Sigue creciendo la controversia por la decisión de un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no aceptó la solicitud hecha por la Contraloría para embargar todos los bienes de los Nule en Colombia y en el exterior y luego se declaró impedido para continuar estudiando el caso.
Caracol Radio tuvo acceso a la denuncia penal interpuesta por la Contraloría contra el magistrado Fredy Hernando Ibarra Martínez, en la que le pide a la Fiscalía que investigue si actualmente Olga Patricia Chaves Agreda, quien según el documento es la esposa del jurista, tiene contratos con el Instituto de Desarrollo Urbano, entidad encargada de adjudicar los contratos para la construcción de obras civiles en Bogotá, entre ellas la troncal de Transmilenio de la Calle 26, que tuvo que ser cedida por el controvertido grupo Nule.
La denuncia radicada el primero de marzo de 2011 a las 4:04 de la tarde y dirigida a la fiscal Viviane Morales, dice textualmente: “este despacho, es decir la Contraloría, ha tenido conocimiento de que la cónyuge del doctor Ibarra, la doctora Olga Patricia Chaves Agreda, ha prestado sus servicios al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en los años 2009 mediante contrato de prestación de servicios 937-2009 y 2008 mediante contrato de prestación de servicios 830-2008, desconociéndose si a la fecha tiene vínculo con dicha entidad, situación que solicito sea investigada”.
El magistrado Fredy Ibarra se declaró impedido para conocer el asunto tras haberlo asumido inicialmente en diciembre de 2010. A la Contraloría le llama la atención que el jurista haya argumentado su impedimento citando a uno de sus sobrinos que trabaja con Conalvías, firma a la que el IDU le entregó la construcción de la troncal de Transmilenio de la Calle 26 tras haberle quitado el contrato al grupo Nule y no haya citado como posible causal de impedimento, el hecho de que su esposa, según la propia Contraloría, hubiera sido contratista de Instituto de Desarrollo Urbano.
Caracol Radio también tuvo acceso a los dos contratos firmados por la señora Olga Patricia Chaves Agreda con el IDU, que fueron entregados por la Contraloría a la Fiscalía, y básicamente son contratos de prestación de servicios para prestar asesorías legales a la Subdirección de Contratos y Convenios para la elaboración de contratos y otros asuntos relacionados con el Instituto de Desarrollo Urbano. El primero es por 12 meses y tiene un costo de 44 millones 180 mil pesos y el segundo es por 58 millones 647 mil pesos.
En la denuncia penal, la Contraloría también lamenta que en el mismo pronunciamiento en el que admite la acción popular contra los Nule, el magistrado Fredy Ibarra haya negado el embargo de los bienes de los integrantes del controvertido grupo empresarial, argumentando que “no existen los medios de prueba suficientes que acrediten peligro inminente” de violación de los derechos colectivos de la sociedad ante las actuaciones de Guido, Miguel y Manuel Nule.
Y agrega la contraloría en su denuncia que la decisión del magistrado “permitió a los demandantes conocer el conjunto de bienes que mediante una labor ardua había logrado identificar la entidad y que quería que fungieran como garantía de cara al eventual resarcimiento del patrimonio público”.
La Contraloría también interpuso una queja disciplinaria contra Ibarra Martínez, por sus actuaciones en este caso.
