Por SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Wikileaks dejó al descubierto un rumor que corría en determinados círculos desde hace tres o cuatro años. Alias “Macaco”, poderoso jefe paramilitar y capo mafioso, pagó cinco mil millones de pesos (unos 2.5 millones de dólares) a unos magistrados de la Corte Suprema para que votaran por Mario Iguarán en la elección de Fiscal General en el 2005.
A dicha revelación le siguieron otras, como que también Salvatore Mancuso, otro ex comandante de las AUC, no dio dinero pero sí pidió a un destacado integrante de dicho alto tribunal, que era su amigo, que apoyara a quien había sido vice ministro del Interior y la persona que ellos pensaban podía aplicar la Ley de Justicia y Paz de acuerdo a sus intereses.
Como la espuma seguía subiendo y no es la primera vez que la Suprema queda en entredicho, el nuevo Presidente del organismo, Camilo Tarquino, optó por solicitar este lunes a la Fiscal General y al Procurador que investiguen los hechos.
Pero antes, en una entrevista radial, señaló que las denuncias forman parte de una conspiración, otra más, decía, de las varias que han sufrido. A su juicio, cada vez que van a adoptar una decisión clave, hay una campaña de desprestigio.
Nada más lejos de la realidad. Los mismos medios que destapan sus escándalos y que difícilmente se pondrían de acuerdo, les apoyaron y siguen haciéndolo, en la guerra que durante años libraron con el entonces Presidente Álvaro Uribe. Lo que ocurre es que ese pilar del Estado de Derecho no ha podido librarse del cáncer nacional de la corrupción y no parece dispuesto a extirpar los tumores malignos que les afectan.
El origen del mal radica en la forma de elección de las cabezas de los entes de control y de los jueces de las altas cortes. Las campañas de los candidatos se han convertido en un mercado persa donde se transan puestos para familiares, amigos y hasta amantes, por votos, además de otras gabelas. Sin ir más lejos, la Procuraduría cuenta con más de quinientos altos cargos de libre designación, con fuerte remuneración, con los que puede jugar. También es conocida la compra de sentencias en determinadas instancias y la oscura influencia de encopetados bufetes bogotanos en los procesos.
Un obstáculo para la transparencia y la erradicación de la enfermedad está en la falta de autocrítica y de voluntad de cambio, así como la imposibilidad de llevarlos a juicio. La Comisión de Acusaciones de la Cámara, conocida popularmente como Comisión de Absoluciones, es el juez natural de sus señorías, el lugar donde acostumbran a dar entierro de tercera en todos los casos.
En descargo de los senadores hay que recordar que son los togados del Supremo los que les investigan y es difícil, por no decir que imposible, encontrar representantes del pueblo dispuestos a inmolarse. O tienen rabo de paja o simple miedo a molestar a quienes pueden acabarles la carrera política.
¿Qué pasará entonces? Poco o nada. Aunque “Macaco” dijera que es cierto que quería influir y que le dio dinero a su abogado, Abelardo de la Espriella, para alterar los votos, éste lo negará hasta la muerte. “Mancuso” no podrá declarar nada distinto a confirmar su participación en el soborno, pero no dejará de ser una prueba testimonial sin mayor efecto, salvo que su intermediario en al operación, que se entregó a las autoridades la semana pasada, de detalles contundentes. Si no, todo quedará en un manto de duda sobre algunos jueces que ya están retirados.
Pero la Corte Suprema, que cuenta con nuevos miembros y con el favor de los principales analistas y formadores de opinión del país, habrá quedado bien, al dar la imagen de que son los primeros interesados en desvelar la verdad aunque no sea cierto.
En definitiva, en este país la Justicia, que arroja índices de impunidad en algunos delitos superiores al 95 por ciento, tiene un teflón que le protege de su ineptitud y parcialidad, y que le da un aire de eficiencia y pulcritud. Y así seguirá salvo que el Presidente Santos, empeñado en reformarla, pueda hacerlo.
