FARC pretendían realizar secuestros en otros países

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio a conocer algunos apartes de correos extraídos de los computadores del ‘Mono Jojoy’, en donde queda en evidencia la intención de las FARC de realizar secuestros en otros países.

“Tienen que ver con las actividades internacionales de las FARC, para que el mundo entero se dé cuenta cómo operan y qué es realmente lo que hacen las FARC”, explicó el Mandatario.

En uno de los apartes de un correo fechado el 14 de marzo del año 2003, firmado por alias ‘Marcos Calarcá’ quien fue integrante de la junta internacional de las FARC, se habla de hacer un secuestro en el exterior.

“La idea es que la comisión internacional pare las antenas sobre esto, y claro, organizar el trabajo de tal forma que no haya posibilidades de vincular a las FARC”, señala el correo leído por el presidente Santos.

El Jefe de Estado señaló que este mensaje deja muy claro “cómo hacen las cosas (las FARC) y después se esconden para que no los culpen”.

En otro correo, dirigido al ‘Mono Jojoy’ en agosto de 2003, se habla de la posibilidad de secuestrar a un banquero, dueño de una entidad financiera de Aruba y Curazao.

En otro de los mensajes, con fecha de septiembre de 2003, se informa sobre US$300.000 cobrados por un rescate en Paraguay, y exponen la facilidad de realizar otros ilícitos en ese país.

“En un informe al secretariado dice: ‘Oswaldo, jefe del Partido Patria Libre, informa de US$300.000 nuestros en su poder, cobrados en un rescate en trabajo conjunto FARC-PL. Asegura que en Paraguay existen buenas condiciones para trabajos financieros conjuntos, compra de armas y organización de redes de apoyo a FARC”, informó el Mandatario.

Otro correo electrónico, de mayo de 2009, habla sobre un plan para secuestrar a un empresario de nacionalidad peruana, según el correo leído por el Jefe de Estado.

“Empezamos a hacer un trabajo de inteligencia en el Perú, para echarle mano a un ricachón de allá. Pero no es capitalino, vive en un pueblito de mala muerte. Es empresario, el trabajo se haría con un amigo de allá, quien será el encargado de cogerlo y no lo entregaría. Por el tipo se puede pedir US$4 millones, nosotros, para no comer cuento, mandamos a conocer al objetivo y efectivamente tiene plata”, dio a conocer el Presidente.

Expuso que en este correo, firmado por alias ‘Joaquín Gómez’, las FARC aseguran que ya tienen identificadas las rutas para el traslado de esta persona luego del secuestro.

Por último, el Presidente Santos reveló un mensaje firmado por alias ‘Iván Márquez’ hace un año, sobre el congreso para constituir el movimiento continental bolivariano.

Filtraciones, altas cortes y fiscales

Por Yorick

Por filtración, llegó a RCN, (hace aproximadamente un par de meses), información relacionada con una reunión de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se votó por la segunda terna de Uribe para elegir Fiscal General de la Nación. Consta en el informe que unos magistrados (la mayoría) cuestionaron al grupo minoritario de sus colegas por “engañar cínicamente a los colombianos” diciéndoles, por mediación del vocero de la Corte, (su presidente), que el fiscal sería escogido de la segunda terna de Uribe a sabiendas de que tal afirmación era falsa. Los hechos recientes confirmaron el engaño: La Corte eligió Fiscal de la terna de Santos.

En un país civilizado, tanto el presidente de la alta corporación, como sus engañosos y cínicos colegas, habrían sido severamente cuestionados por el ministro de justicia, por los medios de comunicación y por la sociedad entera. ¿Si la máxima autoridad judicial engaña cínicamente a los colombianos, porqué escandalizase de lo que hacen los jueces de menor jerarquía?

Que desde la emblemática y Suprema Entidad de la Justicia se les dé tan mal ejemplo a nuestros hijos, ¿no nos duele? ¿Se imaginan la reacción que en un país medianamente civilizado habría causado un hecho como éste? Nixon no se cayó por el Watergate como equivocadamente sostienen algunos. ¡Se cayó “por mentirle a la nación”!. Pero en un Estado sin ética como el nuestro, los magistrados de la Corte le mienten a la nación y el gobierno los premia. ¿Qué podemos esperar –me pregunto- de una sociedad cuyo Estado promueve los antivalores como modelos de conducta?

¡Cómo extrañamos a un Ricardo Medina Moyano, o a un Alfonso Reyes Echandía!, entre otros. ¿Puede alguien imaginar a estos dos prohombres, de rumba con gente extraña, disfrutando de sus generosas atenciones? ¿O pidiendo espacios en los medios de comunicación para prejuzgar a sus adversarios políticos? ¿O ventilando sus odios ante la nación entera, despreciando e irrespetando sus investiduras? Ellos, (los magistrados Ricardo Medina y Alfonso Reyes),“hablaron” siempre por autos y sentencias como tienen que hablar los jueces verdaderos. Y sus decisiones, además de sabias y jurídicas, fueron justas. Eran jueces ejemplares. Por eso ningún gobierno colombiano los premió. Paz en sus tumbas. Los autores intelectuales y materiales de sus muertes finalmente se salieron con la suya: asesinaron la justicia y el derecho.

Pero volvamos a la Corte actual. Catorce (14) magistrados votaron por Margarita Cabello en dos ocasiones. Y estaban votando, cuando llegó la terna de Santos de la cual eligieron fiscal con el mismo número de votos obtenidos por la doctora Cabello: 14. En la misma sesión eligieron al presidente de la corporación y a cinco nuevos magistrados para llenar las plazas vacantes. Recientemente, ante la sorpresiva renuncia del presidente (en propiedad por unos días), doctor Jaime Arrubla, la Corte eligió su reemplazo en una sola sesión. Sobran, entonces, palabras para comprender que los magistrados les deben muchas explicaciones a los colombianos. Porque como administradores de justicia saben que “con la vara que el juez mide, debe ser medido.” Entonces, tienen la palabra. Expliquen.

Pero, ¿realmente terminó la interinidad de la Fiscalía con la elección de Fiscal? Pienso que no. Supongamos que la jurisdicción contencioso administrativa decreta la suspensión provisional del acto administrativo en virtud del cual se eligió a Vivian Morales. La fiscalía quedaría en interinidad nuevamente. Y si no la decreta, solo se sabrá cuánto tiempo durará la doctora Morales en el cargo, cuando el Consejo de Estado dicte la sentencia respectiva.

Lo anterior nos enseña que la suerte de un Fiscal General en Colombia, depende, en últimas, de decisiones (casi siempre politizadas) de los jueces.(CSJ, Consejo de Estado, y si hay tutelas: Corte Constitucional). Si a esto le sumamos que mediante sentencias “moduladas” las cortes legislan y gobiernan, comprenderemos porqué ejercen un poder tan dictatorial y desafiante. Ante esta realidad, el fiscal actúa siempre con temor hacia sus juzgadores potenciales. Y con terror ante la perspectiva de ser “cocinado” por los periodistas si no piensa como ellos. En tal evento, será sometido a “indagatoria radial", le dirán corrupto y pedirán su cabeza.

¿Autonomía? ¿Cuál? Si el alto gobierno y el congreso tiemblan como cervatillos ante la posibilidad de caer en desgracia ante los jueces. He dicho mil veces, que la única vía para reformar la justicia es la Asamblea Constituyente. Y que tal reforma es más urgente que los decretos de emergencia por la ola invernal.

Sobre infiltrados conviene hacer algunas precisiones. Por ejemplo: ¿Quién le entregó a la revista Semana (o a "Cambio") lo de Giorgio Sale y Ascencio Reyes? ¿Alguien interesado en que el gobierno cerrara el DAS? ¿En la improbable hipótesis de que algún magistrado hubiera entregado la información que divulgó RCN a la emisora, habría que “cerrar” por eso la Corte?

No es fácil, amables lectores, vivir en un país como Colombia donde los jueces hacen política, los periodistas juzgan y condenan por la radio, los curas hablan de la guerra como si fueran mariscales de campo, los narcoterroristas pontifican sobre derechos humanos, y el presidente Santos es el mejor nuevo amigo del demonio. Ni Kafka habría podido imaginar este país.

¿Se cierra un bochornoso capítulo?

Jesús Vallejo Mejía 

Deploro que en el embrollo de la terna para la Fiscalía se hayan visto involucrados tres discípulos míos en la Universidad Pontificia Bolivariana, que, además, son mis amigos: Jaime Arrubla Paucar, Luis Fernando Álvarez Jaramillo y Marco Antonio Velilla Moreno. 

No es, pues, para mí el caso de entrar a hacer calificaciones personales sobre sus respectivas actuaciones. Pero en lo que tiene que ver con una apreciación serena de los hechos, no puedo ocultar mi acuerdo con los planteamientos y la actitud pública de Velilla. 

Pienso, en efecto, que la tesis del decaimiento de la segunda terna que propuso el entonces presidente Uribe Vélez, en la que incluyó a Velilla, tiene muy precario asidero jurídico; que el comportamiento que observó la Corte Suprema de Justicia para dilatar la elección de Fiscal por más de año y medio es altamente censurable; y que el voto que emitió anoche para elegir a Viviane Morales versó sobre una terna de hecho, que contrariando el ordenamiento jurídico, postuló el presidente Santos. 

No entraré en el campo de las descalificaciones personales acerca de la nueva titular de la Fiscalía. Al fin y al cabo, goza de la presunción de buena fe y cabe esperar que no sea inferior a la tremenda responsabilidad que ha asumido al aceptar la elección de que ha sido objeto. 

Con todo, hay preguntas y observaciones que no dejan de ser pertinentes en relación con el proceso que acaba de culminar con el voto que emitió la Corte, hecho en el que hay unos aspectos que son de público conocimiento, pero también otros ocultos y quizás sinuosos. 

Preguntemos, por ejemplo, por las consideraciones de política criminal que llevaron a Santos a proponer la terna de hecho y en qué resultaba mejor ésta que la de derecho que con aparente desviación de poder frustró la Corte.

¿Por qué los nombres de Morales, Esguerra y Arrieta, y no otros?¿Qué tenían ellos de maravilloso en comparación con los de Gómez, Velilla y Cabello?

Le diferencia, en principio, radica en que los primeros fueron candidatizados por Santos, mientras que los segundos lo fueron por Uribe. Pues bien, como lo señalé en otro escrito para este blog, la Corte parece haber inventado un impedimento para aspirar a la Fiscalía, a saber: que la candidatura hubiese provenido de Uribe. 

A la hora de la verdad, Santos, a pesar de ser un cachaco, no ha mostrado mucha elegancia en sus comportamientos. 

Piénsese tan sólo en que  la Sala Penal de la Corte pidió por unanimidad que la Fiscalía lo investigara por falso testimonio en el caso del Contra-almirante Arango Bacci. 

Si pensar mal de Uribe está de moda en la prensa capitalina, ¿por qué a ésta no se le ocurre considerar que mediaba por lo menos un impedimento moral para que Santos propusiera los candidatos a ocupar el cargo cuyo titular tiene el cometido de hacer el escrutinio del montaje que se hizo para arruinar la honra de Arango? 

Que Viviane Morales tenga trayectoria política no la inhibe de suyo para el cargo. Pero es interesante preguntar por qué Santos confeccionó su terna de hecho exclusivamente con personas vinculadas de algún modo con Ernesto Samper Pizano y no hubiese considerado la conveniencia de postular siquiera a un conservador. 

¿Tendrá que ver ello con el tema de la fusión del Partido Liberal con Cambio Radical? 

Y si Viviane Morales viene del Partido Liberal, ¿comparte el odio de sus copartidarios contra el ex presidente Uribe y sus colaboradores, o es, como algunos ya lo anuncian, una liberal uribista de rara estirpe? 

Pero hay algo más. A su iniciativa se debe la frustración de las diligencias que con buenas razones había iniciado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra los representantes que votaron en favor de Samper en el célebre proceso que en su contra adelantó la Cámara. 

A raíz de una tutela que ella inició, la Corte Constitucional adoptó una extravagante doctrina sobre la inviolabilidad del voto de los congresistas, que de modo algo confuso ha desconocido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para enjuiciar y condenar a  congresistas que votaron favorablemente o hicieron posible la reelección del ex presidente Uribe. 

¿Consideró la Corte estos antecedentes al elegirla como titular de la Fiscalía? ¿Está dispuesta la nueva Fiscal a mantener la rigurosa doctrina de la inviolabilidad de los congresistas que ella defendió litigando en causa propia?

Un vicio ya viejo y arraigado en la Fiscalía es la tendencia a compartir su poder burocrático con los políticos e, incluso, como lo denunció hoy el ex presidente Uribe Vélez, con la Corte Suprema de Justicia. 

Hay que investigar si es cierto que el Fiscal interino nombró como Vicefiscal a un recomendado de la Corte Suprema de Justicia, como también lo denunció Uribe en sus declaraciones para RCN, o les dio jugosas cuotas burocráticas a Vargas Lleras y Javier Cáceres, como se dice en los mentideros capitalinos. 

Habida consideración de estas insinuaciones, bien puede uno preguntar acerca de si la fácil aunque cuestionable mayoría con que se eligió a la nueva Fiscal fue producto de generación espontánea, como lo da a entender el magistrado Arrubla cuando dice que en la Corte no hay dos partidos, sino veintitrés, o hubo alguna negociación a la que jamás se habría prestado un candidato como Juan Carlos Esguerra. 

En fin, como se dice en los campos, amanecerá y veremos.

Jesús Vallejo Mejía es abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y embajador de Colombia en Chile. El Dr. Vallejo es autor del blog Pianoforte.

"¡Te pillé mirando!"

Por Juan Gómez Martínez

Voy a imitar a Raúl Tamayo, no en su estilo ágil y ameno, pero sí en contar un cuento al principio que se le puede acomodar a otras circunstancias y personajes.

El esposo, en una pareja, era algo díscolo y enamorado, practicante por fuera del matrimonio. Una noche, el señor del cuento, se pasó para la alcoba de la empleada del servicio y estaban en lo mejor, o en lo peor, depende de cómo se mire, cuando apareció la señora en el escenario de los hechos. El señor se dirigió a su esposa en tono airado y con voz de regaño le dijo: "¡te pillé mirando!". Traído el cuento a hoy, vemos que el esposo infiel se adelantó a lo que ocurre con nuestra justicia: la esposa violó la privacidad de la empleada, la incursión en la alcoba no fue en horas hábiles de trabajo, no pidió permiso para hacer el allanamiento. La esposa salió regañada y con la carga de la culpa.

Eso está pasando en Colombia. Una Corte Suprema de Justicia que asiste a un acto social, invitados sus integrantes por un señor de no muy buena reputación, que reciben magníficos regalos del mismo después de pagarles el viaje en un avión fletado y de participar en una animada fiesta, según cuentan. Ahora acusan a los funcionarios de un organismo de investigación por haberlos descubierto en un hecho que los deja tan mal parados como al señor del cuento. Los que se pasaron al otro cuarto son los que ahora investigan y hacen el escándalo cuando los pillados fueron ellos. El delito es que se hicieron las chuzadas sin la autorización de los organismos investigados, como lo sucedido con la muchacha del servicio que no dio autorización alguna para que su patrona entrara.

Una justicia en calidad de "encargada", una justicia que ni siquiera cumple con la Constitución para elegir Fiscal General, una justicia que emite los juicios condenatorios antes de iniciarlos, como pasa con la exdirectora del DAS, una justicia a la que le falta nombrar miembros para garantizar los votos necesarios en sus decisiones, no puede ser una justicia confiable. Con razón, para protegerse de ella, se busca el asilo.

Lo he dicho muchas veces, lo que pasa con la justicia es más grave que lo que pasa con los grupos subversivos, a estos se les puede combatir con las armas del Estado, la justicia es una de las ramas del poder, independiente y sin control alguno.

Grave, también, que esta opinión es generalizada, lo dicen las encuestas, el pueblo colombiano, en su gran mayoría, no cree en la justicia. ¿Cuál podrá ser el futuro de Colombia con una justicia inoperante y politizada? Me preocupa esta opinión mía y de muchos compatriotas.

Se puede también aplicar el "te pillé mirando" a lo que ahora se está destapando con las misiones diplomáticas de los Estados Unidos. Un embajador no se nombra solamente para asistir a cocteles, que son muchos, su misión, además de representar a su presidente y a su país, es la de estar informando sobre todos los hechos en los que pueda haber algún interés de su gobierno. Recuerdo que cuando la prensa bogotana me tildaba a mí como amigo de los narcotraficantes y cuando hacía parte del gobierno de Ernesto Samper, el embajador de los Estados Unidos me invitó a su despacho para hacerme toda clase de preguntas sobre mí y sobre algún amigo que ocupaba otro cargo público, claro que informé a mi amigo de lo ocurrido. No creo que esta visita fuera solo para oírme y que ningún dato fuera enviado a su gobierno. Al lado del embajador estaba un escribiente que tomaba nota sin perder detalle. Cuando se tiene la conciencia tranquila esto no pasa de allí. El embajador tenía todo su derecho a ser informado y de disponer de esa información.

Asilos e impunidades

Por Fernando Vargas.

El tema sobre las “chuzadas” del DAS hubiese merecido unos protagonistas con más criterio y menos susto. Seguramente otra cosa hubiese sido este episodio con los directivos de la década pasada de los 90´s. Esos sí sabían para qué era el DAS y para qué servía tener ese poder en sus manos. Lo de las chuzadas es cuento viejo y a muchos nos chuzaron y nos persiguieron con saña criminal desde el DAS, en la década pasada. Y nada pasó. El 2 de octubre de 2005, el representante Carlos Alonso Lucio del M-19, hizo públicas varias grabaciones en las que conversan el director en Colombia de la DEA con sus superiores en Washington y en la que, según Lucio, se demuestra “la conspiración de la DEA contra el gobierno de Samper” y nadie explicó quién o qué entidad chuzó esa conversación, ni cómo obtuvieron la indagatoria de Santiago Medina. Sin embargo, todo se supo, pero nadie respondió judicialmente. El periódico La Prensa, dirigido valientemente por Juan Carlos Pastrana, denunció y publicó ampliamente esas irregularidades. Era la época del “mamola” para los que reclamaban trasparencia del gobierno.

Estos funcionarios del DAS del caso reciente, en lugar de andar a las escondidas en el tsunami mediático que les montaron los que en la década pasada estaban manejando y cerca del DAS de entonces, debieron darle la cara a los colombianos y entregar a la opinión pública todos los archivos e investigaciones que hicieron y enfrentar a los enemigos de nuestra estabilidad democrática. Debieron haber desnudado a esos que ahora fungen de adalides de la justicia y jueces. En realidad esa gente debería tener otra posición en los estrados judiciales.

La seguridad del Estado es una función estratégica y vital para cualquier país, que permite, sin mayor explicación, aplicar el inmediato desalojo de su territorio a quien consideren peligroso para su seguridad nacional y tener corticos en sus andanzas a personajes que mantengan nexos con Estados hostiles o grupos terroristas, porque de no hacerlo, por equivocados cálculos políticos que no van en este tema, sus resultados serian de un costo muy alto para el país y los ciudadanos. Con mayor razón se debe ejercer milimétricamente cuando se trata de elementos abiertamente hostiles con el sistema democrático al que con el crimen y el terrorismo han tratado de derrocar para imponerle al pueblo un sistema comunista, esclavista y genocida.

Pero que a raíz del asilo de la ex directora del DAS en Panamá, ciertos personajes hipócritamente se rasguen sus vestiduras y emitan alaridos de hienas escandalizadas por ese asilo. Eso produce nauseas. Eso de victimizarse cuando han guardo silencio frente a horribles escándalos, cuando han callado frente a asilos de lesa humanidad, frente a asilos de sindicados y procesados con los que tuvieron o tienen ocultas militancias y vergonzosos silencios, los deja en evidencia repugnante y pecaminosa. Los que hoy gritan por este asilo, personas y organizaciones, han guardado silencio cómplice en muchos casos, como los siguientes:

Caso Álvaro Leyva Durán. “En 1994 José William Romero, campesino de 70 años que movió más de $10.000 millones en su cuenta bancaria en cuatro meses, giró a su nombre un cheque por $49 millones. Romero era empleado de Jairo Aparicio Lenis, prófugo de la justicia acusado de enriquecimiento ilícito. Leyva dijo en indagatoria ante la Fiscalía que era un pago por la venta de unas volquetas a la empresa minera Cominco, de la cual Aparicio era socio. No obstante, no ha podido acreditar la existencia del contrato de compra-venta. Pocos días después de la declaración de Leyva, Aparicio sustentó esta versión ante una notaría en Ipiales. La Fiscalía le dictó a Leyva medida de aseguramiento. Leyva salió a México y luego a Costa Rica donde pidió asilo político. Ha sido acusado de ser "estafeta de la guerrilla" y ha sido citado a diversos juzgados para que explique sus vínculos con la subversión. Inclusive en 1991, el senador Armando Varona lo denunció por enriquecerse como mediador de secuestros.” En este caso, Leyva era amigo personal del presidente del momento, Andrés Pastrana. Sin embargo, se asiló aduciendo persecución política judicial. Y los escandalizados fariseos de hoy, guardaron humanitario silencio.

El caso de 'Hernán Ramírez', 'Miguel Díaz Pachi', 'Juan Antonio Rojas' y 'Olga Lucía Marín' se afirma que son vistos en Europa gozando de extraña protección política haciendo la acción internacional de las FARC y que en Carolina del Norte hay un grupo grandecito de colombianos, abiertos seguidores de las Farc, que posan de ecologistas. Ninguno de los escandalizados de hoy han dicho nada al respecto.

El caso de los asesinos de Gloria Lara de Echeverri. Las siguientes personas, miembros de una organización armada clandestina --Organización Revolucionaria del Pueblo, ORP--, de ideología comunista, algunos de ellos vinculados a la Universidad Nacional, fueron condenados en 1992 a 28 años de cárcel por el secuestro y asesinato atroz de la Directora de Acción Comunal, la señora Gloria Lara de Echeverri, ocurrida el 23 de junio de 1982 en Bogotá, Colombia. El 3 de octubre de 1983, contra toda evidencia en el proceso, pues habían confesado libremente el crimen, un juez ordenó su libertad. Esa medida fue revocada y ordenada la recaptura de los criminales un mes después por el Tribunal nacional, pero en diciembre del mismo año (1983) se supo que los asesinos se encontraban ya en Europa en calidad de “refugiados políticos” o sea asilados. De manera que fue imposible recapturarlos y, asilados, se establecieron en Europa. Sus abogados presentaron recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y esa institución, en forma inexplicable, dejó vencer los términos en 2002, sin resolver el recurso. Con ello el caso quedó sin sanción penal, pese a que esos criminales habían sido condenados a 28 años de prisión.

Estos son los nombres de los condenados-asilados: Hernando Franco D´Laytz (Universidad de París); Martha Filistrof de Franco (Suiza); José Miguel Gamboa López (Instituto Bruno Kreisky, Austria); Miguel Ángel Vargas; Gloria Medellín; Diana Giraldo; Graciela Inés Acosta ; Víctor Rojas (escribe poesía y recibe galardones de la academia sueca); Juan Tadeo Espitia Supelano; Freddy José Rivera Arboleda; Gilberto Antonio Rivera Mesa; Froilán Rivera Mesa (trabaja en Suecia en la ONU); Emperatriz Santander Cancino (se hace sandinista y vive en Nicaragua desde 1987); Robinson Rafael Rivera Arrieta; Rodrigo Alberto Penilla Candela; Betty Suárez; Enán Lora (se quedó en Colombia vinculado al GEGA, grupo que asesinó al candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado).

Se sabe que tienen nacionalidades de Dinamarca, Francia, Suecia, Austria y España. Se sabe también que los apoyan Amnistía España y la federación Española de derechos humanos, entre otras Ong. Organizaciones con las que mantienen estrecha relación las ong`s colombianas, cuyos miembros hoy rasgan sus vestiduras por el asilo de la ex directora del DAS. “La diplomacia de las FARC que les permite llevar su gente a Europa, se hace a través de unos abogados intermediarios. Es decir, hay unos tipos que se han especializado en derecho de emigración, y se encuentran en Suecia, España, Francia, Gran Bretaña. A esa gente ya la tiene contactada las FARC. Ellos les pagan a esos tipos, y a organizaciones como Amnistía Internacional y la Federación Española de Derechos Humanos, para presentar el caso como si se tratara de perseguidos políticos. Estos tipos que trabajan con las FARC, reciben los casos, les dan la plata y ellos los tramitan y les consiguen el asilo. Tienen muy bien montado el negocio, pues por cada trámite cobran alrededor de US$ 10.000.” (Gloria Lara. La Flor de la esperanza. Luz María Echeverri Lara, marzo de 2006).

El juez 16 superior, Enrique Alford, los dejó en libertad, el 3 de octubre de 1983, plasmando para la historia judicial de Colombia su militancia ideológica, lo que le aseguró la crítica de muchas personas, entre ellas el procurador Carlos Jiménez Gómez. Dos meses después, el Tribunal revocó la decisión de Alford y ordenó recaptura de los 18 autores del crimen de Gloria Lara. Pero ¡oh sorpresa!, ya estaban en Europa, gozando de excelente y oportuno asilo. Sin embargo Alford no acató la orden del Tribunal y no ordenó la recaptura de los criminales, hasta que el proceso pasó a manos de otra juez, la 39. En junio de 1985, extrañamente, el caso fue calificado por Alford, quien no llamó a los 18 criminales a juicio, pero en cambio, en julio de 1985, su nombre fue propuesto para formar parte de la Corte Suprema de Justicia. En aquella ocasión no alcanzó los votos necesarios. Cuatro meses después eran quemados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el ataque terrorista realizado por el M-19. Cría cuervos…

Enrique Alford, luego de unos años, llegó a la CSJ. En 1997 él era magistrado del Tribunal de Bogotá. El 7 de octubre de 1986, el Tribunal revocó la medida de Alford y llamó a juicio a los 18 criminales. Y el 20 de agosto de 1992 el Tribunal Nacional condenó a 28 años de prisión a todos los autores materiales del crimen de Gloria Lara. En 1995, el proceso fue a Casación ante la Corte Suprema de Justicia. El magistrado ponente fue Carlos E. Mejía Escobar y se nombró conjuez a Fernando Arboleda Ripoll, quien se inhabilitó por haber asesorado a los abogados defensores de los citados criminales, es decir a los abogados Alejandro Hernández y Gustavo Gallón, connotado “defensor de derechos humanos” del Cinep y de la Comisión Colombiana de Juristas. Finalmente se nombró un nuevo conjuez y escogieron nada menos que a Alfonso Gómez Méndez!!

En agosto de 1995 el proceso pasó a concepto de la Procuraduría. En mayo de 1997 el procurador Germán Pabón Gómez emitió concepto luego de dos años. En 1997 el nuevo magistrado ponente fue Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien tres años después decretó la prescripción del proceso, porque resulta que luego de ejecutado el auto de proceder el término de prescripción es de tan solo 10 años. Qué bien asesorados jurídicamente estaban esos criminales.

Como ominoso corolario, recordemos que el proceso llegó a la Corte Suprema de Justicia el 22 de febrero de 1995, un año y medio antes de su prescripción. De estas aberraciones, impunidades y descarados asilos no dijeron nada los hipócritas escandalizados de hoy. Esos hipócritas que siempre fomentaron la amnesia de nuestro pueblo y jugaron a la perenne impunidad que los cubre todavía.

Los brazaletes de la impunidad

El otorgamiento irregular de este beneficio depende de los jueces de ejecución de penas y los jueces de control de garantías. Al respecto, el director (e) de este organismo, Luis Felipe Henao, explicó que “si bien la vigilancia de los reclusos depende de nosotros, cuando un juez da la orden de entregar un dispositivo de vigilancia nosotros no estamos para cuestionarla, sino para cumplirla”.

Ante las evidentes irregularidades de parte de los jueces, este diario se comunicó con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres, quien prefirió no dar declaraciones “hasta tanto no me reúna en Sala Plena para conocer quiénes y por qué se están otorgando los brazaletes a personas sindicadas de delitos excluidos por la norma”.

RENÉ GUARÍN Y EL MONTAJE DE LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA

Por el Consejo Editorial de “Talante”

Todo el proceso contra los militares que salvaron el Estado de Derecho y rescataron no menos de 260 personas, de manos de las hordas criminales que asaltaron el Palacio de Justicia el 6 y 7 de Noviembre de 1985, se ha montado sobre el cuento de los desaparecidos de la cafetería.  Para ello han sido utilizados como idiotas útiles algunos medios de comunicación. No vale la pena mencionarlos. Los hemos leído con estupor.

A través de esos medios ha enseñado a los colombianos que los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia salieron con vida y ahora no aparecen, razón por la cual se deduce (sin indicio alguno) que el General Arias Cabrales y el Coronel Plazas Vega los secuestraron y desaparecieron. A esa calumnia los jueces la han llamado “inferencia”. Y con esa inferencia condenaron al Coronel Plazas a 30 años de prisión. Sin una sola prueba válida.

¿Cómo montaron el cuento? Mediante unas imágenes de televisión en las cuales se ve a unas figuras borrosas saliendo del Palacio de Justicia en brazos o al hombro de soldados o policías que los rescataban. Y quién hace el reconocimiento: dos personas René Guarín y Cesar Rodríguez.

LOS “RECONOCIMIENTOS DEL SECUESTRADOR DEL M-19”

René Guarín Cortés quien fue descubierto por los periodistas Ricardo Puentes Melo y Claudia Morales de RCN radio, como miembro del M-19 y autor de secuestros, indultado simultáneamente con los autores intelectuales del asalto al Palacio de Justicia en 1992, es el hermano de la supuesta desaparecida Cristina Guarín Cortés.

Guarín aceptó en el programa de radio “la W” de Julio Sánchez Cristo,  que había sido guerrillero del M-19. Y en el diario El Espectador, reconoció no solo haber  secuestrado al industrial Jorge Valencia Ángel, el 27 de mayo de 1988, sino el robo de por lo menos un automotor, y el asalto a un banco. Reconoció además el porte ilegal de armas cometido en la casa de sus padres.

Los periodistas que investigaron lo que la “Fiscal de hierro” Ángela María Buitrago no investigó, descubrieron que Guarín fue capturado con la carabina M-1 y 130 cartuchos de dotación del policía Jesús Antonio Villamil, asesinado el 06 de agosto de 1986  en asalto del M-19 a Nemocón (Cund). En ese asalto el M-19 asesinó a  tres policías y un cabo del Ejército y dejó dos civiles heridos.

Pues bien, ese personaje René Guarín  Cortés es una de las dos personas que dice reconocer varios “desaparecidos” en el Palacio de Justicia. La otra es Cesar Rodríguez, hermano de otro de los “desaparecidos”: Carlos Augusto Rodríguez Vera.

René Guarín reconoce a

·        1.- Cristina Guarín Cortés

·        2.- Carlos Augusto Rodríguez Vera

·        3.- Bernardo Beltrán Hernández

·        4.- Héctor Jaime Beltrán Fuentes

·        5.- David Suspes Celis

·        6.- Gloria Stella Lizarazo

Estos falsos reconocimientos unidos a los de Cesar Rodríguez Vera, son los que le permiten a la Justicia Colombiana afirmar que está “plenamente comprobado” que esas personas salieron con vida. ¡No hay nada más! La Justicia no reparó en que esos dos testimonios pueden ser falsos. De hecho el testimonio de Guarín debe descartarse por evidente interés en proteger al  movimiento M-19, responsable del fallecimiento de los empleados de la cafetería según el Tribunal Especial de Instrucción en su cláusula decimo séptima del informe presentado a la Corte Suprema de Justicia del 31 de mayo de 1986, sobre los hechos del Palacio de Justicia. Informe que en forma inexplicable los nuevos operadores judiciales de este proceso desde 2005, han desconocido. 

LOS CONCEPTOS DE LOS PROCURADORES

Los Procuradores Jesús Villabona Barajas en el juicio del Coronel Alfonso Plazas y Hernán Suarez Delgado en el juicio del General Arias Cabrales, coinciden en afirmar que no hay una sola persona que reconozca como rescatadas del Palacio de Justicia, a tres de las “desaparecidas”, luego murieron al interior del Palacio. Ellas son:

1.- Norma Constanza Esguerra

2.- Luz Mary Portela León

3.- Gloria Anzola de Lanao.

NUBIA STELLA HURTADO TORRES TAMBIEN SE RECONOCE

Nubia Stella  Hurtado Torres funcionaria rescatada por las tropas del Palacio de Justicia frente al video de otra “desaparecida” dice: esa no es ninguna desaparecida, esa soy yo. Se trata de

·        Lucy Amparo Oviedo Bonilla.

Recordemos que en una diligencia presidida por la “ex Fiscal de hierro” Ángela María Buitrago, el abogado José Vicente Pedraza, defensor del Coronel Plazas, renunció al descubrir que con la anuencia de la Fiscal se estaba insinuando a la declarante Nubia Stella Hurtado que no se identificara cuando saliera su imagen en la televisión. La renuncia del abogado por considerar que no hay garantías para la defensa quedó en el proceso.

Es un caso igual al de la ascensorista del Palacio María Nelfi Díaz quien se ha reconocido reiteradamente en más de siete ocasiones a lo largo de estos 25 años, frente a una imagen que René Guarín identifica su hermana Cristina Guarín.

DESAPARECIDA DURANTE 16 AÑOS

Una empleada de la cafetería del Palacio de Justicia figuró como desaparecida hasta el año 2001, cuando fue identificado su cadáver con pruebas de ADN dentro de los exhumados de una fosa común del Cementerio del Sur al cual fueron llevados los restos de 36 fallecidos en el Palacio de Justicia, por no estar identificados o no reclamados en Noviembre de 1985, se trata de:

·        Ana Rosa Castiblanco

Sus restos fueron entregados a la familia mediante Acta, el primero de noviembre de 2001. Sin embargo René Guarín la tiene incluida entre las fotografías que colocan con el letrero de “Sin Olvido” que él mismo organiza y arenga en cada diligencia judicial contra los militares.  Olvida eso sí el señor Guarín, cuando pregunta donde están los desaparecidos, que los restos de la señora Castiblanco, víctima del M-19, movimiento al cual él perteneció y en el cual delinquió y atropelló a la sociedad, ya se sabe donde están.

Con relación a las once personas anteriormente relacionadas hay una coincidencia: nadie las vio en la casa del florero, lugar al cual hubieran llegado, de ser cierto que salieron con vida, puesto que allí llegaban todos los rescatados, y al respecto fueron interrogados los más de 260 rescatados con vida en aquella ocasión.

Finalmente hay otra persona que figuró como desaparecida hasta el año de 1988, cuando apareció en México: Clara Helena Enciso. Era una de las terroristas del M-19 que asaltó el Palacio de Justicia, y fue responsabilizada por tres Jueces, por delitos de Lesa humanidad cometidos en esa ocasión contra los Magistrados y funcionarios de la Justicia Colombiana.

Figuró como desaparecida y se responsabilizó de su desaparición al General Arias Cabrales y al Coronel Edilberto Sánchez Rubiano. En esa época no se estaba inculpando de desapariciones al Coronel Plazas Vega, pues todavía no se había desempeñado como Director Nacional de Estupefacientes, cargo en el cual le propinó serios golpes a los bienes y las finanzas de los narcotraficantes.

OTROS ASUNTOS SOBRE RENE GUARIN

1.- Que estuvo preso en la cárcel nacional modelo hasta el año de 1992 cuando se acogió a la amnistía ofrecida al M-19 en virtud de la Ley 77 de 1989.

2.- Que iba en compañía de María Antonia Espitia Barrero, residenciada en Zipaquirá, barrio Bolívar 83 fortín del M-19, del grupo de Gustavo Petro Urrego.

3.- Que el 28 de noviembre de 2005 el Ejército abatió a dos guerrilleros de las FARC en Colombia (Huila), les encontró una USB y cuatro cuadernos, en los cuales figuraban los nombres de miembros de las FARC, con tareas de proselitismo en la Universidad Nacional, entre ellos María Antonia Espitia Barrero actual docente en dicho claustro. En esos cuadernos se les relaciona con el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (patrocinado por Hugo Chavez) y el Partido Comunista Colombiano Clandestino (PC3), que es la dirigencia política de las FARC.

6.- René Guarín Cortés estuvo preso en la cárcel modelo de Bogotá, por el delito de “Concierto para delinquir”, artículo 7 del Decreto 180 de 1988, por orden del Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá, sumario No. 06 del 10 de junio de 1988.

7.- El Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá en oficio 47017 del 17 de Enero de 1989 solicita su captura por el proceso señalado en el numeral anterior, y adicionalmente otro proceso, circular 11 del 23-Ene-89.

8.- Cristina Guarín, siendo abogada graduada en la Universidad Nacional, se empleó como cajera de la Cafetería del Palacio pocos días antes de la toma por el M-19:

“yo tenía 22 años, mi hermana 26, …durante los 36 días que ella  trabajó allí varias veces fui a recogerla cuando salía de trabajar, pude así conocer a Bernardo Beltrán y Héctor Jaime Beltrán, es de aclarar que yo conocía años atrás a Carlos Rodríguez Vera y por su mamá María Helena llegó mi hermana a trabajar a la cafetería. María Helena la mamá de Carlos llama a mi mamá a comentarle que Carlos está administrando la cafetería del Palacio y que su esposa Cecilia entra a licencia de maternidad…y propone que Cristina vaya allí. Mi hermana en principio no quería aceptar eso. Ella tenía previsto irse para España a hacer un post grado…pero finalmente acepta…mientras le sale la beca…” (cuaderno 11, proceso 9755, folio 196)

La pregunta es:

Pueden considerarse válidas los reconocimientos de René Guarín, para abrir un proceso por “secuestro” y “desaparición forzada”, pasando por encima de:

·        La investigación del Tribunal Especial de Instrucción firmada por dos Magistrados después de una completa investigación, adobada por el principio de la inmediatez, la cual establece que esas personas murieron en el cuarto piso?

·        La Resolución de Acusación del Juez 30 de Instrucción Criminal que considera que una de las supuestas desaparecidas, está muerta y según el dictamen del médico forense se trata de Norma Constanza Esguerra, sepultada equivocadamente como el Magistrado “Pedro Elías Serrano Abadía”, cadáver que tiene el “útero no preñado, carbonizado”?

·        Las siete veces que en más de 20 años, ante Jueces, Fiscales y Procuradores, María Nelfi Díaz, ascensorista rescatada por las tropas se reconoce a sí misma en los videos afirmando: “esa soy yo” y no Cristina Guarín?

·        La evidencia en el proceso de que nadie vio a ningún trabajador de la cafetería del Palacio en la casa del Florero, luego nunca salieron vivas. Y ahora figuran como desaparecidas, por el reconocimiento que hace el secuestrador del M-19 René Guarín?

¿Qué espera la Justicia Colombiana, para declarar de oficio la nulidad de todo el proceso contra el General Jesús Armando Arias Cabrales y el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, cuando ha quedado desvirtuado que hay desaparecidos?

¿Qué espera la Justicia Colombiana para hacer una investigación seria sobre los cadáveres que tanto tiempo permanecieron en el laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional en flagrante violación de la Ley, y que solo hasta Octubre de 2009 y a escondidas de los abogados defensores de los militares los regresaron al Instituto de medicina Legal y Ciencias Forenses, lugar donde han debido permanecer por estar  cobijados por procesos penales que no han concluido?

Los colombianos no entendemos porque están presos los oficiales mencionados. ¿O es que la Justicia nos quiere demostrar que su poder es tan grande que pueden mantener privado de la libertad a un inocente y condenarlo sencillamente porque así lo desean los operadores judiciales?

¡Qué vergüenza! Como decía el diario El Colombiano de Medellín. 

Cuatro gazapos

Por José Obdulio Gaviria

¿Será permitido cazar gazapos al presidente de la Corte y al "periodista del año"? ¿O eso me lo incluirán en la calificación de 'complot para desprestigiar' a la justicia?

En el 'gobierno de los jueces' y del 'cuarto poder', no nos queda a los díscolos más que hablar y luego acurrucarnos, a ver si los varillazos judiciales, en forma de autos, y el vituperio del "mejor periodista del año" nos pasan por encimita.

En Radio Caracol, Jaime Arrubla, presidente de la Corte, dijo desde Santa Marta (bello sitio del mar en donde se realizan alegres seminarios académicos), que la Constitución colombiana es muy joven y que no es tiempo de convocar Constituyentes, dizque porque son para "transformar toda su estructura". "La Constitución norteamericana es viejísima y tiene veinte enmiendas; es de 1776, redactada por Franklin", remató.

¡Cuatro gazapos junticos; grandes como una catedral, y el mejor periodista de Colombia ni se enteró! Fue aprobada en 1787 y rigió en 1789, cuando nueve Estados, de los trece, la adoptaron. De 1776 es la Declaración de Independencia. Ahí sí metió la mano Franklin (con Jefferson y Adams) y se nota. En mi opinión, en belleza y sabiduría, sólo la supera el Sermón de la Montaña.

"El último discurso a la Convención", pronunciado por Franklin, es la apoteosis de la tolerancia y el sentido común. Pero el cerebro, el redactor, el gran componedor entre las tendencias de la Convención, fue James Madison. Acertaron Wilkie y Moseley al nombrar la biografía novelada del gran jurista, así: Madison, El Padre de la Constitución norteamericana.

Van veinte enmiendas, dijo Arrubla. ¡No! Fue el segundo gazapo. Y el "mejor periodista" ni se 'mosquió'. ¡Veintisiete!, seamos precisos. Luego pontificó: si una Constitución es joven no se debe cambiar, como en el caso norteamericano. ¡Gazapo!: las enmiendas no dependen de la juventud de un texto, sino de la necesidad y conveniencia. Los norteamericanos aprobaron las primeras diez enmiendas en 1791 (la Carta ni llevaba dos años de vigencia).

Muchos elementos explican la permanencia y solidez de las instituciones norteamericanas. Bolívar ensayó, en el Discurso de Angostura, este: "Cuanto más admiro (la Constitución Federal), tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación (en Venezuela). Según mi modo de ver, es un prodigio que su modelo (USA) subsista tan prósperamente (...) Aunque este pueblo es único en la historia del género humano, es un prodigio, repito, que un sistema tan débil y complicado (el federal) haya podido regirlo".
Algo que explicaría la relativa inmutabilidad de la Constitución Federal norteamericana es que las que han sufrido cambios numerosos y constantes son las Constituciones y leyes de los Estados.

El cuarto gazapo fue sobre el carácter de una Asamblea Constituyente en el actual título XIII de nuestra Carta. ¡No! No es como dice Arrubla, "para transformar toda su estructura. Es un cheque en blanco que no sabe uno dónde va a comenzar y dónde va a terminar".

El artículo 376 dice que "Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine (...). A partir de la elección, quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones".

La Constituyente es hoy un mecanismo ordinario de reforma. No confundirlo con lo de 1990. Y es mejor que no se conjeture ni suelten suspicacias. La Corte bloqueó al Estado y eso hay que resolverlo. Yo, modestamente, propongo releer a Loewenstein.

¡La Justicia perdió el año!

El Colombiano, Medellin.

16 de octubre de 2010

La justicia en Colombia es ineficiente. Y no porque lo digan los críticos de la Rama Judicial y de las Altas Cortes sino porque así lo concluye el informe sobre el Índice del Estado de Derecho 2010, presentado en Washington por el grupo World Justice Project, estudio en el que se analizan los aciertos y errores en la administración de justicia en 35 países, incluyendo siete de América Latina. Colombia recibe una baja calificación ya que obtuvo el puesto número 31, ocupando Suecia el primer lugar en eficiencia judicial, uno de los diez aspectos analizados.

Preocupa de manera especial la inoperancia del sistema penal colombiano puesto que figura entre los menos eficaces de América Latina, dadas las graves fallas que presenta la investigación criminal. Es tal la impunidad en Colombia que en el año 2009 tan sólo el cuatro por ciento de los casos por robo recibió castigo, frente al promedio del 12 por ciento del resto de los países.

Llama también la atención la percepción de la gente en el tema de la corrupción, ya que nuestro país se ubicó en el lugar 22 entre los mismos 35. Pero sorprende aún más que el 60 por ciento de las 1000 personas consultadas en Bogotá, Medellín y Cali, durante el desarrollo del informe en septiembre del año pasado, crean que los medios de comunicación no están en libertad de cuestionar las acciones y políticas del Gobierno.

Estas percepciones ciudadanas, aunadas a la propia del Gobierno colombiano, hacen cada vez más urgente la aprobación de una reforma judicial estructural que permita una justicia pronta y efectiva para todos. Ya los diagnósticos están dados, y varios estudios, nacionales e internacionales, la recomiendan. Entonces, ¿por qué no aprobarla cuanto antes?

Si bien es plausible el deseo del Presidente Juan Manuel Santos de llegar a un acuerdo con las Altas Cortes para lograr un texto único de la reforma, no vemos viable este camino. Es claro que el Consejo Superior de la Judicatura no está dispuesto a acoger la iniciativa del Ejecutivo de suprimirlo para reemplazarlo por un Consejo Superior Judicial. Además, son evidentes las múltiples discrepancias entre los Altos Organismos judiciales sobre la regulación de la tutela y el llamado choque de trenes, por lo que no parece factible un rápido acuerdo entre ellos.

Y mientras tanto Colombia es catalogada por sus mismos ciudadanos y por organismos internacionales, como uno de los países del mundo con mayor ineficiencia en su administración de justicia. Pero cómo no serlo, si la misma Corte Suprema da muestras irrefutables de morosidad. ¿Cuánto lleva con Presidente encargado? ¿Por qué no ha nombrado al magistrado de la Sala Laboral? Y ni qué decir de su nula efectividad para elegir al Fiscal General de la Nación. ¡Una vergüenza en la historia judicial!

Sin embargo, reiteramos que la reforma no sólo debe referirse a la estructura, funciones y periodos de la cúpula de la Rama judicial, sino a lo que los colombianos demandan con urgencia: una justicia fuerte, eficaz, que combata la congestión judicial, que luche contra la violencia y la impunidad, y que tenga los recursos humanos, técnicos y presupuestales suficientes. Creemos que el Gobierno, con acuerdo o sin acuerdo con las Altas Cortes, tiene que impulsar esta reforma judicial estructural ante el Congreso. ¡Es hora de que la Justicia colombiana alcance buenas notas!

Al magistrado Arrubla

Por Salud Hernández-Mora

No acudí a la conciliación de la demanda de injuria y calumnia que usted me puso (después lo dejó en injuria), por algo sencillo: no recibí la convocatoria. Conocí por la radio, hace unas semanas, que me había demandado, igual que supe de mi ausencia a dicha audiencia por la página de Internet de una emisora, estando yo en Quito. No me quejo, son muchos los colombianos que se enteran de sus problemas con la Justicia por los medios de comunicación porque la filtración para generar espectáculo se ha vuelto la norma.

Es la novena demanda que afronto y en todas las anteriores me llegó perfecto la citación, como le expliqué el viernes a la Fiscal encargada. Fui a cada conciliación, incluso a la que convocaron por la demanda que por injuria y calumnia presentó contra mí el jefe paramilitar de Sucre, hoy fallecido, alias 'Cadena'. Pude haberme evitado esa vuelta ya que entonces ese criminal, iracundo porque lo llamé criminal, era prófugo de la Justicia; como era obvio, no llegaría.

Y no le cuento las veces que me convocó el fiscal que llevaba la demanda, por el mismo delito, del ex gobernador Hernando Molina, hoy condenado por 'parapolítica' y entonces un dirigente que pretendía que yo rectificara porque escribí que contaba con el apoyo de 'Jorge 40'. Advertí desde el primer momento que no cambiaría mi versión, pese a lo cual nunca falté a las citas.

En las ocasiones en que no pude estar presente, siempre me excusé. Por tanto, contrario a lo que alega, yo sí respeto la Justicia, la misma que algunos de sus miembros denigran con su comportamiento.

Usted me lleva a los tribunales porque escribí que cantó en las veladas que organizaba Giorgio Sale para los magistrados. No entiendo su empecinamiento en seguir con este procedimiento judicial que le hace perder el tiempo a la institución. Usted estuvo en las catas a las que invitaba y pagaba quien entonces era solo un empresario italiano. Fue después que conocimos su actividad narcotraficante. Por tanto, no era un delito compartir con él y eso jamás lo afirmé. Mi tesis, que sostuve desde antes de aparecer el famoso paseo a Neiva, es que los magistrados de las altas cortes no deben dejarse manosear por nadie. Aceptar que les paguen comidas y viajes personajes de toda índole es, a mi juicio, aparte de una torpeza, una inmoralidad. Y lo sigo pensando.

Sé que tengo perdida la batalla porque a ustedes les perdonan sus pecados por haber enjuiciado a los 'parapolíticos'. Pero ni siquiera eso merece un reconocimiento, aunque a mí también me parezca bueno. Actuaron, sí, pero tarde, cuando el país estaba regado de fosas. Y tampoco por propia iniciativa, sino por investigaciones periodísticas y porque la Ley de Justicia y Paz puso a declarar a decenas de jefes 'paracos'.

Aunque no lo crea, escribí lo que a usted ofende porque pienso que el poder judicial debería ser inmaculado y discreto. Y en los últimos tiempos los conflictos internos de la Corte han dejado sus inconsistencias al desnudo, incapaz de elegir a su presidente (usted es encargado), al Fiscal, de llenar sus vacantes; con varios de sus miembros viajando a la dictadura china (¿supieron del Nobel de Paz?) y otros haciendo un curso en Barcelona. Una creía que la Corte Suprema era la culminación de una carrera y no una estación más.

Dice usted que mi injuria es más grave que las chuzadas del DAS. En fin, como le creo una persona de bien, sé que su conciencia le dirá que no es bueno utilizar un cargo tan vital y las demandas para satisfacer ambiciones personales. Ya que el Gobierno acabó con la diplomacia del micrófono, deberían seguir su ejemplo y regresar al silencio de sus despachos, donde languidecen los procesos que de verdad importan a los colombianos.

Cancelan capturas contra cuatro presuntos integrantes de la red de alias 'Don Mario'

Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá había dejado sin piso jurídico la investigación contra estas personas, testigos clave en la investigación contra el ex director de Fiscalías de Medellín Guillermo Valencia Cossio por sus vínculos con narcoparamilitares. 

Por esta razón la Fiscalía decidió cancelar las órdenes de captura que pesaban contra Jhon Fredy Manco Torres, alias 'El Indio; Camilo Gómez Martínez, alias 'Fritanga'; Miguel Ángel Pérez Fermín y Diego Luis Torres. 

No obstante en los próximos días se deberá resolver una tutela interpuesta por el Ministerio Público contra la decisión de segunda instancia, y una vez sea resuelta, un fiscal de la Unaim volverá a presentar los elementos probatorios contra estas personas por la Ley 906 (nuevo sistema penal). 

El fundamento principal de la Fiscalía para anular la investigación contra los sindicados de narcotráfico, señalaba que, por la época de los acontecimientos, el proceso debió adelantarse a través del nuevo sistema penal acusatorio, que entró en vigencia en 2004, y no por el llamado sistema mixto. 

Alias 'El Indio' fue desvinculado del organigrama de la red criminal de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', presuntamente por ayuda de la Policía y la Fiscalía de Medellín, en cabeza del hermano del ex ministro Fabio Valencia Cossio, quien habría tenido nexos con Felipe Sierra, empresario antioqueño vinculado con el ex cabecilla paramilitar. 

La guerra jurídica

Por Enrique Gómez Hurtado

Dentro del campo abierto del concepto maoísta que afirma la necesidad de utilizar “todas las formas de lucha”, sin tener en cuenta ningún principio moral, ético o de interés para la sociedad, la utilización de la “guerra jurídica” se ha convertido, quizá, en el principal instrumento que hoy utiliza el narco-terrorismo subversivo.  Es hoy la “forma de lucha” principal. En un país en el que esté vigente el concepto de Estado de Derecho, la utilización deshonesta y tramposa de un poder judicial connivente con el delito y ampliamente contaminado por los muchos productos corruptores que genera hoy nuestro organismo social, está produciendo amplios resultados favorables a quienes tienen como tarea el derrumbamiento de la institucionalidad, para luego colocar en su remplazo la entelequia  de la revolución marxistoide, que necesariamente ha de fracasar y que aquí, como en tantos lugares, principia por crear el desorden necesario que se convierte en campo adecuado para el fortalecimiento del narcoterrorismo, siempre con disfraz político.

La seguridad democrática ya no tiene como principal adversario a los grupos armados, hoy gravemente quebrantados por la acción de las fuerzas armadas y el rechazo por parte de una ciudadanía que, gracias al esfuerzo de ellas, ha encontrado la libertad para manifestarlo. El enemigo más eficaz y peligroso lo vemos claramente instalado en los campos de batalla de la bien denominada “guerra jurídica”, en los que las fuerzas de la democracia están perdiendo la mayor parte de los encuentros, con el efecto profundamente desmoralizante de la sensación de desamparo y, en casos, de abierta hostilidad, que quienes están en el frente de la lucha sienten cuando se dan cuenta de que el Estado Institucional por el cual combaten, los ataca por la espalda, utilizando precisamente los instrumentos que, gracias a su heroico esfuerzo, aún conserva en su poder. No debemos perder de vista que el  poder judicial es uno de los tres componentes fundamentales del régimen democrático y, por lo tanto, si es utilizado como instrumento para destruirlo, la eficacia de estas acciones, que se generan dentro del Estado mismo, es inmensamente superior a lo que pueda lograrse atacándolo desde afuera.

Quienes adelantan esta tarea están colocados en los principales puestos estratégicos para lograr sus propósitos. Desde ellos provienen los aberrantes procesos adelantados contra el General Arias Cabrales, el Coronel Plazas y todas las flagrantes injusticias que pueden encontrarse la infame investigación de los hechos del Palacio de Justicia (la fiscal que las cometió ha sido “removida” del cargo, para que pueda aspirar a la Corte Suprema). También el proceso sobre el incidente de Santo Domingo, en el Meta, que sirvió de pretexto para inventar un “falso positivo” (¿genocidio?), completamente montado sobre pruebas y testimonios producidos en la “fabrica” de los mismos, que para el efecto operan los “colectivos” y demás adláteres que “combaten” en la guerra jurídica. En el infundio han sido implicados miembros de la Fuerza Aérea que no hicieron cosa distinta a cumplir con su deber. Y esto sólo a manera de ejemplo, porque el ataque es general y abierto y la connivencia de la justicia cada vez más amplia. Se ha logrado ensombrecer así la actividad militar con indudable eficacia inhibitoria para su acción.

Ya nos anuncia el tal “colectivo de abogados”, instrumento fundamental en esta campaña, la apertura de procesos contra altos funcionarios del Estado, empezando por el presidente Uribe. La improcedente denuncia es de presumir que será aceptada y con ello obtienen los conspiradores una noticia de carácter mundial, con altos efectos desestabilizadores. La amenaza es seria. Cuentan los demandantes, de antemano, con la colaboración de no pocos jueces y fiscales, con la facilidad adquirida para que se acepten toda clase de falsos testimonios y versiones de hechos que jamás sucedieron y cuantos elementos probatorios sea necesario inventar para lograr sus propósitos. Los procesos que se adelantan en torno a la compensación a las víctimas se han convertido en otro pingüe negocio de los empresarios de la guerra jurídica, por medio del cual obtienen las importantes sumas que se le extraen un Estado que no se sabe defender. La maquinaria montada por abogados y miembros del poder judicial carcome con grande eficacia las bases de la institucionalidad democrática y se financia y lucra con ello.

La tarea encaminada a fortalecer la subversión y debilitar la capacidad de reacción de las instituciones democráticas está logrando que las fuerzas armadas se encuentren enfrentadas a la gravísima perspectiva de que cualquier operación que lleven a cabo será convertida inmediatamente en un “falso positivo”, con las falsas denuncias necesarias, que requiere todo un proceso defensivo de efectos paralizantes, estimuladas en no pocas ocasiones por el aparato judicial connivente.

Se pretende, y parcialmente se está logrando, convencer a la opinión, sobre todo la internacional que no está en capacidad de juzgar, de que la acción de nuestras fuerzas armadas tiene motivos aviesamente criminales y que requieren prueba en contrario para demostrar su inocencia. Creada esa atmosfera, el trabajo destructivo de abogados y jueces se facilita grandemente. Lo estamos viendo en los últimos días: el narco-terrorismo ha incrementado notoriamente su acción violenta (¿notificación  al presidente Santos?) y cuenta de antemano con que no faltará un “colectivo” que cumpla con su encargo de judicializar de inmediato a quienes cometan la “arbitrariedad” de salir a defender a Colombia.

Hay 635 jueces investigados por otorgar liberaciones polémicas, pero aún no hay decisiones de fondo

El último escándalo por liberaciones polémicas ordenadas por los jueces de garantías llevó incluso a que el procurador Alejandro Ordóñez planteara que se decrete la Conmoción Interior, para ajustar las normas e impedir que el exceso de garantías termine jugando a favor de los delincuentes.

Mientras el Consejo Superior de la Judicatura notificaba públicamente a la jueza 11 de Garantías de Bogotá, Marleny Contreras, que será investigada por ordenar la libertad de 25 supuestos traficantes de armas, con el argumento de que las capturas se hicieron antes de las 6 a.m., Ordóñez señaló que hay "una situación casi sistemática que lacera la credibilidad del ordenamiento jurídico".

Aunque el Gobierno descartó de plano la Conmoción, sí anunció que buscará una reforma para que no haya necesidad de justificar los allanamientos entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. "Los delincuentes no paran sus actividades a las 6 de la tarde", cuestionó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.

Según la Judicatura, este año han recibido 12 mil denuncias por presuntas irregularidades en decisiones de jueces. De ese número, tan solo en 635 casos se han encontrado méritos para abrir investigaciones, pero en ninguno hay decisiones de fondo. Del total, 306 procesos son por beneficios a involucrados en delitos graves como narcotráfico y homicidios.

Que se investigue

El presidente Juan Manuel Santos pidió ayer desde Nueva York -donde se llevará a cabo la Asamblea General de la ONU- al Consejo Superior de la Judicatura que actúe "de forma clara, contundente y determinante" para aclarar qué fue lo que pasó.

Frente al caso, el fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago, reconoció que no se justificó adecuadamente en la audiencia el procedimiento y que la argumentación "fue parca y escasa". Además confirmó el relevo del fiscal que tenía el caso.

Según Mendoza, "lo cierto es que había evidencias de que los investigados podían escapar ante algún indicio sobre una captura. La ley dice que se debe suponer, no probar que puede haber fuga".

Aceptaron cargos seis de los diez miembros de la Fuerza Pública procesados

La Jueza 11 de Control de Garantías de Bogotá ordenó este miércoles, por solicitud de la Fiscalía, mantener la detención preventiva de 10 de los 34 presuntos integrantes la organización que vendía armas y munición a grupos al margen de la ley, entre ellos las Farc.

Seis de los diez detenidos aceptaron cargos en audiencia que terminó a las 2:00 de la mañana de este jueves.

El Fiscal Especializado de la Unidad Antiterrorismo, Miguel Olaya Cuervo, indicó que estas seis personas serían condenadas por los delitos de fabricación, porte y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y concierto para delinquir agravado.

En los próximos seis meses un juez de conocimiento dictaría la condena.

El mismo Fiscal también señaló que, en las interceptaciones realizadas durante la investigación, se pudo evidenciar que presuntamente el material bélico iba con destino al frente 36 de las Farc.

Por su parte, los cuatro procesados que no aceptaron, se les tendrá que radicar el escrito de acusación en los próximos 30 días y de esta manera continuar con las diligencias judiciales para iniciar su proceso de juicio oral.

La red era liderada por Luís Horacio López alias 'Gafas', quien se encargó de hacer los contactos con los miembros de la Fuerza Pública.

Sin embargo, 'Gafas', fue liberado el pasado martes junto con las otras 24 personas implicadas en el proceso puesto que los allanamientos en los que fueron capturados no cumplían con los requisitos legales.