lunes, 29 de noviembre de 2010

Asilos e impunidades

Por Fernando Vargas.


El tema sobre las “chuzadas” del DAS hubiese merecido unos protagonistas con más criterio y menos susto. Seguramente otra cosa hubiese sido este episodio con los directivos de la década pasada de los 90´s. Esos sí sabían para qué era el DAS y para qué servía tener ese poder en sus manos. Lo de las chuzadas es cuento viejo y a muchos nos chuzaron y nos persiguieron con saña criminal desde el DAS, en la década pasada. Y nada pasó. El 2 de octubre de 2005, el representante Carlos Alonso Lucio del M-19, hizo públicas varias grabaciones en las que conversan el director en Colombia de la DEA con sus superiores en Washington y en la que, según Lucio, se demuestra “la conspiración de la DEA contra el gobierno de Samper” y nadie explicó quién o qué entidad chuzó esa conversación, ni cómo obtuvieron la indagatoria de Santiago Medina. Sin embargo, todo se supo, pero nadie respondió judicialmente. El periódico La Prensa, dirigido valientemente por Juan Carlos Pastrana, denunció y publicó ampliamente esas irregularidades. Era la época del “mamola” para los que reclamaban trasparencia del gobierno.

Estos funcionarios del DAS del caso reciente, en lugar de andar a las escondidas en el tsunami mediático que les montaron los que en la década pasada estaban manejando y cerca del DAS de entonces, debieron darle la cara a los colombianos y entregar a la opinión pública todos los archivos e investigaciones que hicieron y enfrentar a los enemigos de nuestra estabilidad democrática. Debieron haber desnudado a esos que ahora fungen de adalides de la justicia y jueces. En realidad esa gente debería tener otra posición en los estrados judiciales.

La seguridad del Estado es una función estratégica y vital para cualquier país, que permite, sin mayor explicación, aplicar el inmediato desalojo de su territorio a quien consideren peligroso para su seguridad nacional y tener corticos en sus andanzas a personajes que mantengan nexos con Estados hostiles o grupos terroristas, porque de no hacerlo, por equivocados cálculos políticos que no van en este tema, sus resultados serian de un costo muy alto para el país y los ciudadanos. Con mayor razón se debe ejercer milimétricamente cuando se trata de elementos abiertamente hostiles con el sistema democrático al que con el crimen y el terrorismo han tratado de derrocar para imponerle al pueblo un sistema comunista, esclavista y genocida.

Pero que a raíz del asilo de la ex directora del DAS en Panamá, ciertos personajes hipócritamente se rasguen sus vestiduras y emitan alaridos de hienas escandalizadas por ese asilo. Eso produce nauseas. Eso de victimizarse cuando han guardo silencio frente a horribles escándalos, cuando han callado frente a asilos de lesa humanidad, frente a asilos de sindicados y procesados con los que tuvieron o tienen ocultas militancias y vergonzosos silencios, los deja en evidencia repugnante y pecaminosa. Los que hoy gritan por este asilo, personas y organizaciones, han guardado silencio cómplice en muchos casos, como los siguientes:

Caso Álvaro Leyva Durán. “En 1994 José William Romero, campesino de 70 años que movió más de $10.000 millones en su cuenta bancaria en cuatro meses, giró a su nombre un cheque por $49 millones. Romero era empleado de Jairo Aparicio Lenis, prófugo de la justicia acusado de enriquecimiento ilícito. Leyva dijo en indagatoria ante la Fiscalía que era un pago por la venta de unas volquetas a la empresa minera Cominco, de la cual Aparicio era socio. No obstante, no ha podido acreditar la existencia del contrato de compra-venta. Pocos días después de la declaración de Leyva, Aparicio sustentó esta versión ante una notaría en Ipiales. La Fiscalía le dictó a Leyva medida de aseguramiento. Leyva salió a México y luego a Costa Rica donde pidió asilo político. Ha sido acusado de ser "estafeta de la guerrilla" y ha sido citado a diversos juzgados para que explique sus vínculos con la subversión. Inclusive en 1991, el senador Armando Varona lo denunció por enriquecerse como mediador de secuestros.” En este caso, Leyva era amigo personal del presidente del momento, Andrés Pastrana. Sin embargo, se asiló aduciendo persecución política judicial. Y los escandalizados fariseos de hoy, guardaron humanitario silencio.

El caso de 'Hernán Ramírez', 'Miguel Díaz Pachi', 'Juan Antonio Rojas' y 'Olga Lucía Marín' se afirma que son vistos en Europa gozando de extraña protección política haciendo la acción internacional de las FARC y que en Carolina del Norte hay un grupo grandecito de colombianos, abiertos seguidores de las Farc, que posan de ecologistas. Ninguno de los escandalizados de hoy han dicho nada al respecto.

El caso de los asesinos de Gloria Lara de Echeverri. Las siguientes personas, miembros de una organización armada clandestina --Organización Revolucionaria del Pueblo, ORP--, de ideología comunista, algunos de ellos vinculados a la Universidad Nacional, fueron condenados en 1992 a 28 años de cárcel por el secuestro y asesinato atroz de la Directora de Acción Comunal, la señora Gloria Lara de Echeverri, ocurrida el 23 de junio de 1982 en Bogotá, Colombia. El 3 de octubre de 1983, contra toda evidencia en el proceso, pues habían confesado libremente el crimen, un juez ordenó su libertad. Esa medida fue revocada y ordenada la recaptura de los criminales un mes después por el Tribunal nacional, pero en diciembre del mismo año (1983) se supo que los asesinos se encontraban ya en Europa en calidad de “refugiados políticos” o sea asilados. De manera que fue imposible recapturarlos y, asilados, se establecieron en Europa. Sus abogados presentaron recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y esa institución, en forma inexplicable, dejó vencer los términos en 2002, sin resolver el recurso. Con ello el caso quedó sin sanción penal, pese a que esos criminales habían sido condenados a 28 años de prisión.

Estos son los nombres de los condenados-asilados: Hernando Franco D´Laytz (Universidad de París); Martha Filistrof de Franco (Suiza); José Miguel Gamboa López (Instituto Bruno Kreisky, Austria); Miguel Ángel Vargas; Gloria Medellín; Diana Giraldo; Graciela Inés Acosta ; Víctor Rojas (escribe poesía y recibe galardones de la academia sueca); Juan Tadeo Espitia Supelano; Freddy José Rivera Arboleda; Gilberto Antonio Rivera Mesa; Froilán Rivera Mesa (trabaja en Suecia en la ONU); Emperatriz Santander Cancino (se hace sandinista y vive en Nicaragua desde 1987); Robinson Rafael Rivera Arrieta; Rodrigo Alberto Penilla Candela; Betty Suárez; Enán Lora (se quedó en Colombia vinculado al GEGA, grupo que asesinó al candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado).


Se sabe que tienen nacionalidades de Dinamarca, Francia, Suecia, Austria y España. Se sabe también que los apoyan Amnistía España y la federación Española de derechos humanos, entre otras Ong. Organizaciones con las que mantienen estrecha relación las ong`s colombianas, cuyos miembros hoy rasgan sus vestiduras por el asilo de la ex directora del DAS. “La diplomacia de las FARC que les permite llevar su gente a Europa, se hace a través de unos abogados intermediarios. Es decir, hay unos tipos que se han especializado en derecho de emigración, y se encuentran en Suecia, España, Francia, Gran Bretaña. A esa gente ya la tiene contactada las FARC. Ellos les pagan a esos tipos, y a organizaciones como Amnistía Internacional y la Federación Española de Derechos Humanos, para presentar el caso como si se tratara de perseguidos políticos. Estos tipos que trabajan con las FARC, reciben los casos, les dan la plata y ellos los tramitan y les consiguen el asilo. Tienen muy bien montado el negocio, pues por cada trámite cobran alrededor de US$ 10.000.” (Gloria Lara. La Flor de la esperanza. Luz María Echeverri Lara, marzo de 2006).

El juez 16 superior, Enrique Alford, los dejó en libertad, el 3 de octubre de 1983, plasmando para la historia judicial de Colombia su militancia ideológica, lo que le aseguró la crítica de muchas personas, entre ellas el procurador Carlos Jiménez Gómez. Dos meses después, el Tribunal revocó la decisión de Alford y ordenó recaptura de los 18 autores del crimen de Gloria Lara. Pero ¡oh sorpresa!, ya estaban en Europa, gozando de excelente y oportuno asilo. Sin embargo Alford no acató la orden del Tribunal y no ordenó la recaptura de los criminales, hasta que el proceso pasó a manos de otra juez, la 39. En junio de 1985, extrañamente, el caso fue calificado por Alford, quien no llamó a los 18 criminales a juicio, pero en cambio, en julio de 1985, su nombre fue propuesto para formar parte de la Corte Suprema de Justicia. En aquella ocasión no alcanzó los votos necesarios. Cuatro meses después eran quemados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el ataque terrorista realizado por el M-19. Cría cuervos…

Enrique Alford, luego de unos años, llegó a la CSJ. En 1997 él era magistrado del Tribunal de Bogotá. El 7 de octubre de 1986, el Tribunal revocó la medida de Alford y llamó a juicio a los 18 criminales. Y el 20 de agosto de 1992 el Tribunal Nacional condenó a 28 años de prisión a todos los autores materiales del crimen de Gloria Lara. En 1995, el proceso fue a Casación ante la Corte Suprema de Justicia. El magistrado ponente fue Carlos E. Mejía Escobar y se nombró conjuez a Fernando Arboleda Ripoll, quien se inhabilitó por haber asesorado a los abogados defensores de los citados criminales, es decir a los abogados Alejandro Hernández y Gustavo Gallón, connotado “defensor de derechos humanos” del Cinep y de la Comisión Colombiana de Juristas. Finalmente se nombró un nuevo conjuez y escogieron nada menos que a Alfonso Gómez Méndez!!

En agosto de 1995 el proceso pasó a concepto de la Procuraduría. En mayo de 1997 el procurador Germán Pabón Gómez emitió concepto luego de dos años. En 1997 el nuevo magistrado ponente fue Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien tres años después decretó la prescripción del proceso, porque resulta que luego de ejecutado el auto de proceder el término de prescripción es de tan solo 10 años. Qué bien asesorados jurídicamente estaban esos criminales.

Como ominoso corolario, recordemos que el proceso llegó a la Corte Suprema de Justicia el 22 de febrero de 1995, un año y medio antes de su prescripción. De estas aberraciones, impunidades y descarados asilos no dijeron nada los hipócritas escandalizados de hoy. Esos hipócritas que siempre fomentaron la amnesia de nuestro pueblo y jugaron a la perenne impunidad que los cubre todavía.