Carrusel de magistrados

Durante todo el año 2010 fueron nombrados por lo menos 20 magistrados que duraban desde 1 mes y hasta 3 meses en sus cargos, con un promedio de 17 millones de pesos de ingresos. Y en las seccionales de la Sala Disciplinaria, se pensionaron por lo menos 10 con tan solo permanecer 3 meses en sus cargos.

El extraño movimiento de magistrados se presentó durante el año pasado en tres despachos de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

José Ovidio Claros. Hoy tiene nombrados tres magistrados auxiliares. Pero en 2010 presentó novedades, como son llamadas al interior de la Sala Administrativa, en documento obtenido por Caracol Radio, por el nombramiento de 8 magistrados el año pasado, de los cuales 4 trabajaron por cortos períodos

Estos son: 

Dagoberto Antonio Barrios Rodríguez. Ingresó el 14 de julio y dejo de trabajar el 9 de noviembre. 3 meses y medio.

Amparo Cardona Echeverri, entre el 16 de febrero y terminó el 28 de febrero. Trabajó 12 días

Margot Castellanos Carrillo, entró el 18 de marzo de 2010 y se fue el 20 de junio. 3 meses

Edgar Alfonso Velilla de la Osa: entró el 10 de noviembre y terminó el 16 de diciembre. Un mes y 6 días. 

En el despacho de Julia Emma Garzón se presentaron 7 novedades en 2010, para el nombramiento del mismo número de magistrados, de los cuales solo uno duró más de un mes

Guillermo Cárdenas González: entro el 16 de noviembre y salió el 15 de diciembre. Un mes

José Martín Hernández Maldonado: entró el 8 de marzo y salió el 31 de mayo. Dos meses

Constanza Margarita Navia de Ayala: ingreso el 3 de febrero y salió el 7 marzo. Menos de un mes

Enilse Ortiz Giraldo: entró el 1 de junio y salió el 31 de julio. Casi dos meses

Gladys Mora Camargo: entró el 2 de agosto y salió el 12 de septiembre. Mes y medio

Marta Judith Castellanos Betancur: entró el 13 de septiembre y salió el 31 de octubre

Y en el despacho de Henry Villarraga se presentaron otras 9 novedades que involucran a 8 magistrados

Jesus Herrara Cortés, trabajó dos meses, entre el 11 de enero y el 30 de marzo

Luis Rojas Tovar, trabajó dos meses, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre

Luis Gonzalo Ardila, trabajó menos de un mes entre el 1 y el 30 de marzo

Jose Darío Ramírez Moreno: trabajó entre el 1 de junio y el 6 de julio, mes y medio

Gloria Estela Cely Benavidez salió pensionada luego de trabajar 2 encargos por 2 meses y medio

Elías Cabrera Ducuara: trabajó dos meses entre el 31 de marzo y el 31 de mayo

Estos nombramientos no van a sala. Cada despacho nombra de manera autónoma. No hay prohibición legal para hacerlo. La norma plantea que estos funcionarios no son cobijados por la carrera judicial y son de libre nombramiento y remoción según la ley 270 de 1996

Y esta semana, en el despacho de la doctora Julia Emma fue nombrada la hermana de José Alfredo Escobar, Marina Escobar Araujo y en el despacho de José Alfredo Escobar, se solicitó el nombramiento de una pariente de la doctora Julia Emma Garzón

Jueces que mandan

Por Fernando Londoño Hoyos.

Algún día en Colombia se tendrá que tomar en serio una de sus mayores calamidades. Nos referimos al golpe de Estado que los jueces dieron hace rato, a propósito de los juegos que montaron a partir de la Constitución de 1991.

Los jueces no deben mandar. Nos enseñaban en los manuales de Instrucción Cívica que los poderes del Estado eran tres, y que al Gobierno le correspondía gobernar, quiere decir que mandar. El Congreso hacía las leyes que todos debíamos cumplir, y los jueces resolvían los conflictos o más técnicamente dicho, administraban justicia. Pero resolvieron mandar. Y eso está muy mal. Porque no están preparados para mandar. Porque no saben mandar. Porque no tienen idea de administrar nada. Porque nadie los eligió para mandar y se supone que los ciudadanos eligen a sus gobernantes, es decir, a los que mandan.

Cómo fue que los jueces dejaron de serlo para convertirse en gobernantes, es historia sencilla que debiera ser mejor conocida. A propósito de la llamada acción de tutela, y sobre todo de la interpretación que ellos, los jueces, le dieron, se convirtieron en los amos de la República. Bastaron un par de "jurisprudencias" para el asalto. La una dispone que no son los derechos fundamentales los que están protegidos por la tutela. Sino todos. Y la otra, que a un juez de tutela le corresponde decir cómo y cuándo quiere que los gobernantes obren.

De esa manera se alzaron con el poder de decir a los médicos cuándo y cómo deben hacer cirugías, a los alcaldes en qué sitios han de construir los acueductos y de qué altura quieren los andenes. A los maestros, lo que deben enseñar en las escuelas, y al Ejército, a cuáles oficiales deben conceder el ascenso en su carrera. Como se ve, éstas y otras infinitas cosas están ligadas al derecho a la vida.

Pero no les bastó con eso. Como el poder aficiona, y de qué manera, se lo disputan entre ellos a dentelladas. Y así vemos a los jueces de Tumaco corrigiendo a los Tribunales del Magdalena, y a los jueces de familia ordenando cuestiones políticas. Y por supuesto, por qué callarlo, a la Corte Constitucional mandando al diablo las sentencias que se dictan en materia laboral, civil o penal. Por supuesto, cómo faltaría, los laudos arbitrales no podían escapar a la guillotina de la tutela. Lo que significa que la justicia arbitral no vale el papel que contiene sus providencias.

Nuestros héroes siguieron su ruta triunfal. Y a hora resolvieron que el Poder Disciplinario del Procurador y el Fiscalizador de la Contraloría, quedan a sus pies. Cuántas tensiones para que el Congreso los elija, y para nada. Los jueces más humildes, de cualquier parte, los tutelan. Y las decisiones de tan altos funcionarios desaparecen de la escena. Y los gobernadores destituidos vuelven a sus cargos, y los suspendidos no se suspenden.

¿Para qué, entonces, tanto aparato? ¿Para qué tantas elecciones y tanto funcionario y tanta burocracia? Basta que preguntemos a los jueces lo que quieren hacer en cualquier orden de la vida y asunto cerrado. Si van a mandar al final, que manden desde el principio. ¡Y lo que nos ahorramos!

No olvidemos que al Congreso lo destituyeron hace rato en su función primordial, la de Reformar la Constitución. Eso también es asunto de la Corte. Cuando algo no les gusta, en lugar de someterse al principio de que las reformas no son asunto de su competencia, salvo para examinar la forma en que fueron expedidas, se han inventado el cuento más lindo. El Congreso, dijeron, puede reformar la Constitución pero no "sustituirla" por otra. Porque hay cláusulas y principios que no alteran la Carta, sino que la cambian. ¿Cuáles? Ellos lo saben. Y nadie más. En cada caso resuelven la duda, de acuerdo al sagrado principio, ese sí tan fácil de entender, de que los jueces hacen lo que les viene en gana.

Ya se sabe, entonces: los jueces gobiernan, los jueces legislan, y a ratos, cuando no tienen mejor cosa qué hacer, administran justicia. Y lo que es mejor, parece que tal enormidad a nadie importara.

Oliverio Isaza, el jefe 'para' que es 'pop star' en la cárcel

Los abogados y visitantes que estuvieron a finales del 2010 y comienzos de este año en la cárcel La Picota, de Bogotá, recibieron un regalo poco usual: un calendario del 2011 con fotos a todo color de 'Oliver Isaza' y sus mensajes para el año que comienza.

El hombre que aparece en las fotografías retocadas con photoshop y con camisas desabrochadas y cadena, pulseras y anillo de oro no es otro que Oliverio Isaza, el hijo del jefe paramilitar del Magdalena Medio Ramón Isaza que fue conocido y temido en la zona con el alias de 'Terror'.

Las fotos forman parte de un estudio de 92 imágenes que fueron tomadas en el pabellón de Justicia y Paz en La Picota y que el pasado 4 de enero aparecieron en la página de Facebook del hombre que, según la justicia, es responsable de centenares de muertes, desapariciones y desplazamientos forzados en municipios de Caldas, Antioquia, Tolima y Cundinamarca.

No es la única excentricidad que 'Terror' se ha dado el lujo de cumplir a pesar de que está preso. De hecho, en youtube se pueden ver los videos de cuatro canciones que, según su defensa, son su manera de pedir perdón a sus víctimas.

"Me dicen 'Terror' pues así me distinguen, pero soy humilde y muy sentimental", dice una de ellas, titulada 'Amigo de mis amigos'.

8 millones por 4 videos
La producción de esos videos en plena cárcel, gracias a sendasautorizaciones del despacho 2 de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, promete armar polémica.

Por un lado, en solo una de las canciones, 'Nací de nuevo', pide expresamente perdón "a sus amigos y a la sociedad". Oliverio Isaza, que en Justicia y Paz ha confesado 268 crímenes, dice en otra de ellas que es un "hombre humanitario", y en 'Vivo a mi manera', que "le enverraca" que "lo estén criticando los que sienten envidia" de vivir como él.

Otro reparo es el costo de las producciones musicales. Hasta ahora, 'Terror' no ha entregado un solo peso para reparar a las víctimas, y el anuncio de entregar nueve fincas en Antioquia, Valle del Cauca y Caldas no se ha hecho efectivo. Según dijeron a EL TIEMPO los productores, la firma Resa Films de Medellín, pagó 8 millones de pesos por los 4 videos y tiene negociados otros 10 más para este año.

"Hay que cuidarse de que esos supuestos gestos de reparación no terminen ofendiendo a las víctimas", dijo uno de los responsables del tema de paz en el país.

La Dirección del Inpec explicó que el 2 de julio del 2010 se recibió un oficio firmado por el fiscal Carlos A. Gordillo, que ordenaba autorizar "la preparación y producción musical con instructores de Acinpro para Oliverio Isaza".

Las canciones -son 14- se grabaron en septiembre. Y en noviembre de nuevo los camarógrafos y fotógrafos y sus equipos entraron a la cárcel para hacer las tomas de 'Oliver', en un baño de Justicia y Paz y sobre fondos que previamente fueron grabados en parajes de Antioquia como Las Mercedes, donde 'Terror' y su papá tuvieron su campamento paramilitar por años.

Vea el video de Nací de Nuevo

Vea el video de 'Me gusta todo de ti'

Vea el video de 'Amigo de amigos'

Inpec dice que, por orden de juez, quedará libre socio de 'los Comba'

Se trata de Marlon Valencia Portocarrero, alias 'Ketty', recluido en la cárcel de Cómbita.

Fiscalía dice que tiene otra orden de captura por narcotráfico que impediría que el narco, pedido en extradición, quede en libertad.

"En la mañana de hoy se recibió notificación del Juzgado 23 de Familia de Bogotá, en la que se ordena al Director General del Inpec proceda a conceder la libertad inmediata y sin dilación del señor Marlon Valencia Portocarrero, quien se encuentra recluido en el pabellón de extraditables del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá", informó el Inpec.

Agregó que la orden del juez argumenta "el amparo del derecho constitucional y legal de Habeas Corpus (vencimiento de términos).

Valencia Portocarrero, también conocido con el nombre de Edwin Jairo Valencia Bermúdez, fue capturado el 8 de febrero del 2010 y está pedido en extradición por Estados Unidos por los delitos de tráfico fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que el narcotraficante no podría quedar en libertad, pues existe una orden por procesos relacionados con el tráfico de droga.

Alias 'Ketty' fue señalado por la Policía como uno de los principales enlaces del narcotráfico de la organización de los hermanos Calle Serna, conocidos como 'los comba'.

FARC pretendían realizar secuestros en otros países

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio a conocer algunos apartes de correos extraídos de los computadores del ‘Mono Jojoy’, en donde queda en evidencia la intención de las FARC de realizar secuestros en otros países.

“Tienen que ver con las actividades internacionales de las FARC, para que el mundo entero se dé cuenta cómo operan y qué es realmente lo que hacen las FARC”, explicó el Mandatario.

En uno de los apartes de un correo fechado el 14 de marzo del año 2003, firmado por alias ‘Marcos Calarcá’ quien fue integrante de la junta internacional de las FARC, se habla de hacer un secuestro en el exterior.

“La idea es que la comisión internacional pare las antenas sobre esto, y claro, organizar el trabajo de tal forma que no haya posibilidades de vincular a las FARC”, señala el correo leído por el presidente Santos.

El Jefe de Estado señaló que este mensaje deja muy claro “cómo hacen las cosas (las FARC) y después se esconden para que no los culpen”.

En otro correo, dirigido al ‘Mono Jojoy’ en agosto de 2003, se habla de la posibilidad de secuestrar a un banquero, dueño de una entidad financiera de Aruba y Curazao.

En otro de los mensajes, con fecha de septiembre de 2003, se informa sobre US$300.000 cobrados por un rescate en Paraguay, y exponen la facilidad de realizar otros ilícitos en ese país.

“En un informe al secretariado dice: ‘Oswaldo, jefe del Partido Patria Libre, informa de US$300.000 nuestros en su poder, cobrados en un rescate en trabajo conjunto FARC-PL. Asegura que en Paraguay existen buenas condiciones para trabajos financieros conjuntos, compra de armas y organización de redes de apoyo a FARC”, informó el Mandatario.

Otro correo electrónico, de mayo de 2009, habla sobre un plan para secuestrar a un empresario de nacionalidad peruana, según el correo leído por el Jefe de Estado.

“Empezamos a hacer un trabajo de inteligencia en el Perú, para echarle mano a un ricachón de allá. Pero no es capitalino, vive en un pueblito de mala muerte. Es empresario, el trabajo se haría con un amigo de allá, quien será el encargado de cogerlo y no lo entregaría. Por el tipo se puede pedir US$4 millones, nosotros, para no comer cuento, mandamos a conocer al objetivo y efectivamente tiene plata”, dio a conocer el Presidente.

Expuso que en este correo, firmado por alias ‘Joaquín Gómez’, las FARC aseguran que ya tienen identificadas las rutas para el traslado de esta persona luego del secuestro.

Por último, el Presidente Santos reveló un mensaje firmado por alias ‘Iván Márquez’ hace un año, sobre el congreso para constituir el movimiento continental bolivariano.

Filtraciones, altas cortes y fiscales

Por Yorick

Por filtración, llegó a RCN, (hace aproximadamente un par de meses), información relacionada con una reunión de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se votó por la segunda terna de Uribe para elegir Fiscal General de la Nación. Consta en el informe que unos magistrados (la mayoría) cuestionaron al grupo minoritario de sus colegas por “engañar cínicamente a los colombianos” diciéndoles, por mediación del vocero de la Corte, (su presidente), que el fiscal sería escogido de la segunda terna de Uribe a sabiendas de que tal afirmación era falsa. Los hechos recientes confirmaron el engaño: La Corte eligió Fiscal de la terna de Santos.

En un país civilizado, tanto el presidente de la alta corporación, como sus engañosos y cínicos colegas, habrían sido severamente cuestionados por el ministro de justicia, por los medios de comunicación y por la sociedad entera. ¿Si la máxima autoridad judicial engaña cínicamente a los colombianos, porqué escandalizase de lo que hacen los jueces de menor jerarquía?

Que desde la emblemática y Suprema Entidad de la Justicia se les dé tan mal ejemplo a nuestros hijos, ¿no nos duele? ¿Se imaginan la reacción que en un país medianamente civilizado habría causado un hecho como éste? Nixon no se cayó por el Watergate como equivocadamente sostienen algunos. ¡Se cayó “por mentirle a la nación”!. Pero en un Estado sin ética como el nuestro, los magistrados de la Corte le mienten a la nación y el gobierno los premia. ¿Qué podemos esperar –me pregunto- de una sociedad cuyo Estado promueve los antivalores como modelos de conducta?

¡Cómo extrañamos a un Ricardo Medina Moyano, o a un Alfonso Reyes Echandía!, entre otros. ¿Puede alguien imaginar a estos dos prohombres, de rumba con gente extraña, disfrutando de sus generosas atenciones? ¿O pidiendo espacios en los medios de comunicación para prejuzgar a sus adversarios políticos? ¿O ventilando sus odios ante la nación entera, despreciando e irrespetando sus investiduras? Ellos, (los magistrados Ricardo Medina y Alfonso Reyes),“hablaron” siempre por autos y sentencias como tienen que hablar los jueces verdaderos. Y sus decisiones, además de sabias y jurídicas, fueron justas. Eran jueces ejemplares. Por eso ningún gobierno colombiano los premió. Paz en sus tumbas. Los autores intelectuales y materiales de sus muertes finalmente se salieron con la suya: asesinaron la justicia y el derecho.

Pero volvamos a la Corte actual. Catorce (14) magistrados votaron por Margarita Cabello en dos ocasiones. Y estaban votando, cuando llegó la terna de Santos de la cual eligieron fiscal con el mismo número de votos obtenidos por la doctora Cabello: 14. En la misma sesión eligieron al presidente de la corporación y a cinco nuevos magistrados para llenar las plazas vacantes. Recientemente, ante la sorpresiva renuncia del presidente (en propiedad por unos días), doctor Jaime Arrubla, la Corte eligió su reemplazo en una sola sesión. Sobran, entonces, palabras para comprender que los magistrados les deben muchas explicaciones a los colombianos. Porque como administradores de justicia saben que “con la vara que el juez mide, debe ser medido.” Entonces, tienen la palabra. Expliquen.

Pero, ¿realmente terminó la interinidad de la Fiscalía con la elección de Fiscal? Pienso que no. Supongamos que la jurisdicción contencioso administrativa decreta la suspensión provisional del acto administrativo en virtud del cual se eligió a Vivian Morales. La fiscalía quedaría en interinidad nuevamente. Y si no la decreta, solo se sabrá cuánto tiempo durará la doctora Morales en el cargo, cuando el Consejo de Estado dicte la sentencia respectiva.

Lo anterior nos enseña que la suerte de un Fiscal General en Colombia, depende, en últimas, de decisiones (casi siempre politizadas) de los jueces.(CSJ, Consejo de Estado, y si hay tutelas: Corte Constitucional). Si a esto le sumamos que mediante sentencias “moduladas” las cortes legislan y gobiernan, comprenderemos porqué ejercen un poder tan dictatorial y desafiante. Ante esta realidad, el fiscal actúa siempre con temor hacia sus juzgadores potenciales. Y con terror ante la perspectiva de ser “cocinado” por los periodistas si no piensa como ellos. En tal evento, será sometido a “indagatoria radial", le dirán corrupto y pedirán su cabeza.

¿Autonomía? ¿Cuál? Si el alto gobierno y el congreso tiemblan como cervatillos ante la posibilidad de caer en desgracia ante los jueces. He dicho mil veces, que la única vía para reformar la justicia es la Asamblea Constituyente. Y que tal reforma es más urgente que los decretos de emergencia por la ola invernal.

Sobre infiltrados conviene hacer algunas precisiones. Por ejemplo: ¿Quién le entregó a la revista Semana (o a "Cambio") lo de Giorgio Sale y Ascencio Reyes? ¿Alguien interesado en que el gobierno cerrara el DAS? ¿En la improbable hipótesis de que algún magistrado hubiera entregado la información que divulgó RCN a la emisora, habría que “cerrar” por eso la Corte?

No es fácil, amables lectores, vivir en un país como Colombia donde los jueces hacen política, los periodistas juzgan y condenan por la radio, los curas hablan de la guerra como si fueran mariscales de campo, los narcoterroristas pontifican sobre derechos humanos, y el presidente Santos es el mejor nuevo amigo del demonio. Ni Kafka habría podido imaginar este país.

¿Se cierra un bochornoso capítulo?

Jesús Vallejo Mejía 

Deploro que en el embrollo de la terna para la Fiscalía se hayan visto involucrados tres discípulos míos en la Universidad Pontificia Bolivariana, que, además, son mis amigos: Jaime Arrubla Paucar, Luis Fernando Álvarez Jaramillo y Marco Antonio Velilla Moreno. 

No es, pues, para mí el caso de entrar a hacer calificaciones personales sobre sus respectivas actuaciones. Pero en lo que tiene que ver con una apreciación serena de los hechos, no puedo ocultar mi acuerdo con los planteamientos y la actitud pública de Velilla. 

Pienso, en efecto, que la tesis del decaimiento de la segunda terna que propuso el entonces presidente Uribe Vélez, en la que incluyó a Velilla, tiene muy precario asidero jurídico; que el comportamiento que observó la Corte Suprema de Justicia para dilatar la elección de Fiscal por más de año y medio es altamente censurable; y que el voto que emitió anoche para elegir a Viviane Morales versó sobre una terna de hecho, que contrariando el ordenamiento jurídico, postuló el presidente Santos. 

No entraré en el campo de las descalificaciones personales acerca de la nueva titular de la Fiscalía. Al fin y al cabo, goza de la presunción de buena fe y cabe esperar que no sea inferior a la tremenda responsabilidad que ha asumido al aceptar la elección de que ha sido objeto. 

Con todo, hay preguntas y observaciones que no dejan de ser pertinentes en relación con el proceso que acaba de culminar con el voto que emitió la Corte, hecho en el que hay unos aspectos que son de público conocimiento, pero también otros ocultos y quizás sinuosos. 

Preguntemos, por ejemplo, por las consideraciones de política criminal que llevaron a Santos a proponer la terna de hecho y en qué resultaba mejor ésta que la de derecho que con aparente desviación de poder frustró la Corte.

¿Por qué los nombres de Morales, Esguerra y Arrieta, y no otros?¿Qué tenían ellos de maravilloso en comparación con los de Gómez, Velilla y Cabello?

Le diferencia, en principio, radica en que los primeros fueron candidatizados por Santos, mientras que los segundos lo fueron por Uribe. Pues bien, como lo señalé en otro escrito para este blog, la Corte parece haber inventado un impedimento para aspirar a la Fiscalía, a saber: que la candidatura hubiese provenido de Uribe. 

A la hora de la verdad, Santos, a pesar de ser un cachaco, no ha mostrado mucha elegancia en sus comportamientos. 

Piénsese tan sólo en que  la Sala Penal de la Corte pidió por unanimidad que la Fiscalía lo investigara por falso testimonio en el caso del Contra-almirante Arango Bacci. 

Si pensar mal de Uribe está de moda en la prensa capitalina, ¿por qué a ésta no se le ocurre considerar que mediaba por lo menos un impedimento moral para que Santos propusiera los candidatos a ocupar el cargo cuyo titular tiene el cometido de hacer el escrutinio del montaje que se hizo para arruinar la honra de Arango? 

Que Viviane Morales tenga trayectoria política no la inhibe de suyo para el cargo. Pero es interesante preguntar por qué Santos confeccionó su terna de hecho exclusivamente con personas vinculadas de algún modo con Ernesto Samper Pizano y no hubiese considerado la conveniencia de postular siquiera a un conservador. 

¿Tendrá que ver ello con el tema de la fusión del Partido Liberal con Cambio Radical? 

Y si Viviane Morales viene del Partido Liberal, ¿comparte el odio de sus copartidarios contra el ex presidente Uribe y sus colaboradores, o es, como algunos ya lo anuncian, una liberal uribista de rara estirpe? 

Pero hay algo más. A su iniciativa se debe la frustración de las diligencias que con buenas razones había iniciado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra los representantes que votaron en favor de Samper en el célebre proceso que en su contra adelantó la Cámara. 

A raíz de una tutela que ella inició, la Corte Constitucional adoptó una extravagante doctrina sobre la inviolabilidad del voto de los congresistas, que de modo algo confuso ha desconocido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para enjuiciar y condenar a  congresistas que votaron favorablemente o hicieron posible la reelección del ex presidente Uribe. 

¿Consideró la Corte estos antecedentes al elegirla como titular de la Fiscalía? ¿Está dispuesta la nueva Fiscal a mantener la rigurosa doctrina de la inviolabilidad de los congresistas que ella defendió litigando en causa propia?

Un vicio ya viejo y arraigado en la Fiscalía es la tendencia a compartir su poder burocrático con los políticos e, incluso, como lo denunció hoy el ex presidente Uribe Vélez, con la Corte Suprema de Justicia. 

Hay que investigar si es cierto que el Fiscal interino nombró como Vicefiscal a un recomendado de la Corte Suprema de Justicia, como también lo denunció Uribe en sus declaraciones para RCN, o les dio jugosas cuotas burocráticas a Vargas Lleras y Javier Cáceres, como se dice en los mentideros capitalinos. 

Habida consideración de estas insinuaciones, bien puede uno preguntar acerca de si la fácil aunque cuestionable mayoría con que se eligió a la nueva Fiscal fue producto de generación espontánea, como lo da a entender el magistrado Arrubla cuando dice que en la Corte no hay dos partidos, sino veintitrés, o hubo alguna negociación a la que jamás se habría prestado un candidato como Juan Carlos Esguerra. 

En fin, como se dice en los campos, amanecerá y veremos.

Jesús Vallejo Mejía es abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y embajador de Colombia en Chile. El Dr. Vallejo es autor del blog Pianoforte.

"¡Te pillé mirando!"

Por Juan Gómez Martínez

Voy a imitar a Raúl Tamayo, no en su estilo ágil y ameno, pero sí en contar un cuento al principio que se le puede acomodar a otras circunstancias y personajes.

El esposo, en una pareja, era algo díscolo y enamorado, practicante por fuera del matrimonio. Una noche, el señor del cuento, se pasó para la alcoba de la empleada del servicio y estaban en lo mejor, o en lo peor, depende de cómo se mire, cuando apareció la señora en el escenario de los hechos. El señor se dirigió a su esposa en tono airado y con voz de regaño le dijo: "¡te pillé mirando!". Traído el cuento a hoy, vemos que el esposo infiel se adelantó a lo que ocurre con nuestra justicia: la esposa violó la privacidad de la empleada, la incursión en la alcoba no fue en horas hábiles de trabajo, no pidió permiso para hacer el allanamiento. La esposa salió regañada y con la carga de la culpa.

Eso está pasando en Colombia. Una Corte Suprema de Justicia que asiste a un acto social, invitados sus integrantes por un señor de no muy buena reputación, que reciben magníficos regalos del mismo después de pagarles el viaje en un avión fletado y de participar en una animada fiesta, según cuentan. Ahora acusan a los funcionarios de un organismo de investigación por haberlos descubierto en un hecho que los deja tan mal parados como al señor del cuento. Los que se pasaron al otro cuarto son los que ahora investigan y hacen el escándalo cuando los pillados fueron ellos. El delito es que se hicieron las chuzadas sin la autorización de los organismos investigados, como lo sucedido con la muchacha del servicio que no dio autorización alguna para que su patrona entrara.

Una justicia en calidad de "encargada", una justicia que ni siquiera cumple con la Constitución para elegir Fiscal General, una justicia que emite los juicios condenatorios antes de iniciarlos, como pasa con la exdirectora del DAS, una justicia a la que le falta nombrar miembros para garantizar los votos necesarios en sus decisiones, no puede ser una justicia confiable. Con razón, para protegerse de ella, se busca el asilo.

Lo he dicho muchas veces, lo que pasa con la justicia es más grave que lo que pasa con los grupos subversivos, a estos se les puede combatir con las armas del Estado, la justicia es una de las ramas del poder, independiente y sin control alguno.

Grave, también, que esta opinión es generalizada, lo dicen las encuestas, el pueblo colombiano, en su gran mayoría, no cree en la justicia. ¿Cuál podrá ser el futuro de Colombia con una justicia inoperante y politizada? Me preocupa esta opinión mía y de muchos compatriotas.

Se puede también aplicar el "te pillé mirando" a lo que ahora se está destapando con las misiones diplomáticas de los Estados Unidos. Un embajador no se nombra solamente para asistir a cocteles, que son muchos, su misión, además de representar a su presidente y a su país, es la de estar informando sobre todos los hechos en los que pueda haber algún interés de su gobierno. Recuerdo que cuando la prensa bogotana me tildaba a mí como amigo de los narcotraficantes y cuando hacía parte del gobierno de Ernesto Samper, el embajador de los Estados Unidos me invitó a su despacho para hacerme toda clase de preguntas sobre mí y sobre algún amigo que ocupaba otro cargo público, claro que informé a mi amigo de lo ocurrido. No creo que esta visita fuera solo para oírme y que ningún dato fuera enviado a su gobierno. Al lado del embajador estaba un escribiente que tomaba nota sin perder detalle. Cuando se tiene la conciencia tranquila esto no pasa de allí. El embajador tenía todo su derecho a ser informado y de disponer de esa información.

Asilos e impunidades

Por Fernando Vargas.

El tema sobre las “chuzadas” del DAS hubiese merecido unos protagonistas con más criterio y menos susto. Seguramente otra cosa hubiese sido este episodio con los directivos de la década pasada de los 90´s. Esos sí sabían para qué era el DAS y para qué servía tener ese poder en sus manos. Lo de las chuzadas es cuento viejo y a muchos nos chuzaron y nos persiguieron con saña criminal desde el DAS, en la década pasada. Y nada pasó. El 2 de octubre de 2005, el representante Carlos Alonso Lucio del M-19, hizo públicas varias grabaciones en las que conversan el director en Colombia de la DEA con sus superiores en Washington y en la que, según Lucio, se demuestra “la conspiración de la DEA contra el gobierno de Samper” y nadie explicó quién o qué entidad chuzó esa conversación, ni cómo obtuvieron la indagatoria de Santiago Medina. Sin embargo, todo se supo, pero nadie respondió judicialmente. El periódico La Prensa, dirigido valientemente por Juan Carlos Pastrana, denunció y publicó ampliamente esas irregularidades. Era la época del “mamola” para los que reclamaban trasparencia del gobierno.

Estos funcionarios del DAS del caso reciente, en lugar de andar a las escondidas en el tsunami mediático que les montaron los que en la década pasada estaban manejando y cerca del DAS de entonces, debieron darle la cara a los colombianos y entregar a la opinión pública todos los archivos e investigaciones que hicieron y enfrentar a los enemigos de nuestra estabilidad democrática. Debieron haber desnudado a esos que ahora fungen de adalides de la justicia y jueces. En realidad esa gente debería tener otra posición en los estrados judiciales.

La seguridad del Estado es una función estratégica y vital para cualquier país, que permite, sin mayor explicación, aplicar el inmediato desalojo de su territorio a quien consideren peligroso para su seguridad nacional y tener corticos en sus andanzas a personajes que mantengan nexos con Estados hostiles o grupos terroristas, porque de no hacerlo, por equivocados cálculos políticos que no van en este tema, sus resultados serian de un costo muy alto para el país y los ciudadanos. Con mayor razón se debe ejercer milimétricamente cuando se trata de elementos abiertamente hostiles con el sistema democrático al que con el crimen y el terrorismo han tratado de derrocar para imponerle al pueblo un sistema comunista, esclavista y genocida.

Pero que a raíz del asilo de la ex directora del DAS en Panamá, ciertos personajes hipócritamente se rasguen sus vestiduras y emitan alaridos de hienas escandalizadas por ese asilo. Eso produce nauseas. Eso de victimizarse cuando han guardo silencio frente a horribles escándalos, cuando han callado frente a asilos de lesa humanidad, frente a asilos de sindicados y procesados con los que tuvieron o tienen ocultas militancias y vergonzosos silencios, los deja en evidencia repugnante y pecaminosa. Los que hoy gritan por este asilo, personas y organizaciones, han guardado silencio cómplice en muchos casos, como los siguientes:

Caso Álvaro Leyva Durán. “En 1994 José William Romero, campesino de 70 años que movió más de $10.000 millones en su cuenta bancaria en cuatro meses, giró a su nombre un cheque por $49 millones. Romero era empleado de Jairo Aparicio Lenis, prófugo de la justicia acusado de enriquecimiento ilícito. Leyva dijo en indagatoria ante la Fiscalía que era un pago por la venta de unas volquetas a la empresa minera Cominco, de la cual Aparicio era socio. No obstante, no ha podido acreditar la existencia del contrato de compra-venta. Pocos días después de la declaración de Leyva, Aparicio sustentó esta versión ante una notaría en Ipiales. La Fiscalía le dictó a Leyva medida de aseguramiento. Leyva salió a México y luego a Costa Rica donde pidió asilo político. Ha sido acusado de ser "estafeta de la guerrilla" y ha sido citado a diversos juzgados para que explique sus vínculos con la subversión. Inclusive en 1991, el senador Armando Varona lo denunció por enriquecerse como mediador de secuestros.” En este caso, Leyva era amigo personal del presidente del momento, Andrés Pastrana. Sin embargo, se asiló aduciendo persecución política judicial. Y los escandalizados fariseos de hoy, guardaron humanitario silencio.

El caso de 'Hernán Ramírez', 'Miguel Díaz Pachi', 'Juan Antonio Rojas' y 'Olga Lucía Marín' se afirma que son vistos en Europa gozando de extraña protección política haciendo la acción internacional de las FARC y que en Carolina del Norte hay un grupo grandecito de colombianos, abiertos seguidores de las Farc, que posan de ecologistas. Ninguno de los escandalizados de hoy han dicho nada al respecto.

El caso de los asesinos de Gloria Lara de Echeverri. Las siguientes personas, miembros de una organización armada clandestina --Organización Revolucionaria del Pueblo, ORP--, de ideología comunista, algunos de ellos vinculados a la Universidad Nacional, fueron condenados en 1992 a 28 años de cárcel por el secuestro y asesinato atroz de la Directora de Acción Comunal, la señora Gloria Lara de Echeverri, ocurrida el 23 de junio de 1982 en Bogotá, Colombia. El 3 de octubre de 1983, contra toda evidencia en el proceso, pues habían confesado libremente el crimen, un juez ordenó su libertad. Esa medida fue revocada y ordenada la recaptura de los criminales un mes después por el Tribunal nacional, pero en diciembre del mismo año (1983) se supo que los asesinos se encontraban ya en Europa en calidad de “refugiados políticos” o sea asilados. De manera que fue imposible recapturarlos y, asilados, se establecieron en Europa. Sus abogados presentaron recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y esa institución, en forma inexplicable, dejó vencer los términos en 2002, sin resolver el recurso. Con ello el caso quedó sin sanción penal, pese a que esos criminales habían sido condenados a 28 años de prisión.

Estos son los nombres de los condenados-asilados: Hernando Franco D´Laytz (Universidad de París); Martha Filistrof de Franco (Suiza); José Miguel Gamboa López (Instituto Bruno Kreisky, Austria); Miguel Ángel Vargas; Gloria Medellín; Diana Giraldo; Graciela Inés Acosta ; Víctor Rojas (escribe poesía y recibe galardones de la academia sueca); Juan Tadeo Espitia Supelano; Freddy José Rivera Arboleda; Gilberto Antonio Rivera Mesa; Froilán Rivera Mesa (trabaja en Suecia en la ONU); Emperatriz Santander Cancino (se hace sandinista y vive en Nicaragua desde 1987); Robinson Rafael Rivera Arrieta; Rodrigo Alberto Penilla Candela; Betty Suárez; Enán Lora (se quedó en Colombia vinculado al GEGA, grupo que asesinó al candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado).

Se sabe que tienen nacionalidades de Dinamarca, Francia, Suecia, Austria y España. Se sabe también que los apoyan Amnistía España y la federación Española de derechos humanos, entre otras Ong. Organizaciones con las que mantienen estrecha relación las ong`s colombianas, cuyos miembros hoy rasgan sus vestiduras por el asilo de la ex directora del DAS. “La diplomacia de las FARC que les permite llevar su gente a Europa, se hace a través de unos abogados intermediarios. Es decir, hay unos tipos que se han especializado en derecho de emigración, y se encuentran en Suecia, España, Francia, Gran Bretaña. A esa gente ya la tiene contactada las FARC. Ellos les pagan a esos tipos, y a organizaciones como Amnistía Internacional y la Federación Española de Derechos Humanos, para presentar el caso como si se tratara de perseguidos políticos. Estos tipos que trabajan con las FARC, reciben los casos, les dan la plata y ellos los tramitan y les consiguen el asilo. Tienen muy bien montado el negocio, pues por cada trámite cobran alrededor de US$ 10.000.” (Gloria Lara. La Flor de la esperanza. Luz María Echeverri Lara, marzo de 2006).

El juez 16 superior, Enrique Alford, los dejó en libertad, el 3 de octubre de 1983, plasmando para la historia judicial de Colombia su militancia ideológica, lo que le aseguró la crítica de muchas personas, entre ellas el procurador Carlos Jiménez Gómez. Dos meses después, el Tribunal revocó la decisión de Alford y ordenó recaptura de los 18 autores del crimen de Gloria Lara. Pero ¡oh sorpresa!, ya estaban en Europa, gozando de excelente y oportuno asilo. Sin embargo Alford no acató la orden del Tribunal y no ordenó la recaptura de los criminales, hasta que el proceso pasó a manos de otra juez, la 39. En junio de 1985, extrañamente, el caso fue calificado por Alford, quien no llamó a los 18 criminales a juicio, pero en cambio, en julio de 1985, su nombre fue propuesto para formar parte de la Corte Suprema de Justicia. En aquella ocasión no alcanzó los votos necesarios. Cuatro meses después eran quemados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el ataque terrorista realizado por el M-19. Cría cuervos…

Enrique Alford, luego de unos años, llegó a la CSJ. En 1997 él era magistrado del Tribunal de Bogotá. El 7 de octubre de 1986, el Tribunal revocó la medida de Alford y llamó a juicio a los 18 criminales. Y el 20 de agosto de 1992 el Tribunal Nacional condenó a 28 años de prisión a todos los autores materiales del crimen de Gloria Lara. En 1995, el proceso fue a Casación ante la Corte Suprema de Justicia. El magistrado ponente fue Carlos E. Mejía Escobar y se nombró conjuez a Fernando Arboleda Ripoll, quien se inhabilitó por haber asesorado a los abogados defensores de los citados criminales, es decir a los abogados Alejandro Hernández y Gustavo Gallón, connotado “defensor de derechos humanos” del Cinep y de la Comisión Colombiana de Juristas. Finalmente se nombró un nuevo conjuez y escogieron nada menos que a Alfonso Gómez Méndez!!

En agosto de 1995 el proceso pasó a concepto de la Procuraduría. En mayo de 1997 el procurador Germán Pabón Gómez emitió concepto luego de dos años. En 1997 el nuevo magistrado ponente fue Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien tres años después decretó la prescripción del proceso, porque resulta que luego de ejecutado el auto de proceder el término de prescripción es de tan solo 10 años. Qué bien asesorados jurídicamente estaban esos criminales.

Como ominoso corolario, recordemos que el proceso llegó a la Corte Suprema de Justicia el 22 de febrero de 1995, un año y medio antes de su prescripción. De estas aberraciones, impunidades y descarados asilos no dijeron nada los hipócritas escandalizados de hoy. Esos hipócritas que siempre fomentaron la amnesia de nuestro pueblo y jugaron a la perenne impunidad que los cubre todavía.

Los brazaletes de la impunidad

El otorgamiento irregular de este beneficio depende de los jueces de ejecución de penas y los jueces de control de garantías. Al respecto, el director (e) de este organismo, Luis Felipe Henao, explicó que “si bien la vigilancia de los reclusos depende de nosotros, cuando un juez da la orden de entregar un dispositivo de vigilancia nosotros no estamos para cuestionarla, sino para cumplirla”.

Ante las evidentes irregularidades de parte de los jueces, este diario se comunicó con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres, quien prefirió no dar declaraciones “hasta tanto no me reúna en Sala Plena para conocer quiénes y por qué se están otorgando los brazaletes a personas sindicadas de delitos excluidos por la norma”.

RENÉ GUARÍN Y EL MONTAJE DE LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA

Por el Consejo Editorial de “Talante”

Todo el proceso contra los militares que salvaron el Estado de Derecho y rescataron no menos de 260 personas, de manos de las hordas criminales que asaltaron el Palacio de Justicia el 6 y 7 de Noviembre de 1985, se ha montado sobre el cuento de los desaparecidos de la cafetería.  Para ello han sido utilizados como idiotas útiles algunos medios de comunicación. No vale la pena mencionarlos. Los hemos leído con estupor.

A través de esos medios ha enseñado a los colombianos que los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia salieron con vida y ahora no aparecen, razón por la cual se deduce (sin indicio alguno) que el General Arias Cabrales y el Coronel Plazas Vega los secuestraron y desaparecieron. A esa calumnia los jueces la han llamado “inferencia”. Y con esa inferencia condenaron al Coronel Plazas a 30 años de prisión. Sin una sola prueba válida.

¿Cómo montaron el cuento? Mediante unas imágenes de televisión en las cuales se ve a unas figuras borrosas saliendo del Palacio de Justicia en brazos o al hombro de soldados o policías que los rescataban. Y quién hace el reconocimiento: dos personas René Guarín y Cesar Rodríguez.

LOS “RECONOCIMIENTOS DEL SECUESTRADOR DEL M-19”

René Guarín Cortés quien fue descubierto por los periodistas Ricardo Puentes Melo y Claudia Morales de RCN radio, como miembro del M-19 y autor de secuestros, indultado simultáneamente con los autores intelectuales del asalto al Palacio de Justicia en 1992, es el hermano de la supuesta desaparecida Cristina Guarín Cortés.

Guarín aceptó en el programa de radio “la W” de Julio Sánchez Cristo,  que había sido guerrillero del M-19. Y en el diario El Espectador, reconoció no solo haber  secuestrado al industrial Jorge Valencia Ángel, el 27 de mayo de 1988, sino el robo de por lo menos un automotor, y el asalto a un banco. Reconoció además el porte ilegal de armas cometido en la casa de sus padres.

Los periodistas que investigaron lo que la “Fiscal de hierro” Ángela María Buitrago no investigó, descubrieron que Guarín fue capturado con la carabina M-1 y 130 cartuchos de dotación del policía Jesús Antonio Villamil, asesinado el 06 de agosto de 1986  en asalto del M-19 a Nemocón (Cund). En ese asalto el M-19 asesinó a  tres policías y un cabo del Ejército y dejó dos civiles heridos.

Pues bien, ese personaje René Guarín  Cortés es una de las dos personas que dice reconocer varios “desaparecidos” en el Palacio de Justicia. La otra es Cesar Rodríguez, hermano de otro de los “desaparecidos”: Carlos Augusto Rodríguez Vera.

René Guarín reconoce a

·        1.- Cristina Guarín Cortés

·        2.- Carlos Augusto Rodríguez Vera

·        3.- Bernardo Beltrán Hernández

·        4.- Héctor Jaime Beltrán Fuentes

·        5.- David Suspes Celis

·        6.- Gloria Stella Lizarazo

Estos falsos reconocimientos unidos a los de Cesar Rodríguez Vera, son los que le permiten a la Justicia Colombiana afirmar que está “plenamente comprobado” que esas personas salieron con vida. ¡No hay nada más! La Justicia no reparó en que esos dos testimonios pueden ser falsos. De hecho el testimonio de Guarín debe descartarse por evidente interés en proteger al  movimiento M-19, responsable del fallecimiento de los empleados de la cafetería según el Tribunal Especial de Instrucción en su cláusula decimo séptima del informe presentado a la Corte Suprema de Justicia del 31 de mayo de 1986, sobre los hechos del Palacio de Justicia. Informe que en forma inexplicable los nuevos operadores judiciales de este proceso desde 2005, han desconocido. 

LOS CONCEPTOS DE LOS PROCURADORES

Los Procuradores Jesús Villabona Barajas en el juicio del Coronel Alfonso Plazas y Hernán Suarez Delgado en el juicio del General Arias Cabrales, coinciden en afirmar que no hay una sola persona que reconozca como rescatadas del Palacio de Justicia, a tres de las “desaparecidas”, luego murieron al interior del Palacio. Ellas son:

1.- Norma Constanza Esguerra

2.- Luz Mary Portela León

3.- Gloria Anzola de Lanao.

NUBIA STELLA HURTADO TORRES TAMBIEN SE RECONOCE

Nubia Stella  Hurtado Torres funcionaria rescatada por las tropas del Palacio de Justicia frente al video de otra “desaparecida” dice: esa no es ninguna desaparecida, esa soy yo. Se trata de

·        Lucy Amparo Oviedo Bonilla.

Recordemos que en una diligencia presidida por la “ex Fiscal de hierro” Ángela María Buitrago, el abogado José Vicente Pedraza, defensor del Coronel Plazas, renunció al descubrir que con la anuencia de la Fiscal se estaba insinuando a la declarante Nubia Stella Hurtado que no se identificara cuando saliera su imagen en la televisión. La renuncia del abogado por considerar que no hay garantías para la defensa quedó en el proceso.

Es un caso igual al de la ascensorista del Palacio María Nelfi Díaz quien se ha reconocido reiteradamente en más de siete ocasiones a lo largo de estos 25 años, frente a una imagen que René Guarín identifica su hermana Cristina Guarín.

DESAPARECIDA DURANTE 16 AÑOS

Una empleada de la cafetería del Palacio de Justicia figuró como desaparecida hasta el año 2001, cuando fue identificado su cadáver con pruebas de ADN dentro de los exhumados de una fosa común del Cementerio del Sur al cual fueron llevados los restos de 36 fallecidos en el Palacio de Justicia, por no estar identificados o no reclamados en Noviembre de 1985, se trata de:

·        Ana Rosa Castiblanco

Sus restos fueron entregados a la familia mediante Acta, el primero de noviembre de 2001. Sin embargo René Guarín la tiene incluida entre las fotografías que colocan con el letrero de “Sin Olvido” que él mismo organiza y arenga en cada diligencia judicial contra los militares.  Olvida eso sí el señor Guarín, cuando pregunta donde están los desaparecidos, que los restos de la señora Castiblanco, víctima del M-19, movimiento al cual él perteneció y en el cual delinquió y atropelló a la sociedad, ya se sabe donde están.

Con relación a las once personas anteriormente relacionadas hay una coincidencia: nadie las vio en la casa del florero, lugar al cual hubieran llegado, de ser cierto que salieron con vida, puesto que allí llegaban todos los rescatados, y al respecto fueron interrogados los más de 260 rescatados con vida en aquella ocasión.

Finalmente hay otra persona que figuró como desaparecida hasta el año de 1988, cuando apareció en México: Clara Helena Enciso. Era una de las terroristas del M-19 que asaltó el Palacio de Justicia, y fue responsabilizada por tres Jueces, por delitos de Lesa humanidad cometidos en esa ocasión contra los Magistrados y funcionarios de la Justicia Colombiana.

Figuró como desaparecida y se responsabilizó de su desaparición al General Arias Cabrales y al Coronel Edilberto Sánchez Rubiano. En esa época no se estaba inculpando de desapariciones al Coronel Plazas Vega, pues todavía no se había desempeñado como Director Nacional de Estupefacientes, cargo en el cual le propinó serios golpes a los bienes y las finanzas de los narcotraficantes.

OTROS ASUNTOS SOBRE RENE GUARIN

1.- Que estuvo preso en la cárcel nacional modelo hasta el año de 1992 cuando se acogió a la amnistía ofrecida al M-19 en virtud de la Ley 77 de 1989.

2.- Que iba en compañía de María Antonia Espitia Barrero, residenciada en Zipaquirá, barrio Bolívar 83 fortín del M-19, del grupo de Gustavo Petro Urrego.

3.- Que el 28 de noviembre de 2005 el Ejército abatió a dos guerrilleros de las FARC en Colombia (Huila), les encontró una USB y cuatro cuadernos, en los cuales figuraban los nombres de miembros de las FARC, con tareas de proselitismo en la Universidad Nacional, entre ellos María Antonia Espitia Barrero actual docente en dicho claustro. En esos cuadernos se les relaciona con el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (patrocinado por Hugo Chavez) y el Partido Comunista Colombiano Clandestino (PC3), que es la dirigencia política de las FARC.

6.- René Guarín Cortés estuvo preso en la cárcel modelo de Bogotá, por el delito de “Concierto para delinquir”, artículo 7 del Decreto 180 de 1988, por orden del Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá, sumario No. 06 del 10 de junio de 1988.

7.- El Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá en oficio 47017 del 17 de Enero de 1989 solicita su captura por el proceso señalado en el numeral anterior, y adicionalmente otro proceso, circular 11 del 23-Ene-89.

8.- Cristina Guarín, siendo abogada graduada en la Universidad Nacional, se empleó como cajera de la Cafetería del Palacio pocos días antes de la toma por el M-19:

“yo tenía 22 años, mi hermana 26, …durante los 36 días que ella  trabajó allí varias veces fui a recogerla cuando salía de trabajar, pude así conocer a Bernardo Beltrán y Héctor Jaime Beltrán, es de aclarar que yo conocía años atrás a Carlos Rodríguez Vera y por su mamá María Helena llegó mi hermana a trabajar a la cafetería. María Helena la mamá de Carlos llama a mi mamá a comentarle que Carlos está administrando la cafetería del Palacio y que su esposa Cecilia entra a licencia de maternidad…y propone que Cristina vaya allí. Mi hermana en principio no quería aceptar eso. Ella tenía previsto irse para España a hacer un post grado…pero finalmente acepta…mientras le sale la beca…” (cuaderno 11, proceso 9755, folio 196)

La pregunta es:

Pueden considerarse válidas los reconocimientos de René Guarín, para abrir un proceso por “secuestro” y “desaparición forzada”, pasando por encima de:

·        La investigación del Tribunal Especial de Instrucción firmada por dos Magistrados después de una completa investigación, adobada por el principio de la inmediatez, la cual establece que esas personas murieron en el cuarto piso?

·        La Resolución de Acusación del Juez 30 de Instrucción Criminal que considera que una de las supuestas desaparecidas, está muerta y según el dictamen del médico forense se trata de Norma Constanza Esguerra, sepultada equivocadamente como el Magistrado “Pedro Elías Serrano Abadía”, cadáver que tiene el “útero no preñado, carbonizado”?

·        Las siete veces que en más de 20 años, ante Jueces, Fiscales y Procuradores, María Nelfi Díaz, ascensorista rescatada por las tropas se reconoce a sí misma en los videos afirmando: “esa soy yo” y no Cristina Guarín?

·        La evidencia en el proceso de que nadie vio a ningún trabajador de la cafetería del Palacio en la casa del Florero, luego nunca salieron vivas. Y ahora figuran como desaparecidas, por el reconocimiento que hace el secuestrador del M-19 René Guarín?

¿Qué espera la Justicia Colombiana, para declarar de oficio la nulidad de todo el proceso contra el General Jesús Armando Arias Cabrales y el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, cuando ha quedado desvirtuado que hay desaparecidos?

¿Qué espera la Justicia Colombiana para hacer una investigación seria sobre los cadáveres que tanto tiempo permanecieron en el laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional en flagrante violación de la Ley, y que solo hasta Octubre de 2009 y a escondidas de los abogados defensores de los militares los regresaron al Instituto de medicina Legal y Ciencias Forenses, lugar donde han debido permanecer por estar  cobijados por procesos penales que no han concluido?

Los colombianos no entendemos porque están presos los oficiales mencionados. ¿O es que la Justicia nos quiere demostrar que su poder es tan grande que pueden mantener privado de la libertad a un inocente y condenarlo sencillamente porque así lo desean los operadores judiciales?

¡Qué vergüenza! Como decía el diario El Colombiano de Medellín.