sábado, 28 de agosto de 2010

Debe ser creado el Tribunal Nacional de Ética del abogado y del cliente

Por Óscar Humberto Gómez Gómez

Como era de esperarse, los actuales magistrados del Consejo Superior de la Judicatura tanto en su sala administrativa como en su sala jurisdiccional-disciplinaria han emprendido una férrea defensa de la supervivencia de esa institución, ante la probabilidad de que desaparezca.

Y es entendible su preocupación porque se trata de personajes que tendrían que dedicarse de inmediato a ejercer la abogacía y talvez sientan el natural temor sobre cómo será, en el terreno de la realidad, lo que ellos sólo han mirado a lo largo de todos estos años de lejos, con los ojos prepotentes del poderoso, desde la comodidad de sus escritorios capitalinos.

Cosa distinta sucede con algunos de los magistrados que integran los consejos seccionales. Y es que en estas dependencias hay juristas que deberían ser incorporados a los tribunales, al Consejo de Estado o a las cortes, corporaciones donde, dicho sea de paso, -para repetir la vieja expresión popular- no están todos los que son ni son todos los que están.

Cuando uno aborda el tema de la posible desaparición del Consejo Superior de la Judicatura, lo primero que le llama la atención es el silencio guardado por el gremio de abogados, las facultades de derecho y el estudiantado universitario acerca del debate. Un debate que ojalá no se convierta -en aras de la manoseada concertación- en un diálogo exclusivo y excluyente entre el gobierno nacional y quienes, precisamente, por ser los que están usufructuando los cargos de magistrado en aquellas entidades, con todas las gabelas que los mismos significan, mal podrían tener algún interés en opinar a favor de la abolición de ellas.

De esos silencios, el del gremio de abogados es explicable, aunque no justificable: los colegas tienen miedo de que, si no prospera la reforma en cuanto se refiere a la abolición del Consejo, éste, en represalia, las emprenda contra los críticos que intentamos lograr su cierre. Sería entendible que así sucediera y a mí, en lo personal, no me extrañaría. El de la academia, en cambio, sí me sorprende y decepciona. La Universidad no puede marginarse de los grandes temas nacionales. Sus estudiantes deben ser personas pensantes y de criterio, capaces de salir a defender lo que piensan y dispuestos a asumir las consecuencias. Nada peor que la imagen de un abogado intelectualmente cobarde.

El fracaso rotundo del Consejo Superior de la Judicatura, tanto para administrar la justicia colombiana como para regular el ejercicio ético de la abogacía y el comportamiento de los funcionarios y empleados judiciales a la luz de los preceptos disciplinarios es evidente y su supresión emerge no sólo como conveniente, sino incluso como indispensable.

El Dr. Germán Vargas Lleras, que es un hombre serio, y que se ha convertido en el adalid de la imprescindible reforma estructural de la justicia, debiera investigar, por ejemplo, si es cierta o no es cierta nuestra denuncia pública de que en Santander a la jurisdicción contencioso-administrativa se le pretende convertir en una “jurisdicción de rajados”, en el refugio supuestamente "provisional" con que cuentan los amigos de un par de magistrados boyacenses para escampar la hecatombe que sufrieron en las pruebas académicas convocadas por el Consejo Superior de la Judicatura con miras -eso dijo- a proveer los cargos de jueces y personal subalterno con personas capacitadas.

En efecto, a pesar de que el flamante consejo convocó a los publicitados concursos para supuestamente proveer los cargos de jueces administrativos en Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, prácticamente todos los jueces administrativos de esta región del país son personas que reprobaron los exámenes y que, por consiguiente, no tienen derecho a fungir como jueces. ¿Por qué no lo investiga, señor Ministro? Bastaría una llamada telefónica, pongamos por caso, a los magistrados Milciades Rodríguez Quintero y Julio Edisson Ramos Salazar, ambos del Tribunal Administrativo de Santander, convertidos en los primeros clientelistas que tiene nuestra administración de justicia, preguntándoles si están en capacidad de afirmar, bajo la gravedad del juramento, que todos los jueces administrativos de Santander, nombrados por ellos o postulados por ellos para su nombramiento, aprobaron los concursos. Se dará cuenta, entonces, de que lo que afirmo es cierto.

Pero si ello sucede con los jueces administrativos, investidos nada menos que de la más sagrada función que puede cumplir un hombre sobre la Tierra, la de administrar justicia, en el caso de los empleados subalternos –investidos de la no menos importante tarea de adelantar los procedimientos conforme a las disposiciones legales- el caos es peor. Si no, que investigue el señor Ministro del Interior y de la Justicia si los actuales secretarios y demás subalternos de la jurisdicción contencioso - administrativa aprobaron los concursos o los reprobaron. Que investigue si es cierto o es mentira que la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Santander, el más importante de los cargos subalternos, para no ir tan lejos, se lo entregaron estos magistrados no hace mucho a quien había sido auxiliar y amiga íntima de uno de ellos y quien se había rajado en el concurso para dicho cargo.

Que, en suma, se investigue si -para no citar sino ejemplos salteados- el juez 2o administrativo de Bucaramanga, o el Juez 4o administrativo de Bucaramanga, o la juez 6a administrativa de Bucaramanga, o la juez 12 administrativa de Bucaramanga, o el juez único administrativo de San Gil, o la juez única administrativa de Barrancabermeja, o los jueces de descongestión de ambas ciudades, aprobaron los concursos. O si lo hizo, pongamos por caso, la ex secretaria del juzgado 2o administrativo de Bucaramanga, posteriormente nombrada secretaria del Juzgado 4o administrativo de esta misma ciudad y actualmente nombrada en el personal de la relatoría del Tribunal Administrativo de Santander.

Es que la justicia, señor Ministro, no es un escampadero de mediocres ni un “mientras tanto” para rajados.

Y no lo es, Dr. Vargas Lleras, por un par de razones elementales: una, porque mientras estos personajes “escampan”, alcanzan a fallar pleitos. Sí, señor Ministro: alcanzan a decidir pleitos. Pleitos, señor Ministro, que para las partes involucradas en ellos eran quizás lo único que tenían como esperanza en la vida. Y un fallo errado o arbitrario de uno de estos personajes termina acabando con las aspiraciones de justicia de la viuda que perdió a su esposo, del hijo que perdió a su padre, del campesino que perdió sus piernas.

Los errores judiciales, debido a esta improvisación irresponsable de jueces, se volvieron incontables. Y debido a esos incontables errores, casi todos garrafales, el descrédito de la justicia cada día es más preocupante.

La otra razón, señor Ministro, es que mientras estos personajes rajados ocupan esos cargos, sin merecerlos, aquellas personas que sí aprobaron los exámenes, que sí se ganaron limpiamente el derecho de ser jueces o secretarios de juzgado, siguen sin puesto.

La pregunta es inevitable: Al fin de cuentas, cómo se ganan los empleos en el poder judicial colombiano, Dr. Vargas Lleras: ¿por preparación o por clientelismo?

Y si es por esto último, ¿entonces para qué diablos se convoca a esos concursos?

En cuanto a los abogados, lo que vengo defendiendo es el carácter liberal de esta profesión. Vengo sosteniendo lo que no es más que una verdad manifiesta: los abogados no somos servidores del Estado y, por ende, éste no tiene por qué someternos a sus tribunales disciplinarios. Que lo haga con sus jueces y magistrados. Pero no con nosotros, que somos profesionales independientes, tan independientes como son los médicos, los odontólogos, los arquitectos, los contadores, los ingenieros.

Al igual que aquellos gremios, el nuestro debe tener un tribunal de ética profesional, integrado por pares nuestros, por juristas –también independientes- que, dada su vasta experiencia en el ejercicio de la abogacía, conozcan y entiendan la problemática del abogado, su lucha diaria, las adversidades en las que ejerce su profesión, el estrés en el que vive día tras día, la inconcebible lentitud con la que avanzan los procesos, la desgastadora labor de controlar -día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, durante la bicoca de diez, diecisiséis o veinte años- las notificaciones de la rama judicial para evitar que, digamos, catorce años después de venirlo haciendo sin pausa se le pase por alto la de un día cualquiera y debido a ello pierda el pleito (pero no solamente lo pierda, señor Ministro, sino que, además, se le venga encima el poder castigador del Consejo Superior de la Judicatura y lo aplaste con una sanción disciplinaria por "falta a la ética profesional" debida a su "falta de diligencia profesional"; la forma como afectan su imagen ante la gente fenómenos que no está en sus posibilidades remediar, pero de los cuales sus clientes prácticamente lo culpan, como la congestión judicial, los errores judiciales, las arbitrariedades judiciales; la manera como clientes inescrupulosos le timan sus honorarios, la permanente amenaza de que cualquier día amanezca con el poder revocado y deba iniciar el humillante peregrinaje en busca de que le paguen los honorarios que se ganó en largos años de trabajo, la descortesía que debe soportar en las oficinas públicas, los riesgos personales que rodean su ejercicio profesional, la desprotección de que es víctima en la vejez o en la invalidez y un largo etcétera.

¿Se ha preocupado el Estado por investigar, al menos, si la irritabilidad, el insomnio, el infarto cardíaco, la gastritis, la úlcera, la calvicie prematura o el colon irritable, patologías al parecer asociadas al estrés, son verdaderas "enfermedades profesionales" del abogado? Y si ya lo hizo (cosa que francamente no recuerdo), ¿qué ha hecho para evitar que el ejercicio profesional no le signifique al abogado el deterioro de su salud y hasta la pérdida de su vida? Que sepamos, nada.

Y es que, desgraciadamente, a lo único que se dedicó siempre el Consejo Superior de la Judicatura, para justificar su existencia, fue a perseguir a los abogados para poder exhibir largas listas de profesionales sancionados y de esa manera posar ante la nación como un tribunal duro e inflexible. Pero, a juzgar por el lamentable estado de cosas al que llegó la Ética Profesional en la abogacía colombiana, no pareciera que el Consejo persiguiera a los bribones que están acabando con la profesión mediante conductas reprochables como, pongamos por caso, la vergonzosa rapiña de poderes. Pareciera que persigue, más bien, a los abogados que nos atrevemos a cuestionarlo por sus arbitrariedades, su petulancia insoportable, su falta de compromiso para poner en cintura a los malos jueces y magistrados, su carencia de experiencia en el foro y consiguiente falta de autoridad moral para juzgar a quienes han estado en él a lo largo de toda su vida, y su manifiesta falta de preparación académica incluso en temas que sus miembros deberían dominar porque son inherentes a sus funciones.

Pero esto no es todo. Hay algo peor todavía: Acaso los actuales estudiantes de derecho lo ignoren, aunque no deberían ignorarlo. Acaso lo ignoren los padres que invierten grandes sumas de dinero para costear la carrera de sus hijos, aunque no deberían ignorarlo: el proceso disciplinario contra los abogados, hoy en día, es similar al proceso penal contra los delincuentes. Al abogado contra quien se adelanta un proceso disciplinario, por ejemplo, se le denomina "EL DENUNCIADO", y si no se presenta a la primera audiencia se le declara PERSONA AUSENTE, que es el equivalente a la antigua declaratoria de REO AUSENTE e igual a la actual declaratoria de PERSONA AUSENTE que se lleva a cabo en la jurisdicción penal respecto del sindicado de un delito que no se presenta a indagatoria o no es capturado por las autoridades.

Claro que, en honor a la verdad, debemos reconocer que el trato a los abogados es peor. En efecto, respecto de los delincuentes, al menos está prohibido el escarnio público, fue proscrita la picota pública. En cambio, cuando un abogado es sancionado, así sea sólo con censura, la Sala Jurisdiccional - Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura envía, desde Bogotá, su nombre en una lista de sancionados que hace fijar a la vista del público en todos los despachos judiciales del país, para que toda Colombia se entere de que a ese abogado lo censuraron.

El Consejo, por demás, se ufana de la cantidad de abogados que sanciona. Y eso, el que una entidad con poder justifique su existencia con la exhibición de listados la torna extremadamente peligrosa.

Hagamos votos porque ahora, cuando el Consejo pelea por su no abolición, y en esa pelea echa mano de mil argumentos para justificar su supervivencia, no se vayan a masificar las condenas injustas y, consecuencialmente, los listados, con miras a incrementar las estadísticas.

Pues bien: ese proceso disciplinario infamante, que nos puso a los profesionales del derecho al mismo nivel de los reos de la justicia penal, fue resultado de un proyecto propuesto y defendido en su momento adivinen por quién…

¿Por quién?

Sí, adivinaron: Por el Consejo Superior de la Judicatura.

martes, 24 de agosto de 2010

Por 'embarradas' de la Fiscalía hay condenas por más de $168 mil millones

El vicefiscal general de la Nación encargado, Fernando Pareja, aseguró que en el presupuesto de la entidad para el año entrante hay varios faltantes de recursos, entre ellos más de 170 mil millones de pesos para pagar sentencias por 'errores de la Fiscalìa'.

Sostuvo en la comisión Primera de la Cámara de Representantes que la Fiscalía está debiendo más de 46 mil millones en condenas judiciales, "mientras que hay condenas por 122 mil millones de pesos adicionales y el total de demandas, hoy en tránsito, ascienten a algo así como 21 billones de pesos".

Pareja dijo que el origen de las condenas judiciales se refieren unos a privacion injusta de la libertad y la persona fue precluida o absuelta.

Otro origen de demandas se deben a que por errores de la fiscalìa "a veces se gravan bienes a las personas involucrados en los procesos y luego se demuestra que esos bienes no estaban comprometidos en los hechos y deben indemnizarse".

La tercer causa de demandas judiciales a la Fiscalía, pero menor, según el Vicefiscal encargado, se refiere a acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir procesos contenciosos administrativos que corresponden a demandas laborales, de personas que han sido "sacadas" de la entidad, demandan y el fallo la condena a reincorporarlos y dar el pago respectivo de salarios.

El vicefiscal se quejó que en el presupuesto nacional propuesto por el gobierno se afecta también la capacitación de funcionarios de la escuela judicial, para la que se pidieron 8 mil millones de pesos y solo se ofrecieron dos mil.

viernes, 20 de agosto de 2010

Precluyen proceso contra Juan Felipe Sierra por error en juzgamiento.

La justicia colombiana precluyó el proceso contra Felipe Sierra, un error en el juzgamiento motivo la decisión.

“Por haber sido juzgado con una ley diferente”. Por eso fue precluido el proceso en contra del empresario antioqueño Juan Felipe Sierra y del ex paramilitar Jhon Freddy Manco, alias “El Indio”.

Juan Felipe Sierra, propietario de la empresa de Seguridad Control Total, fue capturado en agosto de 2008 sindicado de ser enlace entre la organización de alias “Don Mario” y altos mandos de la Policía y la Fiscalía.

Fue así como terminó involucrado el ex director de fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia Cossio y el comandante de la Policía Metropolitana, general Marco Antonio Pedreros; el primero está preso y el segundo se retiró de la Policía.

Juan Felipe Sierra fue dejado en libertad en junio de 2009 y al mes un juez ordenó su recaptura; sin embargo, hasta el día de hoy estaba prófugo, pues con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá ya no tendría cuentas pendientes con la Justicia.