Por Francisco Castro Castillo
Esta es la pregunta que ronda por la mente de los colombianos conocedores del tema, y aún los legos. De las reformas al Estado que en mente tiene el gobierno de Santos, la más difícil para salir airoso será sin lugar a dudas el de la justicia, por la cantidad de intereses que le tocará conciliar con los dueños de la misma que la tienen secuestrada como patrimonio propio.
Aquí no es la lucha de pesos contra pesos, sino, del poder que les genera cualquier cantidad de beneficios personales y familiares: el PODER, para poder, y no como lo preguntaba el maestro Echandìa: ¿el poder para qué? Muchos foros, reuniones entre sí los magistrados de las altas cortes, y certámenes diversos a donde son invitados, participan para impresionar a la opinión, haciéndose pasar como juiciosos responsables del manejo de la rama jurisdiccional. Muchas son las salidas al exterior en bloque en plan de paseo disfrazado de estudio los que hacen, dejando los asuntos sustantivos de su competencia a cargo de los magistrados auxiliares que en número de cuatro por magistrado, resuelven en su nombre, los casos más sonados del momento: la para política.
Se encuentran los magistrados de la corte suprema, fascinados con la para política, a tal punto que cambiaron por sí y ante sí, la norma constitucional de no conocer los casos de los parlamentarios que previamente hayan renunciado al fuero de congresistas, por una jurisprudencia salida de su cubilete arrogante, retirándole la competencia constitucional a la fiscalía que venía conociendo y fallando de los congresistas comprometidos con nexos con paramilitares. La pregunta es: ¿por qué una norma constitucional es cambiada por una jurisprudencia, y no pasa nada?
Las sanas intenciones del gobierno de sacar adelante una reforma a fondo de la justicia como la llama su ministro del interior, se verá frustrada por cuanto la consulta democrática y un tanto obligada que le hacen a las cortes, se frenará porque los magistrados no tienen el más mínimo interés que se realice en tanto no se toquen sus callos. Retirarles la función electoral, elección de contralor, procurador y fiscal, es para ellos, la joya de la corona. Es el poder electoral empotrado en su seno.
Es un elemento referente para negociar toda suerte de burocracia para sus familiares, esposas, hijos, hermanos, primos y novias, comportándose como los sindicatos del antiguo foncompuertos, o ferrocarriles nacionales. Los cuales, en las convenciones colectivas, incluían beneficios no solo paras sus familiares sino a sus amantes. Son un verdadero poder ya no detrás del trono, sino encima de él. Son privilegios grandes los suyos. Veremos que tanto estará decidido el ministro Vargas Lleras, y que tanto el Congreso, para no dejarse imponer una postura defensiva de las cortes. Habrá peso y contra peso en serio, para alquilar balcón.
Eliminar el Consejo de la Judicatura, se ha convertido en cuestión de honor del gobierno, y en no eliminarlo, otro tanto de las cortes que han hecho causa común en su defensa para garantizarle la “chanfaina a muchos” burócratas que se estorban entre ellos posando de magistrados. No han sido capaz de elegir las vacancias que se producen en su seno, lo mismo en la corte suprema, en donde después de 13 meses de vacancia, no han elegido al magistrado para la sala laboral, ni elegido en propiedad su presidente, ni mucho menos elegirán fiscal: como nadie les exige término, juegan a votar y no elegir.
Eso se llama: mamadera de gallo. Cuando no se llena las vacancias, la señal inequívoca es, que no se necesitan, luego habrá que eliminar esos cupos y llevarlos al mínimo numérica, como el de la constitucional: Nueve, cada una de ellas. Considero sano que la reforma a la justicia, debe sacarse del ámbito de las altas cortes, no solo debe consultarse a ellas, sino también, a magistrados de tribunales de los departamentos, jueces, fiscales, académicos de la periferia del país, a los colectivos de abogados litigantes, organizaciones sociales, gremios de la producción, las iglesias, los guerrilleros, si tienen capacidad de opinar que opinen por internet.
Esta es su oportunidad de acercarse a la sociedad sin armas. La corrupción tiene que acabarse en el país, y para llevarla a cabo, hay que acabar con la impunidad la cual pasa por los tribunales de justicia. Todo el dinero que el Estado disponga para la justicia en Colombia, se convertirá en un barril sin fondo sino se forman éticamente bien a los futuros jueces.
Y no se toma conciencia jurídica que el ejercicio del derecho en lo que toca con las judicatura no puede llevar el signo peso como elemento fundamental, y la negociación truculenta cuando se tiene el poder dominante del conocimiento de la ciencia del derecho. Sus fallos, muchos de ellos, van a quebrar al Estado. Bienvenida, la reforma a la justicia, señor Presidente Santos.
