Por Fernando Londoño Hoyos.
Algún día en Colombia se tendrá que tomar en serio una de sus mayores calamidades. Nos referimos al golpe de Estado que los jueces dieron hace rato, a propósito de los juegos que montaron a partir de la Constitución de 1991.
Los jueces no deben mandar. Nos enseñaban en los manuales de Instrucción Cívica que los poderes del Estado eran tres, y que al Gobierno le correspondía gobernar, quiere decir que mandar. El Congreso hacía las leyes que todos debíamos cumplir, y los jueces resolvían los conflictos o más técnicamente dicho, administraban justicia. Pero resolvieron mandar. Y eso está muy mal. Porque no están preparados para mandar. Porque no saben mandar. Porque no tienen idea de administrar nada. Porque nadie los eligió para mandar y se supone que los ciudadanos eligen a sus gobernantes, es decir, a los que mandan.
Cómo fue que los jueces dejaron de serlo para convertirse en gobernantes, es historia sencilla que debiera ser mejor conocida. A propósito de la llamada acción de tutela, y sobre todo de la interpretación que ellos, los jueces, le dieron, se convirtieron en los amos de la República. Bastaron un par de "jurisprudencias" para el asalto. La una dispone que no son los derechos fundamentales los que están protegidos por la tutela. Sino todos. Y la otra, que a un juez de tutela le corresponde decir cómo y cuándo quiere que los gobernantes obren.
De esa manera se alzaron con el poder de decir a los médicos cuándo y cómo deben hacer cirugías, a los alcaldes en qué sitios han de construir los acueductos y de qué altura quieren los andenes. A los maestros, lo que deben enseñar en las escuelas, y al Ejército, a cuáles oficiales deben conceder el ascenso en su carrera. Como se ve, éstas y otras infinitas cosas están ligadas al derecho a la vida.
Pero no les bastó con eso. Como el poder aficiona, y de qué manera, se lo disputan entre ellos a dentelladas. Y así vemos a los jueces de Tumaco corrigiendo a los Tribunales del Magdalena, y a los jueces de familia ordenando cuestiones políticas. Y por supuesto, por qué callarlo, a la Corte Constitucional mandando al diablo las sentencias que se dictan en materia laboral, civil o penal. Por supuesto, cómo faltaría, los laudos arbitrales no podían escapar a la guillotina de la tutela. Lo que significa que la justicia arbitral no vale el papel que contiene sus providencias.
Nuestros héroes siguieron su ruta triunfal. Y a hora resolvieron que el Poder Disciplinario del Procurador y el Fiscalizador de la Contraloría, quedan a sus pies. Cuántas tensiones para que el Congreso los elija, y para nada. Los jueces más humildes, de cualquier parte, los tutelan. Y las decisiones de tan altos funcionarios desaparecen de la escena. Y los gobernadores destituidos vuelven a sus cargos, y los suspendidos no se suspenden.
¿Para qué, entonces, tanto aparato? ¿Para qué tantas elecciones y tanto funcionario y tanta burocracia? Basta que preguntemos a los jueces lo que quieren hacer en cualquier orden de la vida y asunto cerrado. Si van a mandar al final, que manden desde el principio. ¡Y lo que nos ahorramos!
No olvidemos que al Congreso lo destituyeron hace rato en su función primordial, la de Reformar la Constitución. Eso también es asunto de la Corte. Cuando algo no les gusta, en lugar de someterse al principio de que las reformas no son asunto de su competencia, salvo para examinar la forma en que fueron expedidas, se han inventado el cuento más lindo. El Congreso, dijeron, puede reformar la Constitución pero no "sustituirla" por otra. Porque hay cláusulas y principios que no alteran la Carta, sino que la cambian. ¿Cuáles? Ellos lo saben. Y nadie más. En cada caso resuelven la duda, de acuerdo al sagrado principio, ese sí tan fácil de entender, de que los jueces hacen lo que les viene en gana.
Ya se sabe, entonces: los jueces gobiernan, los jueces legislan, y a ratos, cuando no tienen mejor cosa qué hacer, administran justicia. Y lo que es mejor, parece que tal enormidad a nadie importara.
