lunes, 29 de noviembre de 2010

Asilos e impunidades

Por Fernando Vargas.


El tema sobre las “chuzadas” del DAS hubiese merecido unos protagonistas con más criterio y menos susto. Seguramente otra cosa hubiese sido este episodio con los directivos de la década pasada de los 90´s. Esos sí sabían para qué era el DAS y para qué servía tener ese poder en sus manos. Lo de las chuzadas es cuento viejo y a muchos nos chuzaron y nos persiguieron con saña criminal desde el DAS, en la década pasada. Y nada pasó. El 2 de octubre de 2005, el representante Carlos Alonso Lucio del M-19, hizo públicas varias grabaciones en las que conversan el director en Colombia de la DEA con sus superiores en Washington y en la que, según Lucio, se demuestra “la conspiración de la DEA contra el gobierno de Samper” y nadie explicó quién o qué entidad chuzó esa conversación, ni cómo obtuvieron la indagatoria de Santiago Medina. Sin embargo, todo se supo, pero nadie respondió judicialmente. El periódico La Prensa, dirigido valientemente por Juan Carlos Pastrana, denunció y publicó ampliamente esas irregularidades. Era la época del “mamola” para los que reclamaban trasparencia del gobierno.

Estos funcionarios del DAS del caso reciente, en lugar de andar a las escondidas en el tsunami mediático que les montaron los que en la década pasada estaban manejando y cerca del DAS de entonces, debieron darle la cara a los colombianos y entregar a la opinión pública todos los archivos e investigaciones que hicieron y enfrentar a los enemigos de nuestra estabilidad democrática. Debieron haber desnudado a esos que ahora fungen de adalides de la justicia y jueces. En realidad esa gente debería tener otra posición en los estrados judiciales.

La seguridad del Estado es una función estratégica y vital para cualquier país, que permite, sin mayor explicación, aplicar el inmediato desalojo de su territorio a quien consideren peligroso para su seguridad nacional y tener corticos en sus andanzas a personajes que mantengan nexos con Estados hostiles o grupos terroristas, porque de no hacerlo, por equivocados cálculos políticos que no van en este tema, sus resultados serian de un costo muy alto para el país y los ciudadanos. Con mayor razón se debe ejercer milimétricamente cuando se trata de elementos abiertamente hostiles con el sistema democrático al que con el crimen y el terrorismo han tratado de derrocar para imponerle al pueblo un sistema comunista, esclavista y genocida.

Pero que a raíz del asilo de la ex directora del DAS en Panamá, ciertos personajes hipócritamente se rasguen sus vestiduras y emitan alaridos de hienas escandalizadas por ese asilo. Eso produce nauseas. Eso de victimizarse cuando han guardo silencio frente a horribles escándalos, cuando han callado frente a asilos de lesa humanidad, frente a asilos de sindicados y procesados con los que tuvieron o tienen ocultas militancias y vergonzosos silencios, los deja en evidencia repugnante y pecaminosa. Los que hoy gritan por este asilo, personas y organizaciones, han guardado silencio cómplice en muchos casos, como los siguientes:

Caso Álvaro Leyva Durán. “En 1994 José William Romero, campesino de 70 años que movió más de $10.000 millones en su cuenta bancaria en cuatro meses, giró a su nombre un cheque por $49 millones. Romero era empleado de Jairo Aparicio Lenis, prófugo de la justicia acusado de enriquecimiento ilícito. Leyva dijo en indagatoria ante la Fiscalía que era un pago por la venta de unas volquetas a la empresa minera Cominco, de la cual Aparicio era socio. No obstante, no ha podido acreditar la existencia del contrato de compra-venta. Pocos días después de la declaración de Leyva, Aparicio sustentó esta versión ante una notaría en Ipiales. La Fiscalía le dictó a Leyva medida de aseguramiento. Leyva salió a México y luego a Costa Rica donde pidió asilo político. Ha sido acusado de ser "estafeta de la guerrilla" y ha sido citado a diversos juzgados para que explique sus vínculos con la subversión. Inclusive en 1991, el senador Armando Varona lo denunció por enriquecerse como mediador de secuestros.” En este caso, Leyva era amigo personal del presidente del momento, Andrés Pastrana. Sin embargo, se asiló aduciendo persecución política judicial. Y los escandalizados fariseos de hoy, guardaron humanitario silencio.

El caso de 'Hernán Ramírez', 'Miguel Díaz Pachi', 'Juan Antonio Rojas' y 'Olga Lucía Marín' se afirma que son vistos en Europa gozando de extraña protección política haciendo la acción internacional de las FARC y que en Carolina del Norte hay un grupo grandecito de colombianos, abiertos seguidores de las Farc, que posan de ecologistas. Ninguno de los escandalizados de hoy han dicho nada al respecto.

El caso de los asesinos de Gloria Lara de Echeverri. Las siguientes personas, miembros de una organización armada clandestina --Organización Revolucionaria del Pueblo, ORP--, de ideología comunista, algunos de ellos vinculados a la Universidad Nacional, fueron condenados en 1992 a 28 años de cárcel por el secuestro y asesinato atroz de la Directora de Acción Comunal, la señora Gloria Lara de Echeverri, ocurrida el 23 de junio de 1982 en Bogotá, Colombia. El 3 de octubre de 1983, contra toda evidencia en el proceso, pues habían confesado libremente el crimen, un juez ordenó su libertad. Esa medida fue revocada y ordenada la recaptura de los criminales un mes después por el Tribunal nacional, pero en diciembre del mismo año (1983) se supo que los asesinos se encontraban ya en Europa en calidad de “refugiados políticos” o sea asilados. De manera que fue imposible recapturarlos y, asilados, se establecieron en Europa. Sus abogados presentaron recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y esa institución, en forma inexplicable, dejó vencer los términos en 2002, sin resolver el recurso. Con ello el caso quedó sin sanción penal, pese a que esos criminales habían sido condenados a 28 años de prisión.

Estos son los nombres de los condenados-asilados: Hernando Franco D´Laytz (Universidad de París); Martha Filistrof de Franco (Suiza); José Miguel Gamboa López (Instituto Bruno Kreisky, Austria); Miguel Ángel Vargas; Gloria Medellín; Diana Giraldo; Graciela Inés Acosta ; Víctor Rojas (escribe poesía y recibe galardones de la academia sueca); Juan Tadeo Espitia Supelano; Freddy José Rivera Arboleda; Gilberto Antonio Rivera Mesa; Froilán Rivera Mesa (trabaja en Suecia en la ONU); Emperatriz Santander Cancino (se hace sandinista y vive en Nicaragua desde 1987); Robinson Rafael Rivera Arrieta; Rodrigo Alberto Penilla Candela; Betty Suárez; Enán Lora (se quedó en Colombia vinculado al GEGA, grupo que asesinó al candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado).


Se sabe que tienen nacionalidades de Dinamarca, Francia, Suecia, Austria y España. Se sabe también que los apoyan Amnistía España y la federación Española de derechos humanos, entre otras Ong. Organizaciones con las que mantienen estrecha relación las ong`s colombianas, cuyos miembros hoy rasgan sus vestiduras por el asilo de la ex directora del DAS. “La diplomacia de las FARC que les permite llevar su gente a Europa, se hace a través de unos abogados intermediarios. Es decir, hay unos tipos que se han especializado en derecho de emigración, y se encuentran en Suecia, España, Francia, Gran Bretaña. A esa gente ya la tiene contactada las FARC. Ellos les pagan a esos tipos, y a organizaciones como Amnistía Internacional y la Federación Española de Derechos Humanos, para presentar el caso como si se tratara de perseguidos políticos. Estos tipos que trabajan con las FARC, reciben los casos, les dan la plata y ellos los tramitan y les consiguen el asilo. Tienen muy bien montado el negocio, pues por cada trámite cobran alrededor de US$ 10.000.” (Gloria Lara. La Flor de la esperanza. Luz María Echeverri Lara, marzo de 2006).

El juez 16 superior, Enrique Alford, los dejó en libertad, el 3 de octubre de 1983, plasmando para la historia judicial de Colombia su militancia ideológica, lo que le aseguró la crítica de muchas personas, entre ellas el procurador Carlos Jiménez Gómez. Dos meses después, el Tribunal revocó la decisión de Alford y ordenó recaptura de los 18 autores del crimen de Gloria Lara. Pero ¡oh sorpresa!, ya estaban en Europa, gozando de excelente y oportuno asilo. Sin embargo Alford no acató la orden del Tribunal y no ordenó la recaptura de los criminales, hasta que el proceso pasó a manos de otra juez, la 39. En junio de 1985, extrañamente, el caso fue calificado por Alford, quien no llamó a los 18 criminales a juicio, pero en cambio, en julio de 1985, su nombre fue propuesto para formar parte de la Corte Suprema de Justicia. En aquella ocasión no alcanzó los votos necesarios. Cuatro meses después eran quemados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el ataque terrorista realizado por el M-19. Cría cuervos…

Enrique Alford, luego de unos años, llegó a la CSJ. En 1997 él era magistrado del Tribunal de Bogotá. El 7 de octubre de 1986, el Tribunal revocó la medida de Alford y llamó a juicio a los 18 criminales. Y el 20 de agosto de 1992 el Tribunal Nacional condenó a 28 años de prisión a todos los autores materiales del crimen de Gloria Lara. En 1995, el proceso fue a Casación ante la Corte Suprema de Justicia. El magistrado ponente fue Carlos E. Mejía Escobar y se nombró conjuez a Fernando Arboleda Ripoll, quien se inhabilitó por haber asesorado a los abogados defensores de los citados criminales, es decir a los abogados Alejandro Hernández y Gustavo Gallón, connotado “defensor de derechos humanos” del Cinep y de la Comisión Colombiana de Juristas. Finalmente se nombró un nuevo conjuez y escogieron nada menos que a Alfonso Gómez Méndez!!

En agosto de 1995 el proceso pasó a concepto de la Procuraduría. En mayo de 1997 el procurador Germán Pabón Gómez emitió concepto luego de dos años. En 1997 el nuevo magistrado ponente fue Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien tres años después decretó la prescripción del proceso, porque resulta que luego de ejecutado el auto de proceder el término de prescripción es de tan solo 10 años. Qué bien asesorados jurídicamente estaban esos criminales.

Como ominoso corolario, recordemos que el proceso llegó a la Corte Suprema de Justicia el 22 de febrero de 1995, un año y medio antes de su prescripción. De estas aberraciones, impunidades y descarados asilos no dijeron nada los hipócritas escandalizados de hoy. Esos hipócritas que siempre fomentaron la amnesia de nuestro pueblo y jugaron a la perenne impunidad que los cubre todavía.

miércoles, 24 de noviembre de 2010

Los brazaletes de la impunidad

El otorgamiento irregular de este beneficio depende de los jueces de ejecución de penas y los jueces de control de garantías. Al respecto, el director (e) de este organismo, Luis Felipe Henao, explicó que “si bien la vigilancia de los reclusos depende de nosotros, cuando un juez da la orden de entregar un dispositivo de vigilancia nosotros no estamos para cuestionarla, sino para cumplirla”.
Ante las evidentes irregularidades de parte de los jueces, este diario se comunicó con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres, quien prefirió no dar declaraciones “hasta tanto no me reúna en Sala Plena para conocer quiénes y por qué se están otorgando los brazaletes a personas sindicadas de delitos excluidos por la norma”.

lunes, 1 de noviembre de 2010

RENÉ GUARÍN Y EL MONTAJE DE LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA

Por el Consejo Editorial de “Talante”
Todo el proceso contra los militares que salvaron el Estado de Derecho y rescataron no menos de 260 personas, de manos de las hordas criminales que asaltaron el Palacio de Justicia el 6 y 7 de Noviembre de 1985, se ha montado sobre el cuento de los desaparecidos de la cafetería.  Para ello han sido utilizados como idiotas útiles algunos medios de comunicación. No vale la pena mencionarlos. Los hemos leído con estupor.
A través de esos medios ha enseñado a los colombianos que los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia salieron con vida y ahora no aparecen, razón por la cual se deduce (sin indicio alguno) que el General Arias Cabrales y el Coronel Plazas Vega los secuestraron y desaparecieron. A esa calumnia los jueces la han llamado “inferencia”. Y con esa inferencia condenaron al Coronel Plazas a 30 años de prisión. Sin una sola prueba válida.
¿Cómo montaron el cuento? Mediante unas imágenes de televisión en las cuales se ve a unas figuras borrosas saliendo del Palacio de Justicia en brazos o al hombro de soldados o policías que los rescataban. Y quién hace el reconocimiento: dos personas René Guarín y Cesar Rodríguez.
LOS “RECONOCIMIENTOS DEL SECUESTRADOR DEL M-19”
René Guarín Cortés quien fue descubierto por los periodistas Ricardo Puentes Melo y Claudia Morales de RCN radio, como miembro del M-19 y autor de secuestros, indultado simultáneamente con los autores intelectuales del asalto al Palacio de Justicia en 1992, es el hermano de la supuesta desaparecida Cristina Guarín Cortés.
Guarín aceptó en el programa de radio “la W” de Julio Sánchez Cristo,  que había sido guerrillero del M-19. Y en el diario El Espectador, reconoció no solo haber  secuestrado al industrial Jorge Valencia Ángel, el 27 de mayo de 1988, sino el robo de por lo menos un automotor, y el asalto a un banco. Reconoció además el porte ilegal de armas cometido en la casa de sus padres.
Los periodistas que investigaron lo que la “Fiscal de hierro” Ángela María Buitrago no investigó, descubrieron que Guarín fue capturado con la carabina M-1 y 130 cartuchos de dotación del policía Jesús Antonio Villamil, asesinado el 06 de agosto de 1986  en asalto del M-19 a Nemocón (Cund). En ese asalto el M-19 asesinó a  tres policías y un cabo del Ejército y dejó dos civiles heridos.
Pues bien, ese personaje René Guarín  Cortés es una de las dos personas que dice reconocer varios “desaparecidos” en el Palacio de Justicia. La otra es Cesar Rodríguez, hermano de otro de los “desaparecidos”: Carlos Augusto Rodríguez Vera.
René Guarín reconoce a
·        1.- Cristina Guarín Cortés
·        2.- Carlos Augusto Rodríguez Vera
·        3.- Bernardo Beltrán Hernández
·        4.- Héctor Jaime Beltrán Fuentes
·        5.- David Suspes Celis
·        6.- Gloria Stella Lizarazo
Estos falsos reconocimientos unidos a los de Cesar Rodríguez Vera, son los que le permiten a la Justicia Colombiana afirmar que está “plenamente comprobado” que esas personas salieron con vida. ¡No hay nada más! La Justicia no reparó en que esos dos testimonios pueden ser falsos. De hecho el testimonio de Guarín debe descartarse por evidente interés en proteger al  movimiento M-19, responsable del fallecimiento de los empleados de la cafetería según el Tribunal Especial de Instrucción en su cláusula decimo séptima del informe presentado a la Corte Suprema de Justicia del 31 de mayo de 1986, sobre los hechos del Palacio de Justicia. Informe que en forma inexplicable los nuevos operadores judiciales de este proceso desde 2005, han desconocido. 

LOS CONCEPTOS DE LOS PROCURADORES
Los Procuradores Jesús Villabona Barajas en el juicio del Coronel Alfonso Plazas y Hernán Suarez Delgado en el juicio del General Arias Cabrales, coinciden en afirmar que no hay una sola persona que reconozca como rescatadas del Palacio de Justicia, a tres de las “desaparecidas”, luego murieron al interior del Palacio. Ellas son:
1.- Norma Constanza Esguerra
2.- Luz Mary Portela León
3.- Gloria Anzola de Lanao.

NUBIA STELLA HURTADO TORRES TAMBIEN SE RECONOCE
Nubia Stella  Hurtado Torres funcionaria rescatada por las tropas del Palacio de Justicia frente al video de otra “desaparecida” dice: esa no es ninguna desaparecida, esa soy yo. Se trata de
·        Lucy Amparo Oviedo Bonilla.
Recordemos que en una diligencia presidida por la “ex Fiscal de hierro” Ángela María Buitrago, el abogado José Vicente Pedraza, defensor del Coronel Plazas, renunció al descubrir que con la anuencia de la Fiscal se estaba insinuando a la declarante Nubia Stella Hurtado que no se identificara cuando saliera su imagen en la televisión. La renuncia del abogado por considerar que no hay garantías para la defensa quedó en el proceso.
Es un caso igual al de la ascensorista del Palacio María Nelfi Díaz quien se ha reconocido reiteradamente en más de siete ocasiones a lo largo de estos 25 años, frente a una imagen que René Guarín identifica su hermana Cristina Guarín.

DESAPARECIDA DURANTE 16 AÑOS
Una empleada de la cafetería del Palacio de Justicia figuró como desaparecida hasta el año 2001, cuando fue identificado su cadáver con pruebas de ADN dentro de los exhumados de una fosa común del Cementerio del Sur al cual fueron llevados los restos de 36 fallecidos en el Palacio de Justicia, por no estar identificados o no reclamados en Noviembre de 1985, se trata de:
·        Ana Rosa Castiblanco
Sus restos fueron entregados a la familia mediante Acta, el primero de noviembre de 2001. Sin embargo René Guarín la tiene incluida entre las fotografías que colocan con el letrero de “Sin Olvido” que él mismo organiza y arenga en cada diligencia judicial contra los militares.  Olvida eso sí el señor Guarín, cuando pregunta donde están los desaparecidos, que los restos de la señora Castiblanco, víctima del M-19, movimiento al cual él perteneció y en el cual delinquió y atropelló a la sociedad, ya se sabe donde están.
Con relación a las once personas anteriormente relacionadas hay una coincidencia: nadie las vio en la casa del florero, lugar al cual hubieran llegado, de ser cierto que salieron con vida, puesto que allí llegaban todos los rescatados, y al respecto fueron interrogados los más de 260 rescatados con vida en aquella ocasión.
Finalmente hay otra persona que figuró como desaparecida hasta el año de 1988, cuando apareció en México: Clara Helena Enciso. Era una de las terroristas del M-19 que asaltó el Palacio de Justicia, y fue responsabilizada por tres Jueces, por delitos de Lesa humanidad cometidos en esa ocasión contra los Magistrados y funcionarios de la Justicia Colombiana.
Figuró como desaparecida y se responsabilizó de su desaparición al General Arias Cabrales y al Coronel Edilberto Sánchez Rubiano. En esa época no se estaba inculpando de desapariciones al Coronel Plazas Vega, pues todavía no se había desempeñado como Director Nacional de Estupefacientes, cargo en el cual le propinó serios golpes a los bienes y las finanzas de los narcotraficantes.

OTROS ASUNTOS SOBRE RENE GUARIN
1.- Que estuvo preso en la cárcel nacional modelo hasta el año de 1992 cuando se acogió a la amnistía ofrecida al M-19 en virtud de la Ley 77 de 1989.
2.- Que iba en compañía de María Antonia Espitia Barrero, residenciada en Zipaquirá, barrio Bolívar 83 fortín del M-19, del grupo de Gustavo Petro Urrego.
3.- Que el 28 de noviembre de 2005 el Ejército abatió a dos guerrilleros de las FARC en Colombia (Huila), les encontró una USB y cuatro cuadernos, en los cuales figuraban los nombres de miembros de las FARC, con tareas de proselitismo en la Universidad Nacional, entre ellos María Antonia Espitia Barrero actual docente en dicho claustro. En esos cuadernos se les relaciona con el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (patrocinado por Hugo Chavez) y el Partido Comunista Colombiano Clandestino (PC3), que es la dirigencia política de las FARC.
6.- René Guarín Cortés estuvo preso en la cárcel modelo de Bogotá, por el delito de “Concierto para delinquir”, artículo 7 del Decreto 180 de 1988, por orden del Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá, sumario No. 06 del 10 de junio de 1988.
7.- El Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá en oficio 47017 del 17 de Enero de 1989 solicita su captura por el proceso señalado en el numeral anterior, y adicionalmente otro proceso, circular 11 del 23-Ene-89.
8.- Cristina Guarín, siendo abogada graduada en la Universidad Nacional, se empleó como cajera de la Cafetería del Palacio pocos días antes de la toma por el M-19:
“yo tenía 22 años, mi hermana 26, …durante los 36 días que ella  trabajó allí varias veces fui a recogerla cuando salía de trabajar, pude así conocer a Bernardo Beltrán y Héctor Jaime Beltrán, es de aclarar que yo conocía años atrás a Carlos Rodríguez Vera y por su mamá María Helena llegó mi hermana a trabajar a la cafetería. María Helena la mamá de Carlos llama a mi mamá a comentarle que Carlos está administrando la cafetería del Palacio y que su esposa Cecilia entra a licencia de maternidad…y propone que Cristina vaya allí. Mi hermana en principio no quería aceptar eso. Ella tenía previsto irse para España a hacer un post grado…pero finalmente acepta…mientras le sale la beca…” (cuaderno 11, proceso 9755, folio 196)
La pregunta es:
Pueden considerarse válidas los reconocimientos de René Guarín, para abrir un proceso por “secuestro” y “desaparición forzada”, pasando por encima de:
·        La investigación del Tribunal Especial de Instrucción firmada por dos Magistrados después de una completa investigación, adobada por el principio de la inmediatez, la cual establece que esas personas murieron en el cuarto piso?
·        La Resolución de Acusación del Juez 30 de Instrucción Criminal que considera que una de las supuestas desaparecidas, está muerta y según el dictamen del médico forense se trata de Norma Constanza Esguerra, sepultada equivocadamente como el Magistrado “Pedro Elías Serrano Abadía”, cadáver que tiene el “útero no preñado, carbonizado”?
·        Las siete veces que en más de 20 años, ante Jueces, Fiscales y Procuradores, María Nelfi Díaz, ascensorista rescatada por las tropas se reconoce a sí misma en los videos afirmando: “esa soy yo” y no Cristina Guarín?
·        La evidencia en el proceso de que nadie vio a ningún trabajador de la cafetería del Palacio en la casa del Florero, luego nunca salieron vivas. Y ahora figuran como desaparecidas, por el reconocimiento que hace el secuestrador del M-19 René Guarín?
¿Qué espera la Justicia Colombiana, para declarar de oficio la nulidad de todo el proceso contra el General Jesús Armando Arias Cabrales y el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, cuando ha quedado desvirtuado que hay desaparecidos?
¿Qué espera la Justicia Colombiana para hacer una investigación seria sobre los cadáveres que tanto tiempo permanecieron en el laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional en flagrante violación de la Ley, y que solo hasta Octubre de 2009 y a escondidas de los abogados defensores de los militares los regresaron al Instituto de medicina Legal y Ciencias Forenses, lugar donde han debido permanecer por estar  cobijados por procesos penales que no han concluido?
Los colombianos no entendemos porque están presos los oficiales mencionados. ¿O es que la Justicia nos quiere demostrar que su poder es tan grande que pueden mantener privado de la libertad a un inocente y condenarlo sencillamente porque así lo desean los operadores judiciales?
¡Qué vergüenza! Como decía el diario El Colombiano de Medellín.