Por Yorick
Dice la noticia, que a RCN llegó copia del Acta de una sesión de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la elección de Fiscal General de la Nación. Consta en ese documento –afirma el periodista-, que algunos magistrados calificaron de engañosas y cínicas las actitudes de un grupo de sus colegas, al declarar, por mediación de su vocero, el presidente (e) de la Corte, que el Fiscal sería escogido de la terna enviada por el entonces presidente Álvaro Uribe. En un país serio, estos actos indignos habrían sido denunciados, de inmediato, por los mismos colegas de los magistrados engañosos y cínicos. De haberse producido tal denuncia en Colombia en vez de la filtración, los miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes habrían superado el miedo cerval que le tienen a los magistrados, y los habrían indagado.
Ayer, una distinguida amiga me hizo el siguiente comentario: “Si la suprema autoridad de la justicia, en loable actitud autocritica, concluyó que no actúa correctamente, que da mal ejemplo, de qué vale escandalizase por las cosas malas que hacen los jueces de inferior categoría?”
Los colombianos, en vez de entender el concepto de Justicia en el sentido positivo, universal y abstracto que le enseñamos a nuestros hijos, corren el riesgo de interpretarlo en el sentido negativo que los magistrados cuestionados por sus mismos colegas les están inculcando.
Los poderes públicos de mi país, en el mundo real, los veo así: el judicial prepotente. El ejecutivo y el legislativo, minusválidos, paralizados por el miedo. Nadie pensaría (salvo un orate) que, dentro de las aberrantes circunstancias actuales, puedan concertarse reformas verdaderas. O por lo menos, equilibradas. Cuando un poder público no es capaz de auto-corregirse, es porque tampoco es capaz de concertar. Concertar supone generosidad, grandeza, equilibrio, ponderación y sensatez. Ausencia total de lo que abunda en una de las partes: vocación de poder. Sí. De esa misma vocación de poder que inspiró a Stalin y a Hitler en el siglo XX y a Fidel Castro y Hugo Chávez en el presente siglo, después de haber leído mal a Nietzsche.
Pero concertar equivale a no gobernar. Oír sugerencias, pedir información, etc., a los otros poderes es, incluso, conveniente. Pero ceder porcentajes de poder ejecutivo a otros poderes es dar un salto al vacío. Veamos un ejemplo de estas cesiones inauditas de poder: el ministro del Interior y de Justicia les dijo a los magistrados de la Corte Suprema: “Díganos que quieren que hagamos para que elijan Fiscal y lo haremos. Elíjanlo de la terna que tienen, o pídanos que la cambiemos y la cambiaremos”. Es como si las altas cortes, le dijeran al poder ejecutivo: díganos como quieren esta sentencia y así las dictaremos. O al poder legislativo. ¡Absurdo! Además, el documento contentivo de la terna es un acto administrativo. Y como tal está amparado por la presunción de legalidad. O sea que para cambiar la terna, que la misma Corte reconoce como viable, habría que impugnar dicho acto ante la jurisdicción contencioso administrativa, donde, con certeza, no prosperaría acción alguna. La otra opción es que los ternados renuncien y no lo van a hacer. Luego el ministro no puede hablar por ellos, salvo que hubiera “concertado” sus renuncias. Como dijo alguien, groseramente, en la pasada campaña presidencial: cada lora en su estaca. Y yo agrego: que los jueces hablen en autos y sentencias como la ley se lo exige y que dejen gobernar al presidente y legislar al congreso.
Parece que algunos ministros confunden la colaboración armónica entre los poderes, con la concertación. Nada más equivocado. La colaboración armónica entre los poderes públicos excluye la concertación. Hay que leer bien a Montesquieu.
En nuestro medio, el poder dominante impone sus caprichos a los poderes más débiles. En desarrollo de esta tendencia, los jueces han invadido competencias propias del Congreso y del Ejecutivo. Porque a estos dos poderes no los consideran sus pares, sino sus rivales. Les interesa debilitarlos. Luego la colaboración armónica no hace parte de su agenda. En términos de poder, cada vez que se invade una jurisdicción o competencia, el poder invadido se debilita en la misma medida en que el poder invasor se fortalece. Pero ofrecerle a los magistrados competencias del congreso y del poder ejecutivo, no equivale a dejarse invadir sino entregarse. Ampliarles sus períodos de 8 a 12 años y la edad de retiro de 65 a 70 es un premio que no parecen merecer los magistrados. Los cuestionamientos que entre ellos se hacen lo comprueban. La interinidad del fiscal, del presidente de la corporación y de otros dignatarios de la misma Corte, también.
Informan los medios que cuatro magistrados no podrán asistir a las reuniones de Sala Plena donde se elige al fiscal. ¿La razón? Estarán recibiendo unos cursos de capacitación. De ser cierta esta versión, el quórum se reduciría a 18 magistrados de los cuales 16 tendrían que votar por uno de los ternados para que pueda ser electo, lo cual es imposible. Luego sobran explicaciones. Un grupo de magistrados continuará dilatando la elección de fiscal. Y engañando cínicamente a Colombia, como lo expresaron sus mismos colegas.
Pero los periodistas callan estos hechos no obstante su gravedad evidente. ¿Será porque una de sus colegas, Salud Hernández, fue denunciada penalmente por cuestionar en su columna de El Tiempo a los magistrados en escrito que ellos consideraron injurioso y calumnioso? ¿Denunciarán también a sus colegas porque los cargos que les imputaron en Sala Plena (similares a los que les hizo Salud Hernández), se hicieron públicos a través de los medios? ¿Será que para muchos periodistas, el contenido de las filtraciones amerita ser divulgado solo cuando afecta a sus enemigos?
Rafael Nieto Loaiza escribió recientemente: “Con esta Corte no se puede hacer reforma a la justicia.” ¿Lo denunciarán como a Salud Hernández? ¿Denunciarán a María Isabel Rueda por exponer libremente sus opiniones sobre los magistrados? De todas maneras, la prensa está callada. Y ese logro es un nuevo triunfo de la Corte, y una derrota para la prensa libre.
Si hay que cambiar funcionarios (que, entiendo, es lo que quiere decir Nieto) pues que jurídicamente se cambien. Pero, cerrar instituciones porque algunos empleados se comportaron mal equivale a “vender el sofá” y agravar las cosas. Crear ministerios innecesarios para darle más cuotas burocráticas a funcionarios de las distintas ramas del poder público, es, a más de antieconómico, inmoral, por decir lo menos. Mientras continúen en sus cargos los ineptos y politizados funcionarios, ninguna reforma tendrá efectos buenos para el país.
Los altos jueces saben que sus providencias son más poderosas y destructivas que los fusiles y las bombas de los terroristas, y que las armas nucleares de las grandes potencias. Saben que con esas armas podrán, si lo desean, des-institucionalizar el país.
¿Quién infiltró la Corte y le entregó a RCN la mencionada información? Porque no fueron ni la “Mata Hari”, ni la señora de los tintos. La Corte, a su vez, no puede infiltrarse a sí misma. Puede si, ser infiltrada por otro gobierno o por un partido político. Pero eso es otra cosa.
¿Quién infiltró el DAS y le entregó a la revista Semana (o a Cambio) la información que dio origen a otros escándalos?
Ahora bien, ¿si los magistrados –hago esta hipótesis- le hubieran entregado, motu proprio a RCN la mencionada información, habría que, “cerrar” la Corte “para evitar que tales actos se repitan”, como ocurrió con el DAS que están ad portas de acabarlo? Saben los magistrados que no es a las instituciones a las que se sanciona sino a los individuos que las representan y manejan.
¿Para qué suprimir el DAS cuando la solución está en sustituir a los malos por buenos funcionarios? Cerrar el órgano de inteligencia de nuestro Estado equivale a facilitarle al Estado enemigo, y a su quinta-columna nacional, que nos ganen la guerra y nos conviertan en colonia de un imperio expansionista. Las guerras se ganan con inteligencia, alta moral de los ejércitos y tecnología de punta. En cuanto a ésta última, la Corte Constitucional se encargó de impedir que nos llegaran de EEUU equipos costosísimos y sofisticados que nos permitirían continuar derrotando el narcoterrorismo. ¿Cuántas muertes de soldados y de policías colombianos se habrían evitado con el uso oportuno de esa tecnología de última generación? Ahora más soldados y policías morirán. Y no tendrán más dolientes que sus familiares y sus amigos muy cercanos. El ministro de Defensa está pidiendo más plata para atender las necesidades inaplazables de la guerra. Probablemente, sin la malhadada sentencia de marras, esa apropiación presupuestal no sería necesaria.
Pero no solamente vidas de compatriotas se han perdido y se perderán, sino dinero. Dinero que saldrá de los bolsillos de los colombianos. Parece increíble que tengamos que comprarle a los EEUU, con cargo a nuestro presupuesto los equipos que esa Nación ya había ordenado entregarnos, a título de obligación suya, derivada de la corresponsabilidad que tiene como país consumidor de drogas ilícitas. Se malogró la exitosa gestión realizada por el presidente Uribe. Sus enemigos eximieron de ese gasto rico Tio Sam y no lo cargaron a nosotros. Solo para complacer a Chávez y a Correa. ¡Qué vergüenza! Pasamos de la Patria Boba a la Patria Estúpida.
Sumémosle a todo lo anterior la explicable desmoralización de nuestros militares y policías. Ellos, hoy más que nunca, temen ser judicializados y condenados como lo están sus jefes por derrotar a los terroristas en combate. Por defender la patria. Saben asimismo que muchos jueces liberan, casi de inmediato a los criminales capturados por la fuerza pública. Aún a los capturados en flagrancia. ¿Cómo no desmoralizarse si el ministerio de Defensa le pidió recientemente a la Fiscalía un listado de “los homicidios (...) cometidos en combate por nuestros militares"? Figura que jurídicamente no existe.
El verdadero gobernante orienta, dirige, rectora, los destinos de su nación, dentro de un marco de competencias irrenunciables. Si no lo hace, fuerzas oscuras (que siempre están al acecho), terminan arrebatándole el poder. Y, por supuesto, mantendrán la apariencia de que nada ocurrió. De que la democracia se mantiene incólume.
Y mientras esto sucede, los terroristas se preparan en las zonas fronterizas de Venezuela y Ecuador para asesinar soldados, policías y campesinos colombianos. Pero la orden que nos dan el presidente del Congreso y el ministro del Interior es que guardemos silencio, que callemos. ¿Para que el coronel Chávez y Correa no se pongan bravos? Esta es otra idiotez inconcebible, pues en tiempos de guerra el que calla pierde. Alzar la voz y la frente es lo sensato. Y defenderse lo apremiante. Callar equivale a encubrir al enemigo. A reconocer su superioridad. Colombia no es una prostituta señor Chávez. No está en venta ni le teme. Usted conoce el valor de nuestros héroes. Álvaro Uribe encarna el heroísmo colombiano del siglo XXI. Y la Pola, el heroísmo del siglo XIX.
La Asamblea Constituyente es la solución. No hay otra. Tenemos que seleccionar con lupa a los futuros constituyentes para que no se cuelen terroristas. Y para que el articulado de la nueva constitución no se negocie con las mafias. Octubre de 2011 sería una buena fecha. Se harían dos elecciones en el mismo día.
Paradójicamente, el profesor Moncayo, quien recorrió el territorio nacional a pie ultrajando a Uribe (paso a paso), sin que su integridad personal y la de su familia corrieran riesgo alguno, hoy, a escasos 30 días y una semana de iniciarse el nuevo gobierno, está pidiendo asilo político para él y su familia en otro país. Es decir, quieren los Moncayo que un gobierno extranjero les de la seguridad que hasta el pasado 7 de agosto y durante ocho años, disfrutaron, gracias a su “odiado” presidente Uribe.
En un país como Colombia, la ausencia de un líder con autoridad puede conducirnos a la anarquía, a la polarización violenta, al caos. A los destructores, internos y externos, de Colombia, de izquierda radical y de derecha, Álvaro Uribe los mantuvo a raya porque le temían. Y le temían porque supo dirigir la guerra con inteligencia y con carácter. Si le mataban un soldado o policía, salía como un mariscal de campo con sus generales, a cobrar esas vidas. Con lágrimas de rabia y de dolor. Esas que solo saben derramar los héroes. Por eso, desde que su líder se fue, comenzaron a extrañarlo sus tropas y su pueblo. Y por eso también, a Uribe le temen, (en términos electorales) todos los aspirantes a la presidencia de Colombia. Ellos saben que en el debate de las ideas y en las urnas no pueden derrotarlo. Entonces conspiran contra él. Piensan ilusamente que con una falsa medida judicial en su contra, lograrían neutralizarlo. Olvidan que en este macabro plan urdido desde Caracas y la Habana, la siguiente víctima de los jueces sería el presidente en ejercicio.
A los colombianos nos consta que el ex-presidente Uribe protegió, con celo infinito, la vida honra y bienes de sus enemigos. Y que nada malo les ocurrió durante su gobierno. Por eso, no resulta disparatado presumir que en menos de un año muchos anti-uribistas podrían estar encabezando manifestaciones públicas pidiéndole en pancartas al ex-presidente Uribe que regrese. Que salve nuevamente la Nación. Y esto ocurrirá, no lo dudo, si el actual gobierno no da un viraje de por lo menos 120 grados en lo que equivocadamente viene haciendo.
La complaciente actitud del actual gobierno con todos los grupos políticos, en especial con los más enemigos de Colombia y de Uribe, no es buena. Puede llevarlo a ganarse el repudio de unos y otros.
El estilo del actual presidente –y me duele decirlo-, es el de un gobernante débil a quien –precisamente por eso-, los criminales no le temen. Y como no le temen, han arreciado su ofensiva de terror contra los colombianos. Se motivaron al verlo recibir el fatídico abrazo de Chávez. Y a Correa recibiendo los PC de alias Raúl Reyes en el Palacio de Nariño. Desde entonces, Colombia comenzó a vestirse de luto,.
JMS desperdició el mejor momento de su vida política. Ha debido –como lo dije en su oportunidad-, establecer una alianza política y estratégica con Uribe quien sí sabe de la guerra. Los terroristas no se habrían atrevido a cometer los atentados perpetrados desde el pasado 8 de agosto. Santander y Bolívar no se querían, pero se complementaban y sabían que el país los necesitaba unidos. Cuando se rompió esa unión, precisamente en otro septiembre negro como éste, el de 1828, entramos en una cadena sin fin de guerras recurrentes. Guerras que Uribe logró parar. Pero, como los bobos, los engreídos y los ignorantes no aprenden de la historia, la repiten. Tampoco aprenden de la experiencia ajena olvidando que la vida es muy corta y no alcanza para cometer todos los errores.
Solución, no la veo por ahora. Porque mientras los terroristas se toman el país apoyados por Estados extranjeros, el gobierno parece más interesado en que los jueces y la izquierda radical metan a la cárcel a los ministros y asesores del gobierno anterior, y al ex-presidente Uribe. Al único líder que comprendió la guerra y nos brindó la paz los malos colombianos quieren destruirlo. Su sacrificio de ocho años exitosos conquistando, como un héroe legendario, la seguridad (partera de la libertad y de la democracia) se malogró en tan solo treinta días. Ese breve tiempo signado por el temor de lo que puedan decidir los jueces sobre la libertad y el honor de los altos funcionarios del gobierno y del congreso, bastaron para que los colombianos comenzaran a pensar que tanto el poder ejecutivo como el legislativo no actúan con libertad, sino con miedo.
Cómo me gustaría ver al presidente Santos deponiendo a los demonios infiltrados y asumiendo el poder. Porque Colombia se debate hoy entre el infierno y el limbo. Y si el gobierno fracasa, sólo queda Uribe. Ese es el balance. El real.
No se puede seguir engañando cínicamente a los colombianos. Uribe derrotó a los terroristas de izquierda y de derecha, Y eso no se lo perdonan. Hoy los terroristas de todas las tendencias fungen como vengadores contra el presidente para destruirlo y contra sus ministros, asesores y políticos que lo acompañaron en su administración. Y un vengador no puede ser testigo idóneo en juicio. Lo peor que podría ocurrirle a la justicia es ser administrada por jueces vengadores, porque eso los pondría al nivel de los vengativos y falsos declarantes.
No más órdenes de Miraflores y la Habana sobre el destino de nuestra Nación. La sede del gobierno colombiano debe volver al Palacio de Nariño. Si eso no sucede, preparémonos entonces para lo peor. Un mes es suficiente (excepto para los tontos), para darse cuenta de si un presidente es capaz o no de liderar un país en guerra. O nos gobernamos o nos gobierna un Estado extranjero. Lo demás es retórica. Los colombianos tenemos la palabra y Colombia nos exige que la usemos.
