La Corte Suprema de Justicia (CSJ) colombiana pidió hoy a la Fiscalía y Procuraduría que investiguen una versión según la cual en 2005 narcoparamilitares habrían pagado unos 2,6 millones de dólares para que algunos magistrados del alto tribunal votaran en favor de un candidato a fiscal general de la Nación.
La información la dio a conocer el presidente de la CSJ, Camilo Tarquino, en un comunicado leído a los reporteros, reseñó AP.
Tarquino dijo que los 23 magistrados les hicieron saber -durante una reunión en la jornada- a la fiscal general Viviane Morales y al procurador Alejandro Ordóñez "la necesidad de que a la mayor brevedad posible adelanten...las investigaciones que... se desprendan de los hechos que varios medios de comunicación han difundido en relación con la elección del ex fiscal general'' Mario Iguarán.
Pero, en realidad, ni la Fiscalía ni la Procuraduría pueden investigar a los magistrados de la CSJ. La solicitud entonces es percibida más como gesto de independencia judicial de los magistrados.
Tanto penal como disciplinariamente, según las leyes, los magistrados sólo pueden ser investigados por la llamada Comisión de Acusación de la Cámara, un tribunal judicial, de origen político, conformado por 19 congresistas que investigan a altas autoridades como el presidente de la República, el fiscal general y los magistrados de las altas cortes del país.
Hace dos semanas, el diario bogotano El Espectador publicó de WikiLeaks un cable de abril de 2008 en el que el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, reportó a Washington que, según una fuente anónima, varios cabecillas narcoparamilitares reunieron 5.000 millones de pesos (un poco más de 2,6 millones de dólares) para supuestamente pagar a algunos magistrados para que votaran por Iguarán (2005-2009) como fiscal general y porque era percibido como quien podía tomar medidas que les favorecieran judicialmente.
Tanto el cable diplomático como otros narcoparamilitares detenidos han dicho que el dinero fue reunido entre varios paramilitares, pero nunca se ha mencionado a cuáles de los magistrados fue entregado y si realmente llegó a manos de los altos jueces.
Iguarán ha dicho en reiteradas ocasiones que su elección fue limpia y que duda de que los magistrados pudieran vender su voto.
En declaraciones entregadas a varios medios de comunicación el viernes pasado, el magistrado Tarquino dijo que él y los demás magistrados estaban "indignados'' con esa versión y advirtió que ésta es la respuesta de "delincuentes'' a las recientes decisiones que el alto tribunal ha tomado contra varios políticos por nexos con bandas paramilitares.
El narcotraficante Jonnny Cano, extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2006 bajo cargos de narcotráfico, les dijo a a las autoridades colombianas, a principios del año pasado, que el también extraditado narcotraficante Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco'', fue el encargado de recoger el dinero para supuestamente comprar los votos de algunos magistrados en favor de Iguarán.
