El Colombiano, Medellin.
16 de octubre de 2010
La justicia en Colombia es ineficiente. Y no porque lo digan los críticos de la Rama Judicial y de las Altas Cortes sino porque así lo concluye el informe sobre el Índice del Estado de Derecho 2010, presentado en Washington por el grupo World Justice Project, estudio en el que se analizan los aciertos y errores en la administración de justicia en 35 países, incluyendo siete de América Latina. Colombia recibe una baja calificación ya que obtuvo el puesto número 31, ocupando Suecia el primer lugar en eficiencia judicial, uno de los diez aspectos analizados.
Preocupa de manera especial la inoperancia del sistema penal colombiano puesto que figura entre los menos eficaces de América Latina, dadas las graves fallas que presenta la investigación criminal. Es tal la impunidad en Colombia que en el año 2009 tan sólo el cuatro por ciento de los casos por robo recibió castigo, frente al promedio del 12 por ciento del resto de los países.
Llama también la atención la percepción de la gente en el tema de la corrupción, ya que nuestro país se ubicó en el lugar 22 entre los mismos 35. Pero sorprende aún más que el 60 por ciento de las 1000 personas consultadas en Bogotá, Medellín y Cali, durante el desarrollo del informe en septiembre del año pasado, crean que los medios de comunicación no están en libertad de cuestionar las acciones y políticas del Gobierno.
Estas percepciones ciudadanas, aunadas a la propia del Gobierno colombiano, hacen cada vez más urgente la aprobación de una reforma judicial estructural que permita una justicia pronta y efectiva para todos. Ya los diagnósticos están dados, y varios estudios, nacionales e internacionales, la recomiendan. Entonces, ¿por qué no aprobarla cuanto antes?
Si bien es plausible el deseo del Presidente Juan Manuel Santos de llegar a un acuerdo con las Altas Cortes para lograr un texto único de la reforma, no vemos viable este camino. Es claro que el Consejo Superior de la Judicatura no está dispuesto a acoger la iniciativa del Ejecutivo de suprimirlo para reemplazarlo por un Consejo Superior Judicial. Además, son evidentes las múltiples discrepancias entre los Altos Organismos judiciales sobre la regulación de la tutela y el llamado choque de trenes, por lo que no parece factible un rápido acuerdo entre ellos.
Y mientras tanto Colombia es catalogada por sus mismos ciudadanos y por organismos internacionales, como uno de los países del mundo con mayor ineficiencia en su administración de justicia. Pero cómo no serlo, si la misma Corte Suprema da muestras irrefutables de morosidad. ¿Cuánto lleva con Presidente encargado? ¿Por qué no ha nombrado al magistrado de la Sala Laboral? Y ni qué decir de su nula efectividad para elegir al Fiscal General de la Nación. ¡Una vergüenza en la historia judicial!
Sin embargo, reiteramos que la reforma no sólo debe referirse a la estructura, funciones y periodos de la cúpula de la Rama judicial, sino a lo que los colombianos demandan con urgencia: una justicia fuerte, eficaz, que combata la congestión judicial, que luche contra la violencia y la impunidad, y que tenga los recursos humanos, técnicos y presupuestales suficientes. Creemos que el Gobierno, con acuerdo o sin acuerdo con las Altas Cortes, tiene que impulsar esta reforma judicial estructural ante el Congreso. ¡Es hora de que la Justicia colombiana alcance buenas notas!
