Denuncia: testigos desmienten caso de falso positivo en el Guaviare

¿Por qué la Fiscalía se niega a oír esos testimonios?

Cable Noticias, Bogotá

Dos testigos  revelan que  hubo impostura en caso de acusaciones contra el teniente César Fajardo y otros militares acusados de haber asesinado cinco civiles en el Guaviare, en 2005.

Claudia Patricia Castañeda, esposa del acusador Dairo Alberto Borja, declaró que es falso que los citados militares hayan cometido un falso positivo. Ella insistió ante periodistas de Cable Noticias que Dairo Borja acusó a esos militares porque había recibido dinero a cambio de dar ese falso testimonio.

El teniente Cesar Fajardo y otros militares han sido acusados de haber secuestrado y dado muerte a cinco civiles en Lagos El Dorado, de Guaviare en 2005. Ellos dicen haber dado muerte a unos guerrilleros en combate. Según Claudia Castañeda y un segundo testigo, Jorge Eliécer Gómez, presidente de la junta de acción comunal de esa localidad, uno de los muertos, Argemiro Icatá Moreno, era un guerrillero conocido bajo el alias de Icopor, y que ese individuo había participado en varias masacres, entre ellas las cometidas en las veredas de Tacuará y de Lágrimas. “De día el andaba de civil y de noche hacía las fechorías”, precisó Jorge Eliécer Gómez.

Claudia Castañeda es la ex esposa del Dairo Alberto Borja. Este es un soldado profesional. Según Claudia Castañeda, su ex marido le habría revelado que él había “arreglado el caso por dinero”. Borja le había dicho a Claudia que  él tenía que “sacar plata con esas muertes”. Ella ahora pide protección a las autoridades pues Borja la ha amenazado de muerte, a ella y a sus hijos.  Decidida a transmitir a la justicia lo que sabe, Claudia Castañeda se entrevistó con la fiscal 62 de Villavicencio, pero ésta, de manera asombrosa, no le quiso recibir su declaración alegando que ese caso ya estaba “cerrado”. La fiscal agregó que recibir esa declaración “sería violar la ley”.

En consecuencia, Claudia Castañeda y sus hijos siguen sin protección y  ella sigue sin ser escuchada por la fiscal 62 de Villavicencio. El teniente Cesar Fajardo  y los militares acusados por el de haber cometido ese “falso positivo” siguen en prisión.

Es urgente que la Fiscalía General ordene a la fiscal 62 cumplir con su deber  jurisdiccional y escuche a los citados testimonios, pues éstos no pueden ser rechazados. Esos testimonios constituyen dos nuevos elementos  de ese proceso penal.

Vea  el reportaje de Cable Noticias en:

http://www.youtube.com/watch?v=Fge3cyL5AT8&feature=youtu.be

Giorgio Sale está en libertad

El empresario italiano Giorgio Sale, famoso por sus incursiones en el mundo social hasta hace cinco años y piedra de escándalo por sus aproximaciones a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, recobró su libertad la semana anterior. Estaba preso en Roma desde el 22 de noviembre de 2006, en desarrollo de una operación internacional contra el narcotráfico y el lavado de activos, pero saldó sus cuentas, según su hijo Stefano, quien también aspira a salir de una cárcel en Cartagena.

En su momento, la captura de Giorgio Sale se produjo en desarrollo de la operación ‘Tiburón Galloway’ y corrieron la misma suerte sus hijos Cristian, Stefano y David Sale. Junto con ellos fueron detenidas 49 personas en Italia, España y Colombia. Esa acción fue el desenlace de una investigación de cinco años con centenares de interceptaciones telefónicas que, en el caso colombiano, terminaron develando las relaciones entre el empresario italiano y el jefe paramilitar, hoy extraditado a Estados Unidos, Salvatore Mancuso.

De igual modo, a pesar de que los rastreos del capítulo Sale-Mancuso llegaron a identificar a 31 personas de nacionalidad colombiana, el asunto hasta ahora sólo se limita al procesamiento de dos implicados más: el médico veterinario Celso Alfredo Salazar Castañeda y el ingeniero textil Francisco Javier Obando Mejía. El primero obraba como enlace del jefe paramilitar y Obando desarrollaba las instrucciones del empresario italiano. Ambos aceptaron los cargos y fueron condenados por el delito de lavado de activos.

Recientemente, el expresidente de la Comisión Antimafia del parlamento italiano, Francesco Forgione, a través de su libro Mafia export, dio a conocer un detallado diagnóstico sobre las proyecciones de las principales mafias italianas, en el que no faltaron alusiones al tema colombiano. El propio Forgione admitió que hay muchas conexiones entre los mafiosos calabreses y los narcotraficantes colombianos, así como jefes del paramilitarismo, en concreto con Salvatore Mancuso, de ancestros italianos.

Como se sabe, Giorgio Sale llegó a desarrollar en Colombia una activa gestión empresarial, al punto de que sus negocios La Enoteca, Made in Italy, Vinería italiana, entre otros, llegaron a convertirse en el centro de la vida social en Barranquilla, Cartagena y Bogotá. Y en medio de este cabildeo, el audaz empresario italiano logró hacerse a la amistad de varios magistrados de las distintas cortes, razón por la cual surgieron sospechas sobre la conducta de algunos de ellos. Hubo regalos, agasajos y estas relaciones dejaron en tela de juicio a algunos juristas.

Según conoció El Espectador, a pesar de que el interés de Giorgio Sale es recobrar su vida privada y sus negocios, su primera gestión tiene que ver con Colombia, pues tiene una cita pendiente en el consulado en Roma. El tema tiene que ver con una citación de integrantes de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que tiene interés en escuchar del propio Giorgio Sale, cuál fue la motivación y particularidades de sus acercamientos con la Corte Suprema de Justicia y otros dignatarios del Poder Judicial en Colombia.

La investigación contra Giorgio Sale y sus hijos fue promovida por el Tribunal de Reggio Calabria, que logró acreditar desde los correos electrónicos que el empresario enviaba desde hoteles a Salvatore Mancuso, hasta las conversaciones de sus hijos en las cuales también quedó claro el interés por resolver la situación jurídica de tres italianos que fueron sorprendidos en 2002 en el aeropuerto Eldorado, en posesión de $902 millones en efectivo. Los detenidos fueron absueltos en doble instancia.

Corte Suprema quería ver fracasar el proyecto de reelección

Las relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Álvaro Uribe nunca fueron las mejores. Y cuando trataron de mejorarse siempre hubo algo que las volviera a dañar.

En 13 de mayo de 2009 se conoció la declaración delexjefe de contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos en la que mencionó el alto consejero presidencial Jose Obdulio Gaviria y el Secretario de la Presidencia Bernardo Moreno estaban involucrados en la vigilancia ilegal del DAS junto con el acoso de magistrados de la Corte Suprema tenía enrarecido el ambiente entre la corte y el Gobierno.

Un cable de la Embajada de Estados recordaba una conversación con el entonces magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González – ex secretario de la Casa de Nariño y quien meses atrás se había declarado impedido para votar la reelección inmediata, precisamente por ese vínculo con el Gobierno- en la que éste preveía que la pelea entre los dos poderes – justicia y gobierno- no iba a acabar pronto.

Gonzalez expresó que el gobierno había incumplido en entregar a la Corte detalles sobre las actividades adelantadas por el DAS como el propio presidente Uribe se los había prometido. Según González, ese hecho había disipado cualquier señal de buena voluntad para enderezar las relaciones que hubiera mostrado Uribe en sus reuniones con los magistrados.

Las Cortes reaccionaron con fuertes palabras, reseñó el entonces embajador William Brownfield, para luego citar que el 14 de Mayo la Corte Suprema expidió una carta pública demandando nuevamente una declaración por parte del Presidente sobre los seguimientos a magistrados.

Tras advertir que no habría arreglo entre Uribe y la Corte, el magistrado Gonzalez interpretó el ambiente que se vivía en la corte y el sentimientos generalizado de los magistrados: “la Corte Suprema quiere ver el proyecto de la reelección de Uribe fracasar y varios funcionarios del gobierno encarcelados por las actividades del DAS”.

González no tenía muchas esperanzas de que nuevos diálogos entre Uribe y los magistrados pudieran mejorar las maltrechas relaciones, aclarando que todo dependía de las decisiones de la Fiscalía, con la cual no había posibilidad de negociación.

El exdirector del DAS Andrés Peñate, ese mismo día, fue más lejos y le dijo al embajador de Estados Unidos en Colombia que temía que la Corte Suprema estuviera buscando chivos expiatorios y aseguró que los magistrados “no estarían felices hasta que altos funcionarios del Gobierno  – idealmente Jose Obdulio Gaviria – fueran encarcelados”.

La rama ejecutiva también le subió a la temperatura a la situación por esos días. El excomisionado de Paz y en ese momento presidente del Partido de la U, Luis Carlos Restrepo, reanudó su petición formal de que el Congreso investigara los presuntos vínculos entre narcotraficantes y algunos magistrados de la Corte Suprema.

Restrepo aseveró que Salvatore Mancuso había dicho que tenía influencia en la Corte. 

Corte Suprema colombiana pide indagar supuesta infiltración "para"

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) colombiana pidió hoy a la Fiscalía y Procuraduría que investiguen una versión según la cual en 2005 narcoparamilitares habrían pagado unos 2,6 millones de dólares para que algunos magistrados del alto tribunal votaran en favor de un candidato a fiscal general de la Nación. 

La información la dio a conocer el presidente de la CSJ, Camilo Tarquino, en un comunicado leído a los reporteros, reseñó AP. 

Tarquino dijo que los 23 magistrados les hicieron saber -durante una reunión en la jornada- a la fiscal general Viviane Morales y al procurador Alejandro Ordóñez  "la necesidad de que a la mayor brevedad posible adelanten...las investigaciones que... se desprendan de los hechos que varios medios de comunicación han difundido en relación con la elección del ex fiscal general'' Mario Iguarán. 

Pero, en realidad, ni la Fiscalía ni la Procuraduría pueden investigar a los magistrados de la CSJ. La solicitud entonces es percibida más como gesto de independencia judicial de los magistrados. 

Tanto penal como disciplinariamente, según las leyes, los magistrados sólo pueden ser investigados por la llamada Comisión de Acusación de la Cámara, un tribunal judicial, de origen político, conformado por 19 congresistas que investigan a altas autoridades como el presidente de la República, el fiscal general y los magistrados de las altas cortes del país. 

Hace dos semanas, el diario bogotano El Espectador publicó de WikiLeaks un cable de abril de 2008 en el que el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, reportó a Washington que, según una fuente anónima, varios cabecillas narcoparamilitares reunieron 5.000 millones de pesos (un poco más de 2,6 millones de dólares) para supuestamente pagar a algunos magistrados para que votaran por Iguarán (2005-2009) como fiscal general y porque era percibido como quien podía tomar medidas que les favorecieran judicialmente. 

Tanto el cable diplomático como otros narcoparamilitares detenidos han dicho que el dinero fue reunido entre varios paramilitares, pero nunca se ha mencionado a cuáles de los magistrados fue entregado y si realmente llegó a manos de los altos jueces. 

Iguarán ha dicho en reiteradas ocasiones que su elección fue limpia y que duda de que los magistrados pudieran vender su voto. 

En declaraciones entregadas a varios medios de comunicación el viernes pasado, el magistrado Tarquino dijo que él y los demás magistrados estaban "indignados'' con esa versión y advirtió que ésta es la respuesta de "delincuentes'' a las recientes decisiones que el alto tribunal ha tomado contra varios políticos por nexos con bandas paramilitares. 

El narcotraficante Jonnny Cano, extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2006 bajo cargos de narcotráfico, les dijo a a las autoridades colombianas, a principios del año pasado, que el también extraditado narcotraficante Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco'', fue el encargado de recoger el dinero para supuestamente comprar los votos de algunos magistrados en favor de Iguarán.

Piden investigar presunto soborno de "Macaco" a magistrados de Corte para elección de ex fiscal Iguarán

Exigen a la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, que se investigue la responsabilidad de cada uno de los magistrados, que presuntamente eligieron al exfiscal Mario Iguarán Arana, a cambio de un supuesto soborno de $5 mil millones entregado por el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco".

De hallarse méritos, se ordenaría la compulsa de copias a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, corporación que se encarga de investigar a los magistrados del alto tribunal.

De acuerdo con un cable revelado por Wikileaks, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Bronfield, mostró su preocupación por la posible infiltración paramilitar en la Corte Suprema en la elección de Iguarán Arana como jefe del ente acusador.

En sala plena extraordinaria del alto tirbunal, se expuso con urgencia ante la fiscal Viviane Morales y ante el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, la solicitud de realizar esta investigación para despejar cualquier duda sobre los integrantes de esta corporación.

Según una declaración entregada ante fiscales de Justicia y Paz, alias "Macaco" habría sobornado con 5 mil millones de pesos a varios magistrados de la Corte Suprema para impulsar la elección de Mario Iguarán.

Colombia: Una corte suprema en entredicho

Por SALUD HERNÁNDEZ-MORA

Wikileaks dejó al descubierto un rumor que corría en determinados círculos desde hace tres o cuatro años. Alias “Macaco”, poderoso jefe paramilitar y capo mafioso, pagó cinco mil millones de pesos (unos 2.5 millones de dólares) a unos magistrados de la Corte Suprema para que votaran por Mario Iguarán en la elección de Fiscal General en el 2005.

A dicha revelación le siguieron otras, como que también Salvatore Mancuso, otro ex comandante de las AUC, no dio dinero pero sí pidió a un destacado integrante de dicho alto tribunal, que era su amigo, que apoyara a quien había sido vice ministro del Interior y la persona que ellos pensaban podía aplicar la Ley de Justicia y Paz de acuerdo a sus intereses.

Como la espuma seguía subiendo y no es la primera vez que la Suprema queda en entredicho, el nuevo Presidente del organismo, Camilo Tarquino, optó por solicitar este lunes a la Fiscal General y al Procurador que investiguen los hechos.

Pero antes, en una entrevista radial, señaló que las denuncias forman parte de una conspiración, otra más, decía, de las varias que han sufrido. A su juicio, cada vez que van a adoptar una decisión clave, hay una campaña de desprestigio.

Nada más lejos de la realidad. Los mismos medios que destapan sus escándalos y que difícilmente se pondrían de acuerdo, les apoyaron y siguen haciéndolo, en la guerra que durante años libraron con el entonces Presidente Álvaro Uribe. Lo que ocurre es que ese pilar del Estado de Derecho no ha podido librarse del cáncer nacional de la corrupción y no parece dispuesto a extirpar los tumores malignos que les afectan.

El origen del mal radica en la forma de elección de las cabezas de los entes de control y de los jueces de las altas cortes. Las campañas de los candidatos se han convertido en un mercado persa donde se transan puestos para familiares, amigos y hasta amantes, por votos, además de otras gabelas. Sin ir más lejos, la Procuraduría cuenta con más de quinientos altos cargos de libre designación, con fuerte remuneración, con los que puede jugar. También es conocida la compra de sentencias en determinadas instancias y la oscura influencia de encopetados bufetes bogotanos en los procesos.

Un obstáculo para la transparencia y la erradicación de la enfermedad está en la falta de autocrítica y de voluntad de cambio, así como la imposibilidad de llevarlos a juicio. La Comisión de Acusaciones de la Cámara, conocida popularmente como Comisión de Absoluciones, es el juez natural de sus señorías, el lugar donde acostumbran a dar entierro de tercera en todos los casos.

En descargo de los senadores hay que recordar que son los togados del Supremo los que les investigan y es difícil, por no decir que imposible, encontrar representantes del pueblo dispuestos a inmolarse. O tienen rabo de paja o simple miedo a molestar a quienes pueden acabarles la carrera política.

¿Qué pasará entonces? Poco o nada. Aunque “Macaco” dijera que es cierto que quería influir y que le dio dinero a su abogado, Abelardo de la Espriella, para alterar los votos, éste lo negará hasta la muerte. “Mancuso” no podrá declarar nada distinto a confirmar su participación en el soborno, pero no dejará de ser una prueba testimonial sin mayor efecto, salvo que su intermediario en al operación, que se entregó a las autoridades la semana pasada, de detalles contundentes. Si no, todo quedará en un manto de duda sobre algunos jueces que ya están retirados.

Pero la Corte Suprema, que cuenta con nuevos miembros y con el favor de los principales analistas y formadores de opinión del país, habrá quedado bien, al dar la imagen de que son los primeros interesados en desvelar la verdad aunque no sea cierto.

En definitiva, en este país la Justicia, que arroja índices de impunidad en algunos delitos superiores al 95 por ciento, tiene un teflón que le protege de su ineptitud y parcialidad, y que le da un aire de eficiencia y pulcritud. Y así seguirá salvo que el Presidente Santos, empeñado en reformarla, pueda hacerlo.

Esposa de magistrado que negó embargo de bienes de los Nule habría tenido contratos con el IDU, según la Contraloría

Sigue creciendo la controversia por la decisión de un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no aceptó la solicitud hecha por la Contraloría para embargar todos los bienes de los Nule en Colombia y en el exterior y luego se declaró impedido para continuar estudiando el caso.

Caracol Radio tuvo acceso a la denuncia penal interpuesta por la Contraloría contra el magistrado Fredy Hernando Ibarra Martínez, en la que le pide a la Fiscalía que investigue si actualmente Olga Patricia Chaves Agreda, quien según el documento es la esposa del jurista, tiene contratos con el Instituto de Desarrollo Urbano, entidad encargada de adjudicar los contratos para la construcción de obras civiles en Bogotá, entre ellas la troncal de Transmilenio de la Calle 26, que tuvo que ser cedida por el controvertido grupo Nule.

La denuncia radicada el primero de marzo de 2011 a las 4:04 de la tarde y dirigida a la fiscal Viviane Morales, dice textualmente: “este despacho, es decir la Contraloría, ha tenido conocimiento de que la cónyuge del doctor Ibarra, la doctora Olga Patricia Chaves Agreda, ha prestado sus servicios al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en los años 2009 mediante contrato de prestación de servicios 937-2009 y 2008 mediante contrato de prestación de servicios 830-2008, desconociéndose si a la fecha tiene vínculo con dicha entidad, situación que solicito sea investigada”.

El magistrado Fredy Ibarra se declaró impedido para conocer el asunto tras haberlo asumido inicialmente en diciembre de 2010. A la Contraloría le llama la atención que el jurista haya argumentado su impedimento citando a uno de sus sobrinos que trabaja con Conalvías, firma a la que el IDU le entregó la construcción de la troncal de Transmilenio de la Calle 26 tras haberle quitado el contrato al grupo Nule y no haya citado como posible causal de impedimento, el hecho de que su esposa, según la propia Contraloría, hubiera sido contratista de Instituto de Desarrollo Urbano.

Caracol Radio también tuvo acceso a los dos contratos firmados por la señora Olga Patricia Chaves Agreda con el IDU, que fueron entregados por la Contraloría a la Fiscalía, y básicamente son contratos de prestación de servicios para prestar asesorías legales a la Subdirección de Contratos y Convenios para la elaboración de contratos y otros asuntos relacionados con el Instituto de Desarrollo Urbano. El primero es por 12 meses y tiene un costo de 44 millones 180 mil pesos y el segundo es por 58 millones 647 mil pesos.

En la denuncia penal, la Contraloría también lamenta que en el mismo pronunciamiento en el que admite la acción popular contra los Nule, el magistrado Fredy Ibarra haya negado el embargo de los bienes de los integrantes del controvertido grupo empresarial, argumentando que “no existen los medios de prueba suficientes que acrediten peligro inminente” de violación de los derechos colectivos de la sociedad ante las actuaciones de Guido, Miguel y Manuel Nule.

Y agrega la contraloría en su denuncia que la decisión del magistrado “permitió a los demandantes conocer el conjunto de bienes que mediante una labor ardua había logrado identificar la entidad y que quería que fungieran como garantía de cara al eventual resarcimiento del patrimonio público”.

La Contraloría también interpuso una queja disciplinaria contra Ibarra Martínez, por sus actuaciones en este caso.

Carrusel de magistrados

Durante todo el año 2010 fueron nombrados por lo menos 20 magistrados que duraban desde 1 mes y hasta 3 meses en sus cargos, con un promedio de 17 millones de pesos de ingresos. Y en las seccionales de la Sala Disciplinaria, se pensionaron por lo menos 10 con tan solo permanecer 3 meses en sus cargos.

El extraño movimiento de magistrados se presentó durante el año pasado en tres despachos de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

José Ovidio Claros. Hoy tiene nombrados tres magistrados auxiliares. Pero en 2010 presentó novedades, como son llamadas al interior de la Sala Administrativa, en documento obtenido por Caracol Radio, por el nombramiento de 8 magistrados el año pasado, de los cuales 4 trabajaron por cortos períodos

Estos son: 

Dagoberto Antonio Barrios Rodríguez. Ingresó el 14 de julio y dejo de trabajar el 9 de noviembre. 3 meses y medio.

Amparo Cardona Echeverri, entre el 16 de febrero y terminó el 28 de febrero. Trabajó 12 días

Margot Castellanos Carrillo, entró el 18 de marzo de 2010 y se fue el 20 de junio. 3 meses

Edgar Alfonso Velilla de la Osa: entró el 10 de noviembre y terminó el 16 de diciembre. Un mes y 6 días. 

En el despacho de Julia Emma Garzón se presentaron 7 novedades en 2010, para el nombramiento del mismo número de magistrados, de los cuales solo uno duró más de un mes

Guillermo Cárdenas González: entro el 16 de noviembre y salió el 15 de diciembre. Un mes

José Martín Hernández Maldonado: entró el 8 de marzo y salió el 31 de mayo. Dos meses

Constanza Margarita Navia de Ayala: ingreso el 3 de febrero y salió el 7 marzo. Menos de un mes

Enilse Ortiz Giraldo: entró el 1 de junio y salió el 31 de julio. Casi dos meses

Gladys Mora Camargo: entró el 2 de agosto y salió el 12 de septiembre. Mes y medio

Marta Judith Castellanos Betancur: entró el 13 de septiembre y salió el 31 de octubre

Y en el despacho de Henry Villarraga se presentaron otras 9 novedades que involucran a 8 magistrados

Jesus Herrara Cortés, trabajó dos meses, entre el 11 de enero y el 30 de marzo

Luis Rojas Tovar, trabajó dos meses, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre

Luis Gonzalo Ardila, trabajó menos de un mes entre el 1 y el 30 de marzo

Jose Darío Ramírez Moreno: trabajó entre el 1 de junio y el 6 de julio, mes y medio

Gloria Estela Cely Benavidez salió pensionada luego de trabajar 2 encargos por 2 meses y medio

Elías Cabrera Ducuara: trabajó dos meses entre el 31 de marzo y el 31 de mayo

Estos nombramientos no van a sala. Cada despacho nombra de manera autónoma. No hay prohibición legal para hacerlo. La norma plantea que estos funcionarios no son cobijados por la carrera judicial y son de libre nombramiento y remoción según la ley 270 de 1996

Y esta semana, en el despacho de la doctora Julia Emma fue nombrada la hermana de José Alfredo Escobar, Marina Escobar Araujo y en el despacho de José Alfredo Escobar, se solicitó el nombramiento de una pariente de la doctora Julia Emma Garzón

Jueces que mandan

Por Fernando Londoño Hoyos.

Algún día en Colombia se tendrá que tomar en serio una de sus mayores calamidades. Nos referimos al golpe de Estado que los jueces dieron hace rato, a propósito de los juegos que montaron a partir de la Constitución de 1991.

Los jueces no deben mandar. Nos enseñaban en los manuales de Instrucción Cívica que los poderes del Estado eran tres, y que al Gobierno le correspondía gobernar, quiere decir que mandar. El Congreso hacía las leyes que todos debíamos cumplir, y los jueces resolvían los conflictos o más técnicamente dicho, administraban justicia. Pero resolvieron mandar. Y eso está muy mal. Porque no están preparados para mandar. Porque no saben mandar. Porque no tienen idea de administrar nada. Porque nadie los eligió para mandar y se supone que los ciudadanos eligen a sus gobernantes, es decir, a los que mandan.

Cómo fue que los jueces dejaron de serlo para convertirse en gobernantes, es historia sencilla que debiera ser mejor conocida. A propósito de la llamada acción de tutela, y sobre todo de la interpretación que ellos, los jueces, le dieron, se convirtieron en los amos de la República. Bastaron un par de "jurisprudencias" para el asalto. La una dispone que no son los derechos fundamentales los que están protegidos por la tutela. Sino todos. Y la otra, que a un juez de tutela le corresponde decir cómo y cuándo quiere que los gobernantes obren.

De esa manera se alzaron con el poder de decir a los médicos cuándo y cómo deben hacer cirugías, a los alcaldes en qué sitios han de construir los acueductos y de qué altura quieren los andenes. A los maestros, lo que deben enseñar en las escuelas, y al Ejército, a cuáles oficiales deben conceder el ascenso en su carrera. Como se ve, éstas y otras infinitas cosas están ligadas al derecho a la vida.

Pero no les bastó con eso. Como el poder aficiona, y de qué manera, se lo disputan entre ellos a dentelladas. Y así vemos a los jueces de Tumaco corrigiendo a los Tribunales del Magdalena, y a los jueces de familia ordenando cuestiones políticas. Y por supuesto, por qué callarlo, a la Corte Constitucional mandando al diablo las sentencias que se dictan en materia laboral, civil o penal. Por supuesto, cómo faltaría, los laudos arbitrales no podían escapar a la guillotina de la tutela. Lo que significa que la justicia arbitral no vale el papel que contiene sus providencias.

Nuestros héroes siguieron su ruta triunfal. Y a hora resolvieron que el Poder Disciplinario del Procurador y el Fiscalizador de la Contraloría, quedan a sus pies. Cuántas tensiones para que el Congreso los elija, y para nada. Los jueces más humildes, de cualquier parte, los tutelan. Y las decisiones de tan altos funcionarios desaparecen de la escena. Y los gobernadores destituidos vuelven a sus cargos, y los suspendidos no se suspenden.

¿Para qué, entonces, tanto aparato? ¿Para qué tantas elecciones y tanto funcionario y tanta burocracia? Basta que preguntemos a los jueces lo que quieren hacer en cualquier orden de la vida y asunto cerrado. Si van a mandar al final, que manden desde el principio. ¡Y lo que nos ahorramos!

No olvidemos que al Congreso lo destituyeron hace rato en su función primordial, la de Reformar la Constitución. Eso también es asunto de la Corte. Cuando algo no les gusta, en lugar de someterse al principio de que las reformas no son asunto de su competencia, salvo para examinar la forma en que fueron expedidas, se han inventado el cuento más lindo. El Congreso, dijeron, puede reformar la Constitución pero no "sustituirla" por otra. Porque hay cláusulas y principios que no alteran la Carta, sino que la cambian. ¿Cuáles? Ellos lo saben. Y nadie más. En cada caso resuelven la duda, de acuerdo al sagrado principio, ese sí tan fácil de entender, de que los jueces hacen lo que les viene en gana.

Ya se sabe, entonces: los jueces gobiernan, los jueces legislan, y a ratos, cuando no tienen mejor cosa qué hacer, administran justicia. Y lo que es mejor, parece que tal enormidad a nadie importara.

Oliverio Isaza, el jefe 'para' que es 'pop star' en la cárcel

Los abogados y visitantes que estuvieron a finales del 2010 y comienzos de este año en la cárcel La Picota, de Bogotá, recibieron un regalo poco usual: un calendario del 2011 con fotos a todo color de 'Oliver Isaza' y sus mensajes para el año que comienza.

El hombre que aparece en las fotografías retocadas con photoshop y con camisas desabrochadas y cadena, pulseras y anillo de oro no es otro que Oliverio Isaza, el hijo del jefe paramilitar del Magdalena Medio Ramón Isaza que fue conocido y temido en la zona con el alias de 'Terror'.

Las fotos forman parte de un estudio de 92 imágenes que fueron tomadas en el pabellón de Justicia y Paz en La Picota y que el pasado 4 de enero aparecieron en la página de Facebook del hombre que, según la justicia, es responsable de centenares de muertes, desapariciones y desplazamientos forzados en municipios de Caldas, Antioquia, Tolima y Cundinamarca.

No es la única excentricidad que 'Terror' se ha dado el lujo de cumplir a pesar de que está preso. De hecho, en youtube se pueden ver los videos de cuatro canciones que, según su defensa, son su manera de pedir perdón a sus víctimas.

"Me dicen 'Terror' pues así me distinguen, pero soy humilde y muy sentimental", dice una de ellas, titulada 'Amigo de mis amigos'.

8 millones por 4 videos
La producción de esos videos en plena cárcel, gracias a sendasautorizaciones del despacho 2 de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, promete armar polémica.

Por un lado, en solo una de las canciones, 'Nací de nuevo', pide expresamente perdón "a sus amigos y a la sociedad". Oliverio Isaza, que en Justicia y Paz ha confesado 268 crímenes, dice en otra de ellas que es un "hombre humanitario", y en 'Vivo a mi manera', que "le enverraca" que "lo estén criticando los que sienten envidia" de vivir como él.

Otro reparo es el costo de las producciones musicales. Hasta ahora, 'Terror' no ha entregado un solo peso para reparar a las víctimas, y el anuncio de entregar nueve fincas en Antioquia, Valle del Cauca y Caldas no se ha hecho efectivo. Según dijeron a EL TIEMPO los productores, la firma Resa Films de Medellín, pagó 8 millones de pesos por los 4 videos y tiene negociados otros 10 más para este año.

"Hay que cuidarse de que esos supuestos gestos de reparación no terminen ofendiendo a las víctimas", dijo uno de los responsables del tema de paz en el país.

La Dirección del Inpec explicó que el 2 de julio del 2010 se recibió un oficio firmado por el fiscal Carlos A. Gordillo, que ordenaba autorizar "la preparación y producción musical con instructores de Acinpro para Oliverio Isaza".

Las canciones -son 14- se grabaron en septiembre. Y en noviembre de nuevo los camarógrafos y fotógrafos y sus equipos entraron a la cárcel para hacer las tomas de 'Oliver', en un baño de Justicia y Paz y sobre fondos que previamente fueron grabados en parajes de Antioquia como Las Mercedes, donde 'Terror' y su papá tuvieron su campamento paramilitar por años.

Vea el video de Nací de Nuevo

Vea el video de 'Me gusta todo de ti'

Vea el video de 'Amigo de amigos'

Inpec dice que, por orden de juez, quedará libre socio de 'los Comba'

Se trata de Marlon Valencia Portocarrero, alias 'Ketty', recluido en la cárcel de Cómbita.

Fiscalía dice que tiene otra orden de captura por narcotráfico que impediría que el narco, pedido en extradición, quede en libertad.

"En la mañana de hoy se recibió notificación del Juzgado 23 de Familia de Bogotá, en la que se ordena al Director General del Inpec proceda a conceder la libertad inmediata y sin dilación del señor Marlon Valencia Portocarrero, quien se encuentra recluido en el pabellón de extraditables del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá", informó el Inpec.

Agregó que la orden del juez argumenta "el amparo del derecho constitucional y legal de Habeas Corpus (vencimiento de términos).

Valencia Portocarrero, también conocido con el nombre de Edwin Jairo Valencia Bermúdez, fue capturado el 8 de febrero del 2010 y está pedido en extradición por Estados Unidos por los delitos de tráfico fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que el narcotraficante no podría quedar en libertad, pues existe una orden por procesos relacionados con el tráfico de droga.

Alias 'Ketty' fue señalado por la Policía como uno de los principales enlaces del narcotráfico de la organización de los hermanos Calle Serna, conocidos como 'los comba'.

FARC pretendían realizar secuestros en otros países

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio a conocer algunos apartes de correos extraídos de los computadores del ‘Mono Jojoy’, en donde queda en evidencia la intención de las FARC de realizar secuestros en otros países.

“Tienen que ver con las actividades internacionales de las FARC, para que el mundo entero se dé cuenta cómo operan y qué es realmente lo que hacen las FARC”, explicó el Mandatario.

En uno de los apartes de un correo fechado el 14 de marzo del año 2003, firmado por alias ‘Marcos Calarcá’ quien fue integrante de la junta internacional de las FARC, se habla de hacer un secuestro en el exterior.

“La idea es que la comisión internacional pare las antenas sobre esto, y claro, organizar el trabajo de tal forma que no haya posibilidades de vincular a las FARC”, señala el correo leído por el presidente Santos.

El Jefe de Estado señaló que este mensaje deja muy claro “cómo hacen las cosas (las FARC) y después se esconden para que no los culpen”.

En otro correo, dirigido al ‘Mono Jojoy’ en agosto de 2003, se habla de la posibilidad de secuestrar a un banquero, dueño de una entidad financiera de Aruba y Curazao.

En otro de los mensajes, con fecha de septiembre de 2003, se informa sobre US$300.000 cobrados por un rescate en Paraguay, y exponen la facilidad de realizar otros ilícitos en ese país.

“En un informe al secretariado dice: ‘Oswaldo, jefe del Partido Patria Libre, informa de US$300.000 nuestros en su poder, cobrados en un rescate en trabajo conjunto FARC-PL. Asegura que en Paraguay existen buenas condiciones para trabajos financieros conjuntos, compra de armas y organización de redes de apoyo a FARC”, informó el Mandatario.

Otro correo electrónico, de mayo de 2009, habla sobre un plan para secuestrar a un empresario de nacionalidad peruana, según el correo leído por el Jefe de Estado.

“Empezamos a hacer un trabajo de inteligencia en el Perú, para echarle mano a un ricachón de allá. Pero no es capitalino, vive en un pueblito de mala muerte. Es empresario, el trabajo se haría con un amigo de allá, quien será el encargado de cogerlo y no lo entregaría. Por el tipo se puede pedir US$4 millones, nosotros, para no comer cuento, mandamos a conocer al objetivo y efectivamente tiene plata”, dio a conocer el Presidente.

Expuso que en este correo, firmado por alias ‘Joaquín Gómez’, las FARC aseguran que ya tienen identificadas las rutas para el traslado de esta persona luego del secuestro.

Por último, el Presidente Santos reveló un mensaje firmado por alias ‘Iván Márquez’ hace un año, sobre el congreso para constituir el movimiento continental bolivariano.

Filtraciones, altas cortes y fiscales

Por Yorick

Por filtración, llegó a RCN, (hace aproximadamente un par de meses), información relacionada con una reunión de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se votó por la segunda terna de Uribe para elegir Fiscal General de la Nación. Consta en el informe que unos magistrados (la mayoría) cuestionaron al grupo minoritario de sus colegas por “engañar cínicamente a los colombianos” diciéndoles, por mediación del vocero de la Corte, (su presidente), que el fiscal sería escogido de la segunda terna de Uribe a sabiendas de que tal afirmación era falsa. Los hechos recientes confirmaron el engaño: La Corte eligió Fiscal de la terna de Santos.

En un país civilizado, tanto el presidente de la alta corporación, como sus engañosos y cínicos colegas, habrían sido severamente cuestionados por el ministro de justicia, por los medios de comunicación y por la sociedad entera. ¿Si la máxima autoridad judicial engaña cínicamente a los colombianos, porqué escandalizase de lo que hacen los jueces de menor jerarquía?

Que desde la emblemática y Suprema Entidad de la Justicia se les dé tan mal ejemplo a nuestros hijos, ¿no nos duele? ¿Se imaginan la reacción que en un país medianamente civilizado habría causado un hecho como éste? Nixon no se cayó por el Watergate como equivocadamente sostienen algunos. ¡Se cayó “por mentirle a la nación”!. Pero en un Estado sin ética como el nuestro, los magistrados de la Corte le mienten a la nación y el gobierno los premia. ¿Qué podemos esperar –me pregunto- de una sociedad cuyo Estado promueve los antivalores como modelos de conducta?

¡Cómo extrañamos a un Ricardo Medina Moyano, o a un Alfonso Reyes Echandía!, entre otros. ¿Puede alguien imaginar a estos dos prohombres, de rumba con gente extraña, disfrutando de sus generosas atenciones? ¿O pidiendo espacios en los medios de comunicación para prejuzgar a sus adversarios políticos? ¿O ventilando sus odios ante la nación entera, despreciando e irrespetando sus investiduras? Ellos, (los magistrados Ricardo Medina y Alfonso Reyes),“hablaron” siempre por autos y sentencias como tienen que hablar los jueces verdaderos. Y sus decisiones, además de sabias y jurídicas, fueron justas. Eran jueces ejemplares. Por eso ningún gobierno colombiano los premió. Paz en sus tumbas. Los autores intelectuales y materiales de sus muertes finalmente se salieron con la suya: asesinaron la justicia y el derecho.

Pero volvamos a la Corte actual. Catorce (14) magistrados votaron por Margarita Cabello en dos ocasiones. Y estaban votando, cuando llegó la terna de Santos de la cual eligieron fiscal con el mismo número de votos obtenidos por la doctora Cabello: 14. En la misma sesión eligieron al presidente de la corporación y a cinco nuevos magistrados para llenar las plazas vacantes. Recientemente, ante la sorpresiva renuncia del presidente (en propiedad por unos días), doctor Jaime Arrubla, la Corte eligió su reemplazo en una sola sesión. Sobran, entonces, palabras para comprender que los magistrados les deben muchas explicaciones a los colombianos. Porque como administradores de justicia saben que “con la vara que el juez mide, debe ser medido.” Entonces, tienen la palabra. Expliquen.

Pero, ¿realmente terminó la interinidad de la Fiscalía con la elección de Fiscal? Pienso que no. Supongamos que la jurisdicción contencioso administrativa decreta la suspensión provisional del acto administrativo en virtud del cual se eligió a Vivian Morales. La fiscalía quedaría en interinidad nuevamente. Y si no la decreta, solo se sabrá cuánto tiempo durará la doctora Morales en el cargo, cuando el Consejo de Estado dicte la sentencia respectiva.

Lo anterior nos enseña que la suerte de un Fiscal General en Colombia, depende, en últimas, de decisiones (casi siempre politizadas) de los jueces.(CSJ, Consejo de Estado, y si hay tutelas: Corte Constitucional). Si a esto le sumamos que mediante sentencias “moduladas” las cortes legislan y gobiernan, comprenderemos porqué ejercen un poder tan dictatorial y desafiante. Ante esta realidad, el fiscal actúa siempre con temor hacia sus juzgadores potenciales. Y con terror ante la perspectiva de ser “cocinado” por los periodistas si no piensa como ellos. En tal evento, será sometido a “indagatoria radial", le dirán corrupto y pedirán su cabeza.

¿Autonomía? ¿Cuál? Si el alto gobierno y el congreso tiemblan como cervatillos ante la posibilidad de caer en desgracia ante los jueces. He dicho mil veces, que la única vía para reformar la justicia es la Asamblea Constituyente. Y que tal reforma es más urgente que los decretos de emergencia por la ola invernal.

Sobre infiltrados conviene hacer algunas precisiones. Por ejemplo: ¿Quién le entregó a la revista Semana (o a "Cambio") lo de Giorgio Sale y Ascencio Reyes? ¿Alguien interesado en que el gobierno cerrara el DAS? ¿En la improbable hipótesis de que algún magistrado hubiera entregado la información que divulgó RCN a la emisora, habría que “cerrar” por eso la Corte?

No es fácil, amables lectores, vivir en un país como Colombia donde los jueces hacen política, los periodistas juzgan y condenan por la radio, los curas hablan de la guerra como si fueran mariscales de campo, los narcoterroristas pontifican sobre derechos humanos, y el presidente Santos es el mejor nuevo amigo del demonio. Ni Kafka habría podido imaginar este país.