El último escándalo por liberaciones polémicas ordenadas por los jueces de garantías llevó incluso a que el procurador Alejandro Ordóñez planteara que se decrete la Conmoción Interior, para ajustar las normas e impedir que el exceso de garantías termine jugando a favor de los delincuentes.
Mientras el Consejo Superior de la Judicatura notificaba públicamente a la jueza 11 de Garantías de Bogotá, Marleny Contreras, que será investigada por ordenar la libertad de 25 supuestos traficantes de armas, con el argumento de que las capturas se hicieron antes de las 6 a.m., Ordóñez señaló que hay "una situación casi sistemática que lacera la credibilidad del ordenamiento jurídico".
Aunque el Gobierno descartó de plano la Conmoción, sí anunció que buscará una reforma para que no haya necesidad de justificar los allanamientos entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. "Los delincuentes no paran sus actividades a las 6 de la tarde", cuestionó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
Según la Judicatura, este año han recibido 12 mil denuncias por presuntas irregularidades en decisiones de jueces. De ese número, tan solo en 635 casos se han encontrado méritos para abrir investigaciones, pero en ninguno hay decisiones de fondo. Del total, 306 procesos son por beneficios a involucrados en delitos graves como narcotráfico y homicidios.
Que se investigue
El presidente Juan Manuel Santos pidió ayer desde Nueva York -donde se llevará a cabo la Asamblea General de la ONU- al Consejo Superior de la Judicatura que actúe "de forma clara, contundente y determinante" para aclarar qué fue lo que pasó.
Frente al caso, el fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago, reconoció que no se justificó adecuadamente en la audiencia el procedimiento y que la argumentación "fue parca y escasa". Además confirmó el relevo del fiscal que tenía el caso.
Según Mendoza, "lo cierto es que había evidencias de que los investigados podían escapar ante algún indicio sobre una captura. La ley dice que se debe suponer, no probar que puede haber fuga".
Aceptaron cargos seis de los diez miembros de la Fuerza Pública procesados
La Jueza 11 de Control de Garantías de Bogotá ordenó este miércoles, por solicitud de la Fiscalía, mantener la detención preventiva de 10 de los 34 presuntos integrantes la organización que vendía armas y munición a grupos al margen de la ley, entre ellos las Farc.
Seis de los diez detenidos aceptaron cargos en audiencia que terminó a las 2:00 de la mañana de este jueves.
El Fiscal Especializado de la Unidad Antiterrorismo, Miguel Olaya Cuervo, indicó que estas seis personas serían condenadas por los delitos de fabricación, porte y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y concierto para delinquir agravado.
En los próximos seis meses un juez de conocimiento dictaría la condena.
El mismo Fiscal también señaló que, en las interceptaciones realizadas durante la investigación, se pudo evidenciar que presuntamente el material bélico iba con destino al frente 36 de las Farc.
Por su parte, los cuatro procesados que no aceptaron, se les tendrá que radicar el escrito de acusación en los próximos 30 días y de esta manera continuar con las diligencias judiciales para iniciar su proceso de juicio oral.
La red era liderada por Luís Horacio López alias 'Gafas', quien se encargó de hacer los contactos con los miembros de la Fuerza Pública.
Sin embargo, 'Gafas', fue liberado el pasado martes junto con las otras 24 personas implicadas en el proceso puesto que los allanamientos en los que fueron capturados no cumplían con los requisitos legales.
