Asilos e impunidades

Por Fernando Vargas.

El tema sobre las “chuzadas” del DAS hubiese merecido unos protagonistas con más criterio y menos susto. Seguramente otra cosa hubiese sido este episodio con los directivos de la década pasada de los 90´s. Esos sí sabían para qué era el DAS y para qué servía tener ese poder en sus manos. Lo de las chuzadas es cuento viejo y a muchos nos chuzaron y nos persiguieron con saña criminal desde el DAS, en la década pasada. Y nada pasó. El 2 de octubre de 2005, el representante Carlos Alonso Lucio del M-19, hizo públicas varias grabaciones en las que conversan el director en Colombia de la DEA con sus superiores en Washington y en la que, según Lucio, se demuestra “la conspiración de la DEA contra el gobierno de Samper” y nadie explicó quién o qué entidad chuzó esa conversación, ni cómo obtuvieron la indagatoria de Santiago Medina. Sin embargo, todo se supo, pero nadie respondió judicialmente. El periódico La Prensa, dirigido valientemente por Juan Carlos Pastrana, denunció y publicó ampliamente esas irregularidades. Era la época del “mamola” para los que reclamaban trasparencia del gobierno.

Estos funcionarios del DAS del caso reciente, en lugar de andar a las escondidas en el tsunami mediático que les montaron los que en la década pasada estaban manejando y cerca del DAS de entonces, debieron darle la cara a los colombianos y entregar a la opinión pública todos los archivos e investigaciones que hicieron y enfrentar a los enemigos de nuestra estabilidad democrática. Debieron haber desnudado a esos que ahora fungen de adalides de la justicia y jueces. En realidad esa gente debería tener otra posición en los estrados judiciales.

La seguridad del Estado es una función estratégica y vital para cualquier país, que permite, sin mayor explicación, aplicar el inmediato desalojo de su territorio a quien consideren peligroso para su seguridad nacional y tener corticos en sus andanzas a personajes que mantengan nexos con Estados hostiles o grupos terroristas, porque de no hacerlo, por equivocados cálculos políticos que no van en este tema, sus resultados serian de un costo muy alto para el país y los ciudadanos. Con mayor razón se debe ejercer milimétricamente cuando se trata de elementos abiertamente hostiles con el sistema democrático al que con el crimen y el terrorismo han tratado de derrocar para imponerle al pueblo un sistema comunista, esclavista y genocida.

Pero que a raíz del asilo de la ex directora del DAS en Panamá, ciertos personajes hipócritamente se rasguen sus vestiduras y emitan alaridos de hienas escandalizadas por ese asilo. Eso produce nauseas. Eso de victimizarse cuando han guardo silencio frente a horribles escándalos, cuando han callado frente a asilos de lesa humanidad, frente a asilos de sindicados y procesados con los que tuvieron o tienen ocultas militancias y vergonzosos silencios, los deja en evidencia repugnante y pecaminosa. Los que hoy gritan por este asilo, personas y organizaciones, han guardado silencio cómplice en muchos casos, como los siguientes:

Caso Álvaro Leyva Durán. “En 1994 José William Romero, campesino de 70 años que movió más de $10.000 millones en su cuenta bancaria en cuatro meses, giró a su nombre un cheque por $49 millones. Romero era empleado de Jairo Aparicio Lenis, prófugo de la justicia acusado de enriquecimiento ilícito. Leyva dijo en indagatoria ante la Fiscalía que era un pago por la venta de unas volquetas a la empresa minera Cominco, de la cual Aparicio era socio. No obstante, no ha podido acreditar la existencia del contrato de compra-venta. Pocos días después de la declaración de Leyva, Aparicio sustentó esta versión ante una notaría en Ipiales. La Fiscalía le dictó a Leyva medida de aseguramiento. Leyva salió a México y luego a Costa Rica donde pidió asilo político. Ha sido acusado de ser "estafeta de la guerrilla" y ha sido citado a diversos juzgados para que explique sus vínculos con la subversión. Inclusive en 1991, el senador Armando Varona lo denunció por enriquecerse como mediador de secuestros.” En este caso, Leyva era amigo personal del presidente del momento, Andrés Pastrana. Sin embargo, se asiló aduciendo persecución política judicial. Y los escandalizados fariseos de hoy, guardaron humanitario silencio.

El caso de 'Hernán Ramírez', 'Miguel Díaz Pachi', 'Juan Antonio Rojas' y 'Olga Lucía Marín' se afirma que son vistos en Europa gozando de extraña protección política haciendo la acción internacional de las FARC y que en Carolina del Norte hay un grupo grandecito de colombianos, abiertos seguidores de las Farc, que posan de ecologistas. Ninguno de los escandalizados de hoy han dicho nada al respecto.

El caso de los asesinos de Gloria Lara de Echeverri. Las siguientes personas, miembros de una organización armada clandestina --Organización Revolucionaria del Pueblo, ORP--, de ideología comunista, algunos de ellos vinculados a la Universidad Nacional, fueron condenados en 1992 a 28 años de cárcel por el secuestro y asesinato atroz de la Directora de Acción Comunal, la señora Gloria Lara de Echeverri, ocurrida el 23 de junio de 1982 en Bogotá, Colombia. El 3 de octubre de 1983, contra toda evidencia en el proceso, pues habían confesado libremente el crimen, un juez ordenó su libertad. Esa medida fue revocada y ordenada la recaptura de los criminales un mes después por el Tribunal nacional, pero en diciembre del mismo año (1983) se supo que los asesinos se encontraban ya en Europa en calidad de “refugiados políticos” o sea asilados. De manera que fue imposible recapturarlos y, asilados, se establecieron en Europa. Sus abogados presentaron recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y esa institución, en forma inexplicable, dejó vencer los términos en 2002, sin resolver el recurso. Con ello el caso quedó sin sanción penal, pese a que esos criminales habían sido condenados a 28 años de prisión.

Estos son los nombres de los condenados-asilados: Hernando Franco D´Laytz (Universidad de París); Martha Filistrof de Franco (Suiza); José Miguel Gamboa López (Instituto Bruno Kreisky, Austria); Miguel Ángel Vargas; Gloria Medellín; Diana Giraldo; Graciela Inés Acosta ; Víctor Rojas (escribe poesía y recibe galardones de la academia sueca); Juan Tadeo Espitia Supelano; Freddy José Rivera Arboleda; Gilberto Antonio Rivera Mesa; Froilán Rivera Mesa (trabaja en Suecia en la ONU); Emperatriz Santander Cancino (se hace sandinista y vive en Nicaragua desde 1987); Robinson Rafael Rivera Arrieta; Rodrigo Alberto Penilla Candela; Betty Suárez; Enán Lora (se quedó en Colombia vinculado al GEGA, grupo que asesinó al candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado).

Se sabe que tienen nacionalidades de Dinamarca, Francia, Suecia, Austria y España. Se sabe también que los apoyan Amnistía España y la federación Española de derechos humanos, entre otras Ong. Organizaciones con las que mantienen estrecha relación las ong`s colombianas, cuyos miembros hoy rasgan sus vestiduras por el asilo de la ex directora del DAS. “La diplomacia de las FARC que les permite llevar su gente a Europa, se hace a través de unos abogados intermediarios. Es decir, hay unos tipos que se han especializado en derecho de emigración, y se encuentran en Suecia, España, Francia, Gran Bretaña. A esa gente ya la tiene contactada las FARC. Ellos les pagan a esos tipos, y a organizaciones como Amnistía Internacional y la Federación Española de Derechos Humanos, para presentar el caso como si se tratara de perseguidos políticos. Estos tipos que trabajan con las FARC, reciben los casos, les dan la plata y ellos los tramitan y les consiguen el asilo. Tienen muy bien montado el negocio, pues por cada trámite cobran alrededor de US$ 10.000.” (Gloria Lara. La Flor de la esperanza. Luz María Echeverri Lara, marzo de 2006).

El juez 16 superior, Enrique Alford, los dejó en libertad, el 3 de octubre de 1983, plasmando para la historia judicial de Colombia su militancia ideológica, lo que le aseguró la crítica de muchas personas, entre ellas el procurador Carlos Jiménez Gómez. Dos meses después, el Tribunal revocó la decisión de Alford y ordenó recaptura de los 18 autores del crimen de Gloria Lara. Pero ¡oh sorpresa!, ya estaban en Europa, gozando de excelente y oportuno asilo. Sin embargo Alford no acató la orden del Tribunal y no ordenó la recaptura de los criminales, hasta que el proceso pasó a manos de otra juez, la 39. En junio de 1985, extrañamente, el caso fue calificado por Alford, quien no llamó a los 18 criminales a juicio, pero en cambio, en julio de 1985, su nombre fue propuesto para formar parte de la Corte Suprema de Justicia. En aquella ocasión no alcanzó los votos necesarios. Cuatro meses después eran quemados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el ataque terrorista realizado por el M-19. Cría cuervos…

Enrique Alford, luego de unos años, llegó a la CSJ. En 1997 él era magistrado del Tribunal de Bogotá. El 7 de octubre de 1986, el Tribunal revocó la medida de Alford y llamó a juicio a los 18 criminales. Y el 20 de agosto de 1992 el Tribunal Nacional condenó a 28 años de prisión a todos los autores materiales del crimen de Gloria Lara. En 1995, el proceso fue a Casación ante la Corte Suprema de Justicia. El magistrado ponente fue Carlos E. Mejía Escobar y se nombró conjuez a Fernando Arboleda Ripoll, quien se inhabilitó por haber asesorado a los abogados defensores de los citados criminales, es decir a los abogados Alejandro Hernández y Gustavo Gallón, connotado “defensor de derechos humanos” del Cinep y de la Comisión Colombiana de Juristas. Finalmente se nombró un nuevo conjuez y escogieron nada menos que a Alfonso Gómez Méndez!!

En agosto de 1995 el proceso pasó a concepto de la Procuraduría. En mayo de 1997 el procurador Germán Pabón Gómez emitió concepto luego de dos años. En 1997 el nuevo magistrado ponente fue Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien tres años después decretó la prescripción del proceso, porque resulta que luego de ejecutado el auto de proceder el término de prescripción es de tan solo 10 años. Qué bien asesorados jurídicamente estaban esos criminales.

Como ominoso corolario, recordemos que el proceso llegó a la Corte Suprema de Justicia el 22 de febrero de 1995, un año y medio antes de su prescripción. De estas aberraciones, impunidades y descarados asilos no dijeron nada los hipócritas escandalizados de hoy. Esos hipócritas que siempre fomentaron la amnesia de nuestro pueblo y jugaron a la perenne impunidad que los cubre todavía.

Los brazaletes de la impunidad

El otorgamiento irregular de este beneficio depende de los jueces de ejecución de penas y los jueces de control de garantías. Al respecto, el director (e) de este organismo, Luis Felipe Henao, explicó que “si bien la vigilancia de los reclusos depende de nosotros, cuando un juez da la orden de entregar un dispositivo de vigilancia nosotros no estamos para cuestionarla, sino para cumplirla”.

Ante las evidentes irregularidades de parte de los jueces, este diario se comunicó con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres, quien prefirió no dar declaraciones “hasta tanto no me reúna en Sala Plena para conocer quiénes y por qué se están otorgando los brazaletes a personas sindicadas de delitos excluidos por la norma”.

RENÉ GUARÍN Y EL MONTAJE DE LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA

Por el Consejo Editorial de “Talante”

Todo el proceso contra los militares que salvaron el Estado de Derecho y rescataron no menos de 260 personas, de manos de las hordas criminales que asaltaron el Palacio de Justicia el 6 y 7 de Noviembre de 1985, se ha montado sobre el cuento de los desaparecidos de la cafetería.  Para ello han sido utilizados como idiotas útiles algunos medios de comunicación. No vale la pena mencionarlos. Los hemos leído con estupor.

A través de esos medios ha enseñado a los colombianos que los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia salieron con vida y ahora no aparecen, razón por la cual se deduce (sin indicio alguno) que el General Arias Cabrales y el Coronel Plazas Vega los secuestraron y desaparecieron. A esa calumnia los jueces la han llamado “inferencia”. Y con esa inferencia condenaron al Coronel Plazas a 30 años de prisión. Sin una sola prueba válida.

¿Cómo montaron el cuento? Mediante unas imágenes de televisión en las cuales se ve a unas figuras borrosas saliendo del Palacio de Justicia en brazos o al hombro de soldados o policías que los rescataban. Y quién hace el reconocimiento: dos personas René Guarín y Cesar Rodríguez.

LOS “RECONOCIMIENTOS DEL SECUESTRADOR DEL M-19”

René Guarín Cortés quien fue descubierto por los periodistas Ricardo Puentes Melo y Claudia Morales de RCN radio, como miembro del M-19 y autor de secuestros, indultado simultáneamente con los autores intelectuales del asalto al Palacio de Justicia en 1992, es el hermano de la supuesta desaparecida Cristina Guarín Cortés.

Guarín aceptó en el programa de radio “la W” de Julio Sánchez Cristo,  que había sido guerrillero del M-19. Y en el diario El Espectador, reconoció no solo haber  secuestrado al industrial Jorge Valencia Ángel, el 27 de mayo de 1988, sino el robo de por lo menos un automotor, y el asalto a un banco. Reconoció además el porte ilegal de armas cometido en la casa de sus padres.

Los periodistas que investigaron lo que la “Fiscal de hierro” Ángela María Buitrago no investigó, descubrieron que Guarín fue capturado con la carabina M-1 y 130 cartuchos de dotación del policía Jesús Antonio Villamil, asesinado el 06 de agosto de 1986  en asalto del M-19 a Nemocón (Cund). En ese asalto el M-19 asesinó a  tres policías y un cabo del Ejército y dejó dos civiles heridos.

Pues bien, ese personaje René Guarín  Cortés es una de las dos personas que dice reconocer varios “desaparecidos” en el Palacio de Justicia. La otra es Cesar Rodríguez, hermano de otro de los “desaparecidos”: Carlos Augusto Rodríguez Vera.

René Guarín reconoce a

·        1.- Cristina Guarín Cortés

·        2.- Carlos Augusto Rodríguez Vera

·        3.- Bernardo Beltrán Hernández

·        4.- Héctor Jaime Beltrán Fuentes

·        5.- David Suspes Celis

·        6.- Gloria Stella Lizarazo

Estos falsos reconocimientos unidos a los de Cesar Rodríguez Vera, son los que le permiten a la Justicia Colombiana afirmar que está “plenamente comprobado” que esas personas salieron con vida. ¡No hay nada más! La Justicia no reparó en que esos dos testimonios pueden ser falsos. De hecho el testimonio de Guarín debe descartarse por evidente interés en proteger al  movimiento M-19, responsable del fallecimiento de los empleados de la cafetería según el Tribunal Especial de Instrucción en su cláusula decimo séptima del informe presentado a la Corte Suprema de Justicia del 31 de mayo de 1986, sobre los hechos del Palacio de Justicia. Informe que en forma inexplicable los nuevos operadores judiciales de este proceso desde 2005, han desconocido. 

LOS CONCEPTOS DE LOS PROCURADORES

Los Procuradores Jesús Villabona Barajas en el juicio del Coronel Alfonso Plazas y Hernán Suarez Delgado en el juicio del General Arias Cabrales, coinciden en afirmar que no hay una sola persona que reconozca como rescatadas del Palacio de Justicia, a tres de las “desaparecidas”, luego murieron al interior del Palacio. Ellas son:

1.- Norma Constanza Esguerra

2.- Luz Mary Portela León

3.- Gloria Anzola de Lanao.

NUBIA STELLA HURTADO TORRES TAMBIEN SE RECONOCE

Nubia Stella  Hurtado Torres funcionaria rescatada por las tropas del Palacio de Justicia frente al video de otra “desaparecida” dice: esa no es ninguna desaparecida, esa soy yo. Se trata de

·        Lucy Amparo Oviedo Bonilla.

Recordemos que en una diligencia presidida por la “ex Fiscal de hierro” Ángela María Buitrago, el abogado José Vicente Pedraza, defensor del Coronel Plazas, renunció al descubrir que con la anuencia de la Fiscal se estaba insinuando a la declarante Nubia Stella Hurtado que no se identificara cuando saliera su imagen en la televisión. La renuncia del abogado por considerar que no hay garantías para la defensa quedó en el proceso.

Es un caso igual al de la ascensorista del Palacio María Nelfi Díaz quien se ha reconocido reiteradamente en más de siete ocasiones a lo largo de estos 25 años, frente a una imagen que René Guarín identifica su hermana Cristina Guarín.

DESAPARECIDA DURANTE 16 AÑOS

Una empleada de la cafetería del Palacio de Justicia figuró como desaparecida hasta el año 2001, cuando fue identificado su cadáver con pruebas de ADN dentro de los exhumados de una fosa común del Cementerio del Sur al cual fueron llevados los restos de 36 fallecidos en el Palacio de Justicia, por no estar identificados o no reclamados en Noviembre de 1985, se trata de:

·        Ana Rosa Castiblanco

Sus restos fueron entregados a la familia mediante Acta, el primero de noviembre de 2001. Sin embargo René Guarín la tiene incluida entre las fotografías que colocan con el letrero de “Sin Olvido” que él mismo organiza y arenga en cada diligencia judicial contra los militares.  Olvida eso sí el señor Guarín, cuando pregunta donde están los desaparecidos, que los restos de la señora Castiblanco, víctima del M-19, movimiento al cual él perteneció y en el cual delinquió y atropelló a la sociedad, ya se sabe donde están.

Con relación a las once personas anteriormente relacionadas hay una coincidencia: nadie las vio en la casa del florero, lugar al cual hubieran llegado, de ser cierto que salieron con vida, puesto que allí llegaban todos los rescatados, y al respecto fueron interrogados los más de 260 rescatados con vida en aquella ocasión.

Finalmente hay otra persona que figuró como desaparecida hasta el año de 1988, cuando apareció en México: Clara Helena Enciso. Era una de las terroristas del M-19 que asaltó el Palacio de Justicia, y fue responsabilizada por tres Jueces, por delitos de Lesa humanidad cometidos en esa ocasión contra los Magistrados y funcionarios de la Justicia Colombiana.

Figuró como desaparecida y se responsabilizó de su desaparición al General Arias Cabrales y al Coronel Edilberto Sánchez Rubiano. En esa época no se estaba inculpando de desapariciones al Coronel Plazas Vega, pues todavía no se había desempeñado como Director Nacional de Estupefacientes, cargo en el cual le propinó serios golpes a los bienes y las finanzas de los narcotraficantes.

OTROS ASUNTOS SOBRE RENE GUARIN

1.- Que estuvo preso en la cárcel nacional modelo hasta el año de 1992 cuando se acogió a la amnistía ofrecida al M-19 en virtud de la Ley 77 de 1989.

2.- Que iba en compañía de María Antonia Espitia Barrero, residenciada en Zipaquirá, barrio Bolívar 83 fortín del M-19, del grupo de Gustavo Petro Urrego.

3.- Que el 28 de noviembre de 2005 el Ejército abatió a dos guerrilleros de las FARC en Colombia (Huila), les encontró una USB y cuatro cuadernos, en los cuales figuraban los nombres de miembros de las FARC, con tareas de proselitismo en la Universidad Nacional, entre ellos María Antonia Espitia Barrero actual docente en dicho claustro. En esos cuadernos se les relaciona con el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (patrocinado por Hugo Chavez) y el Partido Comunista Colombiano Clandestino (PC3), que es la dirigencia política de las FARC.

6.- René Guarín Cortés estuvo preso en la cárcel modelo de Bogotá, por el delito de “Concierto para delinquir”, artículo 7 del Decreto 180 de 1988, por orden del Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá, sumario No. 06 del 10 de junio de 1988.

7.- El Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá en oficio 47017 del 17 de Enero de 1989 solicita su captura por el proceso señalado en el numeral anterior, y adicionalmente otro proceso, circular 11 del 23-Ene-89.

8.- Cristina Guarín, siendo abogada graduada en la Universidad Nacional, se empleó como cajera de la Cafetería del Palacio pocos días antes de la toma por el M-19:

“yo tenía 22 años, mi hermana 26, …durante los 36 días que ella  trabajó allí varias veces fui a recogerla cuando salía de trabajar, pude así conocer a Bernardo Beltrán y Héctor Jaime Beltrán, es de aclarar que yo conocía años atrás a Carlos Rodríguez Vera y por su mamá María Helena llegó mi hermana a trabajar a la cafetería. María Helena la mamá de Carlos llama a mi mamá a comentarle que Carlos está administrando la cafetería del Palacio y que su esposa Cecilia entra a licencia de maternidad…y propone que Cristina vaya allí. Mi hermana en principio no quería aceptar eso. Ella tenía previsto irse para España a hacer un post grado…pero finalmente acepta…mientras le sale la beca…” (cuaderno 11, proceso 9755, folio 196)

La pregunta es:

Pueden considerarse válidas los reconocimientos de René Guarín, para abrir un proceso por “secuestro” y “desaparición forzada”, pasando por encima de:

·        La investigación del Tribunal Especial de Instrucción firmada por dos Magistrados después de una completa investigación, adobada por el principio de la inmediatez, la cual establece que esas personas murieron en el cuarto piso?

·        La Resolución de Acusación del Juez 30 de Instrucción Criminal que considera que una de las supuestas desaparecidas, está muerta y según el dictamen del médico forense se trata de Norma Constanza Esguerra, sepultada equivocadamente como el Magistrado “Pedro Elías Serrano Abadía”, cadáver que tiene el “útero no preñado, carbonizado”?

·        Las siete veces que en más de 20 años, ante Jueces, Fiscales y Procuradores, María Nelfi Díaz, ascensorista rescatada por las tropas se reconoce a sí misma en los videos afirmando: “esa soy yo” y no Cristina Guarín?

·        La evidencia en el proceso de que nadie vio a ningún trabajador de la cafetería del Palacio en la casa del Florero, luego nunca salieron vivas. Y ahora figuran como desaparecidas, por el reconocimiento que hace el secuestrador del M-19 René Guarín?

¿Qué espera la Justicia Colombiana, para declarar de oficio la nulidad de todo el proceso contra el General Jesús Armando Arias Cabrales y el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, cuando ha quedado desvirtuado que hay desaparecidos?

¿Qué espera la Justicia Colombiana para hacer una investigación seria sobre los cadáveres que tanto tiempo permanecieron en el laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional en flagrante violación de la Ley, y que solo hasta Octubre de 2009 y a escondidas de los abogados defensores de los militares los regresaron al Instituto de medicina Legal y Ciencias Forenses, lugar donde han debido permanecer por estar  cobijados por procesos penales que no han concluido?

Los colombianos no entendemos porque están presos los oficiales mencionados. ¿O es que la Justicia nos quiere demostrar que su poder es tan grande que pueden mantener privado de la libertad a un inocente y condenarlo sencillamente porque así lo desean los operadores judiciales?

¡Qué vergüenza! Como decía el diario El Colombiano de Medellín. 

Cuatro gazapos

Por José Obdulio Gaviria

¿Será permitido cazar gazapos al presidente de la Corte y al "periodista del año"? ¿O eso me lo incluirán en la calificación de 'complot para desprestigiar' a la justicia?

En el 'gobierno de los jueces' y del 'cuarto poder', no nos queda a los díscolos más que hablar y luego acurrucarnos, a ver si los varillazos judiciales, en forma de autos, y el vituperio del "mejor periodista del año" nos pasan por encimita.

En Radio Caracol, Jaime Arrubla, presidente de la Corte, dijo desde Santa Marta (bello sitio del mar en donde se realizan alegres seminarios académicos), que la Constitución colombiana es muy joven y que no es tiempo de convocar Constituyentes, dizque porque son para "transformar toda su estructura". "La Constitución norteamericana es viejísima y tiene veinte enmiendas; es de 1776, redactada por Franklin", remató.

¡Cuatro gazapos junticos; grandes como una catedral, y el mejor periodista de Colombia ni se enteró! Fue aprobada en 1787 y rigió en 1789, cuando nueve Estados, de los trece, la adoptaron. De 1776 es la Declaración de Independencia. Ahí sí metió la mano Franklin (con Jefferson y Adams) y se nota. En mi opinión, en belleza y sabiduría, sólo la supera el Sermón de la Montaña.

"El último discurso a la Convención", pronunciado por Franklin, es la apoteosis de la tolerancia y el sentido común. Pero el cerebro, el redactor, el gran componedor entre las tendencias de la Convención, fue James Madison. Acertaron Wilkie y Moseley al nombrar la biografía novelada del gran jurista, así: Madison, El Padre de la Constitución norteamericana.

Van veinte enmiendas, dijo Arrubla. ¡No! Fue el segundo gazapo. Y el "mejor periodista" ni se 'mosquió'. ¡Veintisiete!, seamos precisos. Luego pontificó: si una Constitución es joven no se debe cambiar, como en el caso norteamericano. ¡Gazapo!: las enmiendas no dependen de la juventud de un texto, sino de la necesidad y conveniencia. Los norteamericanos aprobaron las primeras diez enmiendas en 1791 (la Carta ni llevaba dos años de vigencia).

Muchos elementos explican la permanencia y solidez de las instituciones norteamericanas. Bolívar ensayó, en el Discurso de Angostura, este: "Cuanto más admiro (la Constitución Federal), tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación (en Venezuela). Según mi modo de ver, es un prodigio que su modelo (USA) subsista tan prósperamente (...) Aunque este pueblo es único en la historia del género humano, es un prodigio, repito, que un sistema tan débil y complicado (el federal) haya podido regirlo".
Algo que explicaría la relativa inmutabilidad de la Constitución Federal norteamericana es que las que han sufrido cambios numerosos y constantes son las Constituciones y leyes de los Estados.

El cuarto gazapo fue sobre el carácter de una Asamblea Constituyente en el actual título XIII de nuestra Carta. ¡No! No es como dice Arrubla, "para transformar toda su estructura. Es un cheque en blanco que no sabe uno dónde va a comenzar y dónde va a terminar".

El artículo 376 dice que "Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine (...). A partir de la elección, quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones".

La Constituyente es hoy un mecanismo ordinario de reforma. No confundirlo con lo de 1990. Y es mejor que no se conjeture ni suelten suspicacias. La Corte bloqueó al Estado y eso hay que resolverlo. Yo, modestamente, propongo releer a Loewenstein.

¡La Justicia perdió el año!

El Colombiano, Medellin.

16 de octubre de 2010

La justicia en Colombia es ineficiente. Y no porque lo digan los críticos de la Rama Judicial y de las Altas Cortes sino porque así lo concluye el informe sobre el Índice del Estado de Derecho 2010, presentado en Washington por el grupo World Justice Project, estudio en el que se analizan los aciertos y errores en la administración de justicia en 35 países, incluyendo siete de América Latina. Colombia recibe una baja calificación ya que obtuvo el puesto número 31, ocupando Suecia el primer lugar en eficiencia judicial, uno de los diez aspectos analizados.

Preocupa de manera especial la inoperancia del sistema penal colombiano puesto que figura entre los menos eficaces de América Latina, dadas las graves fallas que presenta la investigación criminal. Es tal la impunidad en Colombia que en el año 2009 tan sólo el cuatro por ciento de los casos por robo recibió castigo, frente al promedio del 12 por ciento del resto de los países.

Llama también la atención la percepción de la gente en el tema de la corrupción, ya que nuestro país se ubicó en el lugar 22 entre los mismos 35. Pero sorprende aún más que el 60 por ciento de las 1000 personas consultadas en Bogotá, Medellín y Cali, durante el desarrollo del informe en septiembre del año pasado, crean que los medios de comunicación no están en libertad de cuestionar las acciones y políticas del Gobierno.

Estas percepciones ciudadanas, aunadas a la propia del Gobierno colombiano, hacen cada vez más urgente la aprobación de una reforma judicial estructural que permita una justicia pronta y efectiva para todos. Ya los diagnósticos están dados, y varios estudios, nacionales e internacionales, la recomiendan. Entonces, ¿por qué no aprobarla cuanto antes?

Si bien es plausible el deseo del Presidente Juan Manuel Santos de llegar a un acuerdo con las Altas Cortes para lograr un texto único de la reforma, no vemos viable este camino. Es claro que el Consejo Superior de la Judicatura no está dispuesto a acoger la iniciativa del Ejecutivo de suprimirlo para reemplazarlo por un Consejo Superior Judicial. Además, son evidentes las múltiples discrepancias entre los Altos Organismos judiciales sobre la regulación de la tutela y el llamado choque de trenes, por lo que no parece factible un rápido acuerdo entre ellos.

Y mientras tanto Colombia es catalogada por sus mismos ciudadanos y por organismos internacionales, como uno de los países del mundo con mayor ineficiencia en su administración de justicia. Pero cómo no serlo, si la misma Corte Suprema da muestras irrefutables de morosidad. ¿Cuánto lleva con Presidente encargado? ¿Por qué no ha nombrado al magistrado de la Sala Laboral? Y ni qué decir de su nula efectividad para elegir al Fiscal General de la Nación. ¡Una vergüenza en la historia judicial!

Sin embargo, reiteramos que la reforma no sólo debe referirse a la estructura, funciones y periodos de la cúpula de la Rama judicial, sino a lo que los colombianos demandan con urgencia: una justicia fuerte, eficaz, que combata la congestión judicial, que luche contra la violencia y la impunidad, y que tenga los recursos humanos, técnicos y presupuestales suficientes. Creemos que el Gobierno, con acuerdo o sin acuerdo con las Altas Cortes, tiene que impulsar esta reforma judicial estructural ante el Congreso. ¡Es hora de que la Justicia colombiana alcance buenas notas!

Al magistrado Arrubla

Por Salud Hernández-Mora

No acudí a la conciliación de la demanda de injuria y calumnia que usted me puso (después lo dejó en injuria), por algo sencillo: no recibí la convocatoria. Conocí por la radio, hace unas semanas, que me había demandado, igual que supe de mi ausencia a dicha audiencia por la página de Internet de una emisora, estando yo en Quito. No me quejo, son muchos los colombianos que se enteran de sus problemas con la Justicia por los medios de comunicación porque la filtración para generar espectáculo se ha vuelto la norma.

Es la novena demanda que afronto y en todas las anteriores me llegó perfecto la citación, como le expliqué el viernes a la Fiscal encargada. Fui a cada conciliación, incluso a la que convocaron por la demanda que por injuria y calumnia presentó contra mí el jefe paramilitar de Sucre, hoy fallecido, alias 'Cadena'. Pude haberme evitado esa vuelta ya que entonces ese criminal, iracundo porque lo llamé criminal, era prófugo de la Justicia; como era obvio, no llegaría.

Y no le cuento las veces que me convocó el fiscal que llevaba la demanda, por el mismo delito, del ex gobernador Hernando Molina, hoy condenado por 'parapolítica' y entonces un dirigente que pretendía que yo rectificara porque escribí que contaba con el apoyo de 'Jorge 40'. Advertí desde el primer momento que no cambiaría mi versión, pese a lo cual nunca falté a las citas.

En las ocasiones en que no pude estar presente, siempre me excusé. Por tanto, contrario a lo que alega, yo sí respeto la Justicia, la misma que algunos de sus miembros denigran con su comportamiento.

Usted me lleva a los tribunales porque escribí que cantó en las veladas que organizaba Giorgio Sale para los magistrados. No entiendo su empecinamiento en seguir con este procedimiento judicial que le hace perder el tiempo a la institución. Usted estuvo en las catas a las que invitaba y pagaba quien entonces era solo un empresario italiano. Fue después que conocimos su actividad narcotraficante. Por tanto, no era un delito compartir con él y eso jamás lo afirmé. Mi tesis, que sostuve desde antes de aparecer el famoso paseo a Neiva, es que los magistrados de las altas cortes no deben dejarse manosear por nadie. Aceptar que les paguen comidas y viajes personajes de toda índole es, a mi juicio, aparte de una torpeza, una inmoralidad. Y lo sigo pensando.

Sé que tengo perdida la batalla porque a ustedes les perdonan sus pecados por haber enjuiciado a los 'parapolíticos'. Pero ni siquiera eso merece un reconocimiento, aunque a mí también me parezca bueno. Actuaron, sí, pero tarde, cuando el país estaba regado de fosas. Y tampoco por propia iniciativa, sino por investigaciones periodísticas y porque la Ley de Justicia y Paz puso a declarar a decenas de jefes 'paracos'.

Aunque no lo crea, escribí lo que a usted ofende porque pienso que el poder judicial debería ser inmaculado y discreto. Y en los últimos tiempos los conflictos internos de la Corte han dejado sus inconsistencias al desnudo, incapaz de elegir a su presidente (usted es encargado), al Fiscal, de llenar sus vacantes; con varios de sus miembros viajando a la dictadura china (¿supieron del Nobel de Paz?) y otros haciendo un curso en Barcelona. Una creía que la Corte Suprema era la culminación de una carrera y no una estación más.

Dice usted que mi injuria es más grave que las chuzadas del DAS. En fin, como le creo una persona de bien, sé que su conciencia le dirá que no es bueno utilizar un cargo tan vital y las demandas para satisfacer ambiciones personales. Ya que el Gobierno acabó con la diplomacia del micrófono, deberían seguir su ejemplo y regresar al silencio de sus despachos, donde languidecen los procesos que de verdad importan a los colombianos.

Cancelan capturas contra cuatro presuntos integrantes de la red de alias 'Don Mario'

Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá había dejado sin piso jurídico la investigación contra estas personas, testigos clave en la investigación contra el ex director de Fiscalías de Medellín Guillermo Valencia Cossio por sus vínculos con narcoparamilitares. 

Por esta razón la Fiscalía decidió cancelar las órdenes de captura que pesaban contra Jhon Fredy Manco Torres, alias 'El Indio; Camilo Gómez Martínez, alias 'Fritanga'; Miguel Ángel Pérez Fermín y Diego Luis Torres. 

No obstante en los próximos días se deberá resolver una tutela interpuesta por el Ministerio Público contra la decisión de segunda instancia, y una vez sea resuelta, un fiscal de la Unaim volverá a presentar los elementos probatorios contra estas personas por la Ley 906 (nuevo sistema penal). 

El fundamento principal de la Fiscalía para anular la investigación contra los sindicados de narcotráfico, señalaba que, por la época de los acontecimientos, el proceso debió adelantarse a través del nuevo sistema penal acusatorio, que entró en vigencia en 2004, y no por el llamado sistema mixto. 

Alias 'El Indio' fue desvinculado del organigrama de la red criminal de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', presuntamente por ayuda de la Policía y la Fiscalía de Medellín, en cabeza del hermano del ex ministro Fabio Valencia Cossio, quien habría tenido nexos con Felipe Sierra, empresario antioqueño vinculado con el ex cabecilla paramilitar. 

La guerra jurídica

Por Enrique Gómez Hurtado

Dentro del campo abierto del concepto maoísta que afirma la necesidad de utilizar “todas las formas de lucha”, sin tener en cuenta ningún principio moral, ético o de interés para la sociedad, la utilización de la “guerra jurídica” se ha convertido, quizá, en el principal instrumento que hoy utiliza el narco-terrorismo subversivo.  Es hoy la “forma de lucha” principal. En un país en el que esté vigente el concepto de Estado de Derecho, la utilización deshonesta y tramposa de un poder judicial connivente con el delito y ampliamente contaminado por los muchos productos corruptores que genera hoy nuestro organismo social, está produciendo amplios resultados favorables a quienes tienen como tarea el derrumbamiento de la institucionalidad, para luego colocar en su remplazo la entelequia  de la revolución marxistoide, que necesariamente ha de fracasar y que aquí, como en tantos lugares, principia por crear el desorden necesario que se convierte en campo adecuado para el fortalecimiento del narcoterrorismo, siempre con disfraz político.

La seguridad democrática ya no tiene como principal adversario a los grupos armados, hoy gravemente quebrantados por la acción de las fuerzas armadas y el rechazo por parte de una ciudadanía que, gracias al esfuerzo de ellas, ha encontrado la libertad para manifestarlo. El enemigo más eficaz y peligroso lo vemos claramente instalado en los campos de batalla de la bien denominada “guerra jurídica”, en los que las fuerzas de la democracia están perdiendo la mayor parte de los encuentros, con el efecto profundamente desmoralizante de la sensación de desamparo y, en casos, de abierta hostilidad, que quienes están en el frente de la lucha sienten cuando se dan cuenta de que el Estado Institucional por el cual combaten, los ataca por la espalda, utilizando precisamente los instrumentos que, gracias a su heroico esfuerzo, aún conserva en su poder. No debemos perder de vista que el  poder judicial es uno de los tres componentes fundamentales del régimen democrático y, por lo tanto, si es utilizado como instrumento para destruirlo, la eficacia de estas acciones, que se generan dentro del Estado mismo, es inmensamente superior a lo que pueda lograrse atacándolo desde afuera.

Quienes adelantan esta tarea están colocados en los principales puestos estratégicos para lograr sus propósitos. Desde ellos provienen los aberrantes procesos adelantados contra el General Arias Cabrales, el Coronel Plazas y todas las flagrantes injusticias que pueden encontrarse la infame investigación de los hechos del Palacio de Justicia (la fiscal que las cometió ha sido “removida” del cargo, para que pueda aspirar a la Corte Suprema). También el proceso sobre el incidente de Santo Domingo, en el Meta, que sirvió de pretexto para inventar un “falso positivo” (¿genocidio?), completamente montado sobre pruebas y testimonios producidos en la “fabrica” de los mismos, que para el efecto operan los “colectivos” y demás adláteres que “combaten” en la guerra jurídica. En el infundio han sido implicados miembros de la Fuerza Aérea que no hicieron cosa distinta a cumplir con su deber. Y esto sólo a manera de ejemplo, porque el ataque es general y abierto y la connivencia de la justicia cada vez más amplia. Se ha logrado ensombrecer así la actividad militar con indudable eficacia inhibitoria para su acción.

Ya nos anuncia el tal “colectivo de abogados”, instrumento fundamental en esta campaña, la apertura de procesos contra altos funcionarios del Estado, empezando por el presidente Uribe. La improcedente denuncia es de presumir que será aceptada y con ello obtienen los conspiradores una noticia de carácter mundial, con altos efectos desestabilizadores. La amenaza es seria. Cuentan los demandantes, de antemano, con la colaboración de no pocos jueces y fiscales, con la facilidad adquirida para que se acepten toda clase de falsos testimonios y versiones de hechos que jamás sucedieron y cuantos elementos probatorios sea necesario inventar para lograr sus propósitos. Los procesos que se adelantan en torno a la compensación a las víctimas se han convertido en otro pingüe negocio de los empresarios de la guerra jurídica, por medio del cual obtienen las importantes sumas que se le extraen un Estado que no se sabe defender. La maquinaria montada por abogados y miembros del poder judicial carcome con grande eficacia las bases de la institucionalidad democrática y se financia y lucra con ello.

La tarea encaminada a fortalecer la subversión y debilitar la capacidad de reacción de las instituciones democráticas está logrando que las fuerzas armadas se encuentren enfrentadas a la gravísima perspectiva de que cualquier operación que lleven a cabo será convertida inmediatamente en un “falso positivo”, con las falsas denuncias necesarias, que requiere todo un proceso defensivo de efectos paralizantes, estimuladas en no pocas ocasiones por el aparato judicial connivente.

Se pretende, y parcialmente se está logrando, convencer a la opinión, sobre todo la internacional que no está en capacidad de juzgar, de que la acción de nuestras fuerzas armadas tiene motivos aviesamente criminales y que requieren prueba en contrario para demostrar su inocencia. Creada esa atmosfera, el trabajo destructivo de abogados y jueces se facilita grandemente. Lo estamos viendo en los últimos días: el narco-terrorismo ha incrementado notoriamente su acción violenta (¿notificación  al presidente Santos?) y cuenta de antemano con que no faltará un “colectivo” que cumpla con su encargo de judicializar de inmediato a quienes cometan la “arbitrariedad” de salir a defender a Colombia.

Hay 635 jueces investigados por otorgar liberaciones polémicas, pero aún no hay decisiones de fondo

El último escándalo por liberaciones polémicas ordenadas por los jueces de garantías llevó incluso a que el procurador Alejandro Ordóñez planteara que se decrete la Conmoción Interior, para ajustar las normas e impedir que el exceso de garantías termine jugando a favor de los delincuentes.

Mientras el Consejo Superior de la Judicatura notificaba públicamente a la jueza 11 de Garantías de Bogotá, Marleny Contreras, que será investigada por ordenar la libertad de 25 supuestos traficantes de armas, con el argumento de que las capturas se hicieron antes de las 6 a.m., Ordóñez señaló que hay "una situación casi sistemática que lacera la credibilidad del ordenamiento jurídico".

Aunque el Gobierno descartó de plano la Conmoción, sí anunció que buscará una reforma para que no haya necesidad de justificar los allanamientos entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. "Los delincuentes no paran sus actividades a las 6 de la tarde", cuestionó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.

Según la Judicatura, este año han recibido 12 mil denuncias por presuntas irregularidades en decisiones de jueces. De ese número, tan solo en 635 casos se han encontrado méritos para abrir investigaciones, pero en ninguno hay decisiones de fondo. Del total, 306 procesos son por beneficios a involucrados en delitos graves como narcotráfico y homicidios.

Que se investigue

El presidente Juan Manuel Santos pidió ayer desde Nueva York -donde se llevará a cabo la Asamblea General de la ONU- al Consejo Superior de la Judicatura que actúe "de forma clara, contundente y determinante" para aclarar qué fue lo que pasó.

Frente al caso, el fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago, reconoció que no se justificó adecuadamente en la audiencia el procedimiento y que la argumentación "fue parca y escasa". Además confirmó el relevo del fiscal que tenía el caso.

Según Mendoza, "lo cierto es que había evidencias de que los investigados podían escapar ante algún indicio sobre una captura. La ley dice que se debe suponer, no probar que puede haber fuga".

Aceptaron cargos seis de los diez miembros de la Fuerza Pública procesados

La Jueza 11 de Control de Garantías de Bogotá ordenó este miércoles, por solicitud de la Fiscalía, mantener la detención preventiva de 10 de los 34 presuntos integrantes la organización que vendía armas y munición a grupos al margen de la ley, entre ellos las Farc.

Seis de los diez detenidos aceptaron cargos en audiencia que terminó a las 2:00 de la mañana de este jueves.

El Fiscal Especializado de la Unidad Antiterrorismo, Miguel Olaya Cuervo, indicó que estas seis personas serían condenadas por los delitos de fabricación, porte y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y concierto para delinquir agravado.

En los próximos seis meses un juez de conocimiento dictaría la condena.

El mismo Fiscal también señaló que, en las interceptaciones realizadas durante la investigación, se pudo evidenciar que presuntamente el material bélico iba con destino al frente 36 de las Farc.

Por su parte, los cuatro procesados que no aceptaron, se les tendrá que radicar el escrito de acusación en los próximos 30 días y de esta manera continuar con las diligencias judiciales para iniciar su proceso de juicio oral.

La red era liderada por Luís Horacio López alias 'Gafas', quien se encargó de hacer los contactos con los miembros de la Fuerza Pública.

Sin embargo, 'Gafas', fue liberado el pasado martes junto con las otras 24 personas implicadas en el proceso puesto que los allanamientos en los que fueron capturados no cumplían con los requisitos legales.

Libre el coronel del Ejército implicado en tráfico de armas para las FARC

La juez 11 de garantías de Bogotá, dejó en libertad al coronel en retiro, Néstor Sánchez, quien era considerado el principal enlace entre los traficantes de armas para las Farc y algunos integrantes del Ejército.

En su decisión la funcionaria judicial consideró que el coronel no representa ningún peligro para sociedad.

La funcionaria judicial ordenó prisión para cinco suboficiales, dos policías y dos civiles, implicados en la red criminal.

En las próximas horas se expedirán las órdenes de captura contra las 25 personas que en una controvertida decisión de la misma juez, quedaron en libertad la semana pasada.

¿La justicia al servicio del terrorismo?

Por el Coronel Gustavo Laino Moreno

Las Fuerzas Armadas de Colombia, amanecieron el lunes aterrorizadas al conocer que varios de sus integrantes entre ellos un Coronel del Ejército en servicio activo, hacían parte de una presunta  red internacional de traficantes de armas y municiones, cuyo destino eran grupos terroristas que negociaban un promedio de un millón de dólares mensuales. La acción contundente del Ejército Nacional con apoyo del CTI, logró la captura del grupo de supuestos traficantes, empleando la sorpresa de la noche para adelantar los allanamientos y evitar su fuga, en una operación que se desarrolló en varias ciudades del país simultáneamente, y raudamente ante semejante éxito los puso a ordenes de la justicia civil.

Al Ejército Nacional le dolió que un oficial superior estuviera dentro de los aparentes traficantes, y ante la operación en curso, debió aceptar que en su política de no tolerancia al delito, su oficial capturado respondiera las sindicaciones ante juez competente. Hoy el juez de garantías deja en libertad a la mayoría de los indiciados con argumentos que solo causan zozobra y que anuncian investigaciones en su contra por contrarias a la ley.

No hay que ser abogado para entender la peligrosidad de los hechos y que la prudencia indicaba que el sitio adecuado para consignar los encartados era la cárcel, dándole la oportunidad a la Fiscalía de aportar sus argumentos  para establecer con recursos legales la responsabilidad de los capturados. El artículo 225 del Código de Procedimiento Penal, Reglas particulares para el diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento, en su numeral 1, es claro en ordenar el horario para realizar el procedimiento entre las 06:00 a.m. y las 06:00 p.m. salvo que por circunstancias particulares del caso, resulte razonable suponer que la única manera de evitar la fuga del indiciado o imputado, o la destrucción de los elementos materiales probatorios y evidencia física sea actuar durante la noche.

El juez de garantías no acepta aclaración tan evidente y decide dejar en libertad a una veintena de capturados ante la grave presunción de ser traficantes internacionales de armas y municiones, con destino a grupos terroristas, sin medir el daño que su acción delictiva ha causado a la sociedad colombiana.

Qué debemos pensar las personas de bien ante semejante actuación de un juez de la República? Qué garantías tienen los investigadores de la Fiscalía o instituciones como el Ejército Nacional para desgastarse en operaciones como ésta que llevaba en su detección más de un año de esfuerzos de inteligencia y contrainteligencia?

Parece que hubiera dentro  de los administradores de justicia enemigos  de la ciudadanía que aferrándose a argumentos disímiles o con argucias benefactoras de la delincuencia, actuaran solo para defender a los enemigos del país, pero ante cualquier oportunidad se ensañaran con quienes portamos el uniforme militar.

Hay que reformar la administración de justicia y rápido.

Dejan en libertad a 26 de los involucrados en tráfico de armas para las Farc

En libertad quedarán 26 de los integrantes de una presunta red de tráfico de armas en favor de las Farc capturados este lunes luego que un Juez con Funciones de Control de Garantías de Bogotá. El operador jurídico consideró que su ingreso a prisión en horas de la mañana de este lunes no estaba suficientemente justificada, y de ahí la determinación.

La Fiscalía, por su parte, apeló la determinación, al precisar que no había irregularidad alguna en el ingreso de los indiciados a centros de detención; será un Juez Penal con Funciones de Conocimiento de Bogotá el que evalúe la procedencia de la petición, que busca la revocatoria de la puesta en libertad de los sospechosos. Los restantes 8 detenidos, entre los que se cuentan algunos agentes de la fuerza pública, serán enviados a prisión luego de que este martes en la noche se legalizara su captura.

Los 34 detenidos fueron apresados por las autoridades, tras operativos adelantados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI (Seccional Cundinamarca), en acción conjunta con integrantes del Ejército Nacional. Luego del operativo, las autoridades confirmaron el desmantelamiento de la red, que se dedicaba a vender armas y material de guerra a insurgentes de las Farc. La directora del CTI, Marilú Méndez, indicó que el grupo consultaba a una ‘bruja’ para determinar si daban curso o no a cada uno de sus planes criminales que, según cifras iniciales, les significaban ingresos de hasta 100 millones de pesos por operación.

El poder ejecutivo paralizado de miedo ante el judicial

Por Yorick

Dice la noticia, que a RCN llegó copia del Acta de una sesión de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la elección de Fiscal General de la Nación. Consta en ese documento –afirma el periodista-, que algunos magistrados calificaron de engañosas y cínicas las actitudes de un grupo de sus colegas, al declarar, por mediación de su vocero, el presidente (e) de la Corte, que  el Fiscal sería escogido de la terna enviada por el entonces presidente Álvaro Uribe. En un país serio, estos actos indignos habrían sido denunciados, de inmediato, por los mismos colegas de los magistrados  engañosos y cínicos. De haberse producido tal denuncia en Colombia en vez de la filtración, los miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes habrían superado el miedo cerval que le tienen a los magistrados, y los habrían indagado.

Ayer, una distinguida amiga me hizo el siguiente comentario: “Si la suprema autoridad de la justicia, en loable actitud autocritica, concluyó que no actúa correctamente, que da mal ejemplo, de qué vale escandalizase por las cosas malas que hacen los jueces de inferior categoría?”

Los colombianos, en vez de entender el concepto de Justicia en el sentido positivo, universal y abstracto que le enseñamos a nuestros hijos, corren el riesgo de interpretarlo en el sentido negativo que los magistrados cuestionados por sus mismos colegas les están inculcando.

Los poderes públicos de mi país, en el mundo real, los veo así: el judicial prepotente. El ejecutivo y el legislativo, minusválidos, paralizados por el miedo. Nadie pensaría (salvo un orate) que,  dentro de las aberrantes circunstancias actuales, puedan concertarse reformas verdaderas. O por lo menos, equilibradas. Cuando un poder público no es capaz de auto-corregirse, es porque tampoco es capaz de concertar. Concertar supone generosidad, grandeza, equilibrio, ponderación y sensatez. Ausencia total de lo que abunda en una de las partes: vocación de poder. Sí. De esa misma vocación de poder que inspiró a Stalin y a Hitler en el siglo XX y a Fidel Castro y Hugo Chávez en el presente siglo, después de haber leído mal a Nietzsche.

Pero concertar equivale a no gobernar. Oír sugerencias, pedir información, etc., a los otros poderes es, incluso, conveniente. Pero ceder porcentajes de poder ejecutivo a otros poderes es dar un salto al vacío. Veamos un ejemplo de estas  cesiones inauditas de poder: el ministro del Interior y de Justicia les dijo a los magistrados de la Corte Suprema: “Díganos que quieren que hagamos para que elijan Fiscal y lo haremos. Elíjanlo de la terna que tienen, o pídanos que la cambiemos y la cambiaremos”.  Es como si las altas cortes, le dijeran al poder ejecutivo: díganos como quieren esta sentencia y así las dictaremos. O al poder legislativo. ¡Absurdo! Además, el documento contentivo de la terna es un acto administrativo. Y como tal está amparado por la presunción de legalidad. O sea  que para cambiar la terna, que la misma Corte reconoce como viable, habría que impugnar dicho acto ante la jurisdicción contencioso administrativa, donde, con certeza, no prosperaría acción alguna. La otra opción es que los ternados renuncien y no lo van a hacer. Luego el ministro no puede hablar por ellos, salvo que hubiera “concertado” sus renuncias. Como dijo alguien, groseramente, en la pasada campaña presidencial: cada lora en su estaca. Y yo agrego: que los jueces hablen en autos y sentencias como la ley se lo exige y que dejen gobernar al presidente y legislar al congreso.

Parece que algunos ministros confunden la colaboración armónica entre los poderes, con la concertación. Nada más equivocado. La colaboración armónica entre los poderes públicos excluye la concertación. Hay que leer bien a Montesquieu.

En nuestro medio, el poder dominante impone sus caprichos a los poderes más débiles. En desarrollo de esta tendencia, los jueces han invadido competencias propias del Congreso y del Ejecutivo. Porque a estos dos poderes no los consideran sus pares, sino sus rivales. Les interesa debilitarlos. Luego la colaboración armónica no hace parte de su agenda. En términos de poder, cada vez que se invade una jurisdicción o competencia, el poder invadido se debilita en la misma medida en que el poder invasor se fortalece. Pero ofrecerle a los magistrados  competencias del congreso y del poder ejecutivo, no equivale a dejarse invadir sino entregarse. Ampliarles sus períodos de 8 a 12 años y la edad de retiro de 65 a 70 es un premio que no parecen merecer los magistrados. Los cuestionamientos que entre ellos se hacen lo comprueban. La interinidad del fiscal, del presidente de la corporación y de otros dignatarios de la misma Corte, también.

Informan los medios que cuatro magistrados no podrán asistir a las reuniones de Sala Plena donde se elige al fiscal. ¿La razón? Estarán recibiendo unos cursos de capacitación. De ser cierta esta versión, el quórum se reduciría a 18 magistrados de los cuales 16 tendrían que votar por uno de los ternados para que pueda ser electo, lo cual es imposible. Luego sobran explicaciones. Un grupo de magistrados continuará dilatando la elección de fiscal. Y engañando cínicamente a Colombia, como lo expresaron sus mismos colegas.

Pero los periodistas callan estos hechos no obstante su gravedad evidente. ¿Será  porque una de sus colegas, Salud Hernández, fue denunciada penalmente por cuestionar en su columna de El Tiempo a los magistrados en escrito que ellos  consideraron injurioso y calumnioso? ¿Denunciarán también a sus colegas porque los cargos que les imputaron en Sala Plena (similares a los que les hizo Salud Hernández), se hicieron públicos a través de los medios? ¿Será que para muchos periodistas, el contenido de las filtraciones amerita ser divulgado solo cuando afecta a sus enemigos?

Rafael Nieto Loaiza escribió recientemente: “Con esta Corte no se puede hacer reforma a la justicia.” ¿Lo denunciarán como a  Salud Hernández? ¿Denunciarán a María Isabel Rueda por exponer libremente sus opiniones sobre los magistrados? De todas maneras, la prensa está callada. Y ese logro es un nuevo triunfo de la Corte, y una derrota para la prensa libre.

Si hay que cambiar funcionarios (que, entiendo, es lo que quiere decir Nieto) pues que jurídicamente se cambien. Pero, cerrar instituciones porque algunos empleados se comportaron mal equivale a “vender el sofá” y agravar las cosas. Crear ministerios innecesarios para darle más cuotas burocráticas a funcionarios de las distintas ramas del poder público, es, a más de antieconómico, inmoral, por decir lo menos. Mientras  continúen en sus cargos los ineptos y politizados funcionarios, ninguna reforma tendrá efectos buenos para el país. 

Los altos jueces saben que sus providencias son más poderosas y destructivas que los fusiles y las bombas de los terroristas, y que las armas nucleares de las grandes potencias. Saben que con esas armas podrán, si lo desean, des-institucionalizar el país.

¿Quién infiltró la Corte y le entregó a RCN la mencionada información? Porque no fueron ni la “Mata Hari”, ni la señora de los tintos. La Corte, a su vez, no puede infiltrarse a sí misma. Puede si, ser infiltrada por otro gobierno o por un partido político. Pero eso es otra cosa.

¿Quién infiltró el DAS y le entregó a la revista Semana (o a Cambio) la información que dio origen a otros escándalos?

Ahora bien, ¿si  los magistrados –hago esta hipótesis- le hubieran entregado, motu proprio a RCN la mencionada información, habría que, “cerrar” la Corte “para evitar que tales actos se repitan”, como ocurrió con el DAS que están ad portas de acabarlo? Saben los magistrados que no es a las instituciones a las que se sanciona sino a los individuos que las representan y manejan.

¿Para qué suprimir el DAS cuando la solución está en sustituir a los  malos por buenos funcionarios? Cerrar el órgano de inteligencia de nuestro Estado equivale a facilitarle al Estado enemigo, y a su quinta-columna nacional, que nos ganen la guerra y nos conviertan en colonia de un imperio expansionista. Las guerras se ganan con inteligencia, alta moral de los ejércitos y tecnología de punta. En cuanto a ésta última, la Corte Constitucional se encargó de impedir que nos llegaran de EEUU equipos costosísimos y sofisticados que nos permitirían continuar derrotando el narcoterrorismo. ¿Cuántas muertes de soldados y de policías colombianos se habrían evitado con el uso oportuno de esa tecnología de última generación?  Ahora más soldados y policías morirán. Y no tendrán más dolientes que sus familiares y sus amigos muy cercanos. El ministro de Defensa está pidiendo más plata para atender las necesidades inaplazables de la guerra. Probablemente, sin la malhadada sentencia de marras,  esa apropiación presupuestal no sería necesaria.

Pero no solamente vidas de compatriotas se han perdido y se perderán, sino dinero. Dinero que saldrá de los bolsillos de los colombianos. Parece increíble que tengamos que comprarle a los EEUU, con cargo a nuestro presupuesto los equipos que esa Nación ya había ordenado entregarnos, a título de obligación suya, derivada de la corresponsabilidad que tiene como país consumidor de drogas ilícitas. Se malogró la exitosa gestión realizada por el presidente Uribe. Sus enemigos eximieron de ese gasto rico Tio Sam y no lo cargaron a nosotros. Solo  para complacer a Chávez y a Correa. ¡Qué vergüenza! Pasamos de la Patria Boba a la Patria Estúpida.

Sumémosle a todo lo anterior la explicable desmoralización de nuestros militares y policías. Ellos, hoy más que nunca, temen ser judicializados y condenados como lo están sus jefes por derrotar a los terroristas en combate. Por defender la patria. Saben asimismo que muchos jueces liberan, casi de inmediato a los criminales capturados por la fuerza pública. Aún a los capturados en flagrancia. ¿Cómo no desmoralizarse si el ministerio  de Defensa le pidió recientemente a la Fiscalía un listado de “los homicidios (...) cometidos en combate por nuestros militares"? Figura que jurídicamente no existe.

El verdadero gobernante orienta, dirige, rectora, los destinos de su nación, dentro de un marco de competencias irrenunciables. Si no lo hace, fuerzas oscuras (que siempre están al acecho), terminan arrebatándole el poder. Y, por supuesto, mantendrán la apariencia de que nada ocurrió. De que la democracia se mantiene incólume.

Y mientras esto sucede, los terroristas se preparan en las zonas fronterizas de Venezuela y Ecuador para asesinar soldados, policías y campesinos colombianos. Pero la orden que nos dan el presidente del Congreso y el ministro del Interior es que guardemos silencio, que callemos. ¿Para que el coronel Chávez y Correa no se pongan bravos? Esta es otra idiotez inconcebible, pues en tiempos de guerra el que calla pierde. Alzar la voz y la frente es lo sensato. Y defenderse lo apremiante. Callar equivale a encubrir al enemigo. A reconocer su superioridad. Colombia no es una prostituta señor Chávez. No está en venta ni le teme. Usted conoce el valor de nuestros héroes. Álvaro Uribe encarna el heroísmo colombiano del siglo XXI. Y la Pola, el heroísmo del siglo XIX.

La Asamblea Constituyente es la solución. No hay otra. Tenemos que seleccionar con lupa a los futuros constituyentes para que no se cuelen terroristas. Y para que el articulado de la nueva constitución no se negocie con las mafias. Octubre de 2011 sería una buena fecha. Se harían dos elecciones en el mismo día.

Paradójicamente, el profesor Moncayo, quien recorrió el territorio nacional a pie ultrajando a Uribe (paso a paso), sin que su integridad personal y la de su familia corrieran riesgo alguno, hoy, a escasos 30 días y una semana de iniciarse el nuevo gobierno, está pidiendo  asilo político para él y su familia en otro país. Es decir, quieren los Moncayo que un gobierno extranjero les de la seguridad que hasta el pasado 7 de agosto y durante ocho años, disfrutaron, gracias a su “odiado” presidente Uribe. 

En un país como Colombia, la ausencia de un líder con autoridad puede conducirnos a la anarquía, a la polarización violenta, al caos. A los destructores, internos y externos, de Colombia, de izquierda radical y de derecha, Álvaro Uribe los mantuvo a raya porque le temían. Y le temían porque supo dirigir la guerra con inteligencia y con carácter. Si le mataban un soldado o policía, salía como un mariscal de campo con sus generales, a cobrar esas vidas. Con lágrimas de rabia y de dolor. Esas que solo saben derramar los héroes. Por eso, desde que su líder se fue, comenzaron a extrañarlo sus tropas y su pueblo. Y por eso también, a Uribe le temen, (en términos electorales) todos los aspirantes a la presidencia de Colombia. Ellos saben que en el debate de las ideas y en las urnas no pueden derrotarlo. Entonces conspiran contra él. Piensan ilusamente que con una falsa medida judicial en su contra, lograrían neutralizarlo. Olvidan que en este macabro plan urdido desde Caracas y la Habana, la siguiente víctima de los jueces sería el presidente en ejercicio.

A los colombianos nos consta que el ex-presidente Uribe protegió, con celo infinito, la vida honra y bienes de sus enemigos. Y que nada malo les ocurrió durante su gobierno. Por eso, no resulta disparatado presumir que en menos de un año muchos anti-uribistas podrían estar encabezando manifestaciones públicas pidiéndole en pancartas  al ex-presidente Uribe que regrese. Que salve nuevamente la Nación. Y esto ocurrirá, no lo dudo, si el actual gobierno no da un viraje de por lo menos 120 grados en lo que equivocadamente viene haciendo.

La complaciente actitud del actual gobierno con todos los grupos políticos, en especial con los más enemigos de Colombia y de Uribe, no es buena. Puede llevarlo a ganarse el repudio de unos y otros.

El estilo del actual presidente –y me duele decirlo-, es el de un gobernante débil a quien –precisamente por eso-, los criminales no le temen. Y como no le temen,  han arreciado su ofensiva de terror contra los colombianos. Se motivaron al verlo recibir el fatídico abrazo de Chávez. Y a Correa recibiendo los PC de alias Raúl Reyes en el Palacio de Nariño. Desde entonces, Colombia comenzó a vestirse de luto,.

JMS desperdició el mejor momento de su vida política. Ha debido –como lo dije en su oportunidad-, establecer  una alianza política y estratégica con Uribe quien sí sabe de la guerra. Los terroristas no se habrían atrevido a cometer los atentados perpetrados desde el pasado 8 de agosto. Santander y Bolívar no se querían, pero se complementaban y sabían que el país los necesitaba unidos. Cuando se rompió esa unión, precisamente en otro septiembre negro como éste, el de 1828, entramos en una cadena sin fin de guerras recurrentes. Guerras que Uribe logró  parar. Pero, como los bobos, los engreídos y los ignorantes no aprenden de la historia, la repiten. Tampoco aprenden de la experiencia ajena olvidando que la vida es muy corta y  no alcanza para cometer todos los errores.

Solución, no la veo por ahora. Porque mientras los terroristas se toman el país apoyados por Estados extranjeros, el gobierno parece más interesado en que los jueces y la izquierda radical metan a la cárcel a los ministros y asesores del gobierno anterior, y al ex-presidente Uribe. Al  único  líder que comprendió la guerra y nos brindó la paz los malos colombianos quieren destruirlo. Su sacrificio de ocho años exitosos conquistando, como un héroe legendario, la seguridad (partera de la libertad y de la democracia) se malogró en tan solo treinta días. Ese breve tiempo signado por el temor de lo que puedan decidir los jueces sobre la libertad y el honor de los altos funcionarios del gobierno y del congreso, bastaron para que los colombianos comenzaran a pensar que tanto el poder ejecutivo como el legislativo no actúan con libertad, sino con miedo.

Cómo me gustaría ver al presidente Santos deponiendo a los demonios infiltrados y asumiendo el poder. Porque Colombia se debate hoy entre el infierno y el limbo. Y si el gobierno fracasa, sólo queda Uribe. Ese es el balance. El real.

No se puede seguir engañando cínicamente a los colombianos. Uribe derrotó a los terroristas de izquierda y de derecha, Y eso no se lo perdonan. Hoy los terroristas de todas las tendencias fungen como vengadores contra el presidente para destruirlo y contra sus ministros, asesores y políticos que lo acompañaron en su administración. Y un vengador no puede ser testigo idóneo en juicio. Lo peor que podría ocurrirle a la justicia es ser administrada por jueces vengadores, porque eso los pondría al nivel de los vengativos y falsos declarantes.

No más órdenes de  Miraflores y la Habana sobre el destino de nuestra Nación. La sede del gobierno colombiano debe volver al Palacio de Nariño. Si eso no sucede, preparémonos entonces para lo peor. Un mes es suficiente (excepto para los tontos), para darse cuenta de si un presidente es capaz o no de liderar un país en guerra. O nos gobernamos o nos gobierna un Estado extranjero. Lo demás es retórica. Los colombianos tenemos la palabra y Colombia  nos exige que la usemos.