por la posible infiltración paramilitar en la Corte Suprema en la elección de Iguarán Arana como jefe del ente acusador.

En sala plena extraordinaria del alto tirbunal, se expuso con urgencia ante la fiscal Viviane Morales y ante el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, la solicitud de realizar esta investigación para despejar cualquier duda sobre los integrantes de esta corporación.

Según una declaración entregada ante fiscales de Justicia y Paz, alias "Macaco" habría sobornado con 5 mil millones de pesos a varios magistrados de la Corte Suprema para impulsar la elección de Mario Iguarán.

Colombia: Una corte suprema en entredicho

Por SALUD HERNÁNDEZ-MORA

Wikileaks dejó al descubierto un rumor que corría en determinados círculos desde hace tres o cuatro años. Alias “Macaco”, poderoso jefe paramilitar y capo mafioso, pagó cinco mil millones de pesos (unos 2.5 millones de dólares) a unos magistrados de la Corte Suprema para que votaran por Mario Iguarán en la elección de Fiscal General en el 2005.

A dicha revelación le siguieron otras, como que también Salvatore Mancuso, otro ex comandante de las AUC, no dio dinero pero sí pidió a un destacado integrante de dicho alto tribunal, que era su amigo, que apoyara a quien había sido vice ministro del Interior y la persona que ellos pensaban podía aplicar la Ley de Justicia y Paz de acuerdo a sus intereses.

Como la espuma seguía subiendo y no es la primera vez que la Suprema queda en entredicho, el nuevo Presidente del organismo, Camilo Tarquino, optó por solicitar este lunes a la Fiscal General y al Procurador que investiguen los hechos.

Pero antes, en una entrevista radial, señaló que las denuncias forman parte de una conspiración, otra más, decía, de las varias que han sufrido. A su juicio, cada vez que van a adoptar una decisión clave, hay una campaña de desprestigio.

Nada más lejos de la realidad. Los mismos medios que destapan sus escándalos y que difícilmente se pondrían de acuerdo, les apoyaron y siguen haciéndolo, en la guerra que durante años libraron con el entonces Presidente Álvaro Uribe. Lo que ocurre es que ese pilar del Estado de Derecho no ha podido librarse del cáncer nacional de la corrupción y no parece dispuesto a extirpar los tumores malignos que les afectan.

El origen del mal radica en la forma de elección de las cabezas de los entes de control y de los jueces de las altas cortes. Las campañas de los candidatos se han convertido en un mercado persa donde se transan puestos para familiares, amigos y hasta amantes, por votos, además de otras gabelas. Sin ir más lejos, la Procuraduría cuenta con más de quinientos altos cargos de libre designación, con fuerte remuneración, con los que puede jugar. También es conocida la compra de sentencias en determinadas instancias y la oscura influencia de encopetados bufetes bogotanos en los procesos.

Un obstáculo para la transparencia y la erradicación de la enfermedad está en la falta de autocrítica y de voluntad de cambio, así como la imposibilidad de llevarlos a juicio. La Comisión de Acusaciones de la Cámara, conocida popularmente como Comisión de Absoluciones, es el juez natural de sus señorías, el lugar donde acostumbran a dar entierro de tercera en todos los casos.

En descargo de los senadores hay que recordar que son los togados del Supremo los que les investigan y es difícil, por no decir que imposible, encontrar representantes del pueblo dispuestos a inmolarse. O tienen rabo de paja o simple miedo a molestar a quienes pueden acabarles la carrera política.

¿Qué pasará entonces? Poco o nada. Aunque “Macaco” dijera que es cierto que quería influir y que le dio dinero a su abogado, Abelardo de la Espriella, para alterar los votos, éste lo negará hasta la muerte. “Mancuso” no podrá declarar nada distinto a confirmar su participación en el soborno, pero no dejará de ser una prueba testimonial sin mayor efecto, salvo que su intermediario en al operación, que se entregó a las autoridades la semana pasada, de detalles contundentes. Si no, todo quedará en un manto de duda sobre algunos jueces que ya están retirados.

Pero la Corte Suprema, que cuenta con nuevos miembros y con el favor de los principales analistas y formadores de opinión del país, habrá quedado bien, al dar la imagen de que son los primeros interesados en desvelar la verdad aunque no sea cierto.

En definitiva, en este país la Justicia, que arroja índices de impunidad en algunos delitos superiores al 95 por ciento, tiene un teflón que le protege de su ineptitud y parcialidad, y que le da un aire de eficiencia y pulcritud. Y así seguirá salvo que el Presidente Santos, empeñado en reformarla, pueda hacerlo.

Esposa de magistrado que negó embargo de bienes de los Nule habría tenido contratos con el IDU, según la Contraloría

Sigue creciendo la controversia por la decisión de un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no aceptó la solicitud hecha por la Contraloría para embargar todos los bienes de los Nule en Colombia y en el exterior y luego se declaró impedido para continuar estudiando el caso.

Caracol Radio tuvo acceso a la denuncia penal interpuesta por la Contraloría contra el magistrado Fredy Hernando Ibarra Martínez, en la que le pide a la Fiscalía que investigue si actualmente Olga Patricia Chaves Agreda, quien según el documento es la esposa del jurista, tiene contratos con el Instituto de Desarrollo Urbano, entidad encargada de adjudicar los contratos para la construcción de obras civiles en Bogotá, entre ellas la troncal de Transmilenio de la Calle 26, que tuvo que ser cedida por el controvertido grupo Nule.

La denuncia radicada el primero de marzo de 2011 a las 4:04 de la tarde y dirigida a la fiscal Viviane Morales, dice textualmente: “este despacho, es decir la Contraloría, ha tenido conocimiento de que la cónyuge del doctor Ibarra, la doctora Olga Patricia Chaves Agreda, ha prestado sus servicios al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en los años 2009 mediante contrato de prestación de servicios 937-2009 y 2008 mediante contrato de prestación de servicios 830-2008, desconociéndose si a la fecha tiene vínculo con dicha entidad, situación que solicito sea investigada”.

El magistrado Fredy Ibarra se declaró impedido para conocer el asunto tras haberlo asumido inicialmente en diciembre de 2010. A la Contraloría le llama la atención que el jurista haya argumentado su impedimento citando a uno de sus sobrinos que trabaja con Conalvías, firma a la que el IDU le entregó la construcción de la troncal de Transmilenio de la Calle 26 tras haberle quitado el contrato al grupo Nule y no haya citado como posible causal de impedimento, el hecho de que su esposa, según la propia Contraloría, hubiera sido contratista de Instituto de Desarrollo Urbano.

Caracol Radio también tuvo acceso a los dos contratos firmados por la señora Olga Patricia Chaves Agreda con el IDU, que fueron entregados por la Contraloría a la Fiscalía, y básicamente son contratos de prestación de servicios para prestar asesorías legales a la Subdirección de Contratos y Convenios para la elaboración de contratos y otros asuntos relacionados con el Instituto de Desarrollo Urbano. El primero es por 12 meses y tiene un costo de 44 millones 180 mil pesos y el segundo es por 58 millones 647 mil pesos.

En la denuncia penal, la Contraloría también lamenta que en el mismo pronunciamiento en el que admite la acción popular contra los Nule, el magistrado Fredy Ibarra haya negado el embargo de los bienes de los integrantes del controvertido grupo empresarial, argumentando que “no existen los medios de prueba suficientes que acrediten peligro inminente” de violación de los derechos colectivos de la sociedad ante las actuaciones de Guido, Miguel y Manuel Nule.

Y agrega la contraloría en su denuncia que la decisión del magistrado “permitió a los demandantes conocer el conjunto de bienes que mediante una labor ardua había logrado identificar la entidad y que quería que fungieran como garantía de cara al eventual resarcimiento del patrimonio público”.

La Contraloría también interpuso una queja disciplinaria contra Ibarra Martínez, por sus actuaciones en este caso.